MOP evalúa cambios en la administración del recurso hídrico
Por Carla Vásquez, La Tercera.
Según estudio del Banco Mundial, más de 40 entidades tienen competencias en materia de recursos hídricos.
Entrega de derechos de agua, construcción de obras hidráulicas, fiscalización de sanitarias y obras de riego son sólo algunas de las 103 funciones que ejerce la administración pública en materia de recursos hídricos. Pero no es sólo una entidad la que está a cargo de este trabajo, sino que, según el Banco Mundial, son cerca de 42 organismos los que participan en Chile en las decisiones en materia de aguas.
Entre otros, quienes tienen injerencia son los ministerios de Obras Públicas, Energía, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Salud, Economía y Medio Ambiente, además del Ministerio Público y organizaciones de usuarios, como las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas.
Esta situación ya había sido alertada por un estudio de la Ocde, que señalaba que en el país existe una alta fragmentación y coexistencia de varias entidades con participación en temas de agua y, además, detectó una falta de coordinación a nivel de políticas públicas. De hecho, a nivel latinoamericano, Chile es el segundo país, después de Perú, con mayor fragmentación en materia de los organismos competentes relacionados con el recurso.
Ante esta realidad, el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Loreto Silva, va a impulsar un cambio en la institucionalidad de los recursos hídricos, para lo cual está esperando los resultados definitivos de un estudio solicitado al Banco Mundial y que estarán disponibles el 30 de junio. Se evalúa, por ejemplo, crear una superintendencia o una subsecretaría del agua, o entregar mayores facultades a la Dirección General de Aguas, que es el principal ente administrador y gestionador de los recursos.
“Para tener una mejor administración del agua en nuestro país, es preciso que no estén tan dispersas todas las facultades, porque cuando hay dispersión, no hay coherencia ni integración en las políticas públicas”, dijo la secretaria de Estado.
Por lo mismo, de las 103 acciones que se desarrollan en materia de agua dentro de la administración, la idea del MOP es agruparlas en 11 macrofunciones, “que podrían ser ejercidas por los organismos competentes que estuvieran a cargo, que podrían agruparse según su rol”. Por ejemplo, una entidad tendría que encargarse de las obras; otra, de la administración; otra, de la planificación y la gestión de los recursos hídricos, etc.
Felipe Martin, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), explicó que en esta institución participa un consejo de ministros integrado por los titulares de Agricultura -quien lo preside-, Economía, Hacienda, Obras Públicas y Desarrollo Social.
Al ser consultado sobre la fragmentación de funciones, señaló que “aunar a las instituciones permitiría hacer los procesos más rápidos y eficientes”.
El rol de la DGA
En la misma línea, el informe del Banco Mundial reparó en las limitadas facultades con que cuenta la DGA. Sólo a modo de ejemplo, en el caso de que esta entidad detecte una extracción ilegal de agua, debe derivarla al Ministerio Público para que dicho ente investigue, pues la DGA sólo tiene la facultad de informar al juez.
Por lo mismo, “tenemos que facultar a la Dirección General de Aguas, o al organismo que ejerza sus funciones, de mayores facultades”, señaló la ministra Silva. Además, explicó que para conseguir este cambio, ya ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que tiene como finalidad aumentar las facultades de la DGA.
