La controvertida “ciudad de los allegados”
La emblemática “toma de Peñalolén”, que se apresta a ser erradicada en un 100%, ha tenido una historia de 14 años de polémicas y conflictos.
Por Vanessa Díaz B. Centro de Documentación, El Mercurio
Hace un par de semanas, el Ministerio de Vivienda anunció la construcción de los conjuntos habitacionales Los Espinos y Los Avellanos, para instalar a las últimas familias que aún viven en la emblemática “toma de Peñalolén”.
Pocos imaginaron que se convertiría en uno de los campamentos más grandes de la historia de Chile. La ocupación de los terrenos del empresario Miguel Nasur -que se inició la madrugada del 5 de julio de 1999 con el ingreso de 140 familias autorizadas por el propietario- fue protagonizada principalmente por grupos de allegados y familias cuyos jefes de hogar estaban cesantes, por el desempleo en rubros como la construcción.
Rápido se llegó a 600 familias, y al mes la cifra ya se había duplicado. Frente a la importancia que iba adquiriendo la ocupación ilegal, el entonces alcalde, Carlos Alarcón, se apuraba en decir que no apoyaría la expropiación de terrenos privados: “No tenemos atribuciones para expropiar con el propósito de construir viviendas sociales, sino solo para abrir calles o pasajes”.
Pronto comenzaron las acusaciones de parlamentarios contra Nasur: lo sindicaban como uno de los principales responsables de que la toma se mantuviera al dar su autorización e incluso cobrar entre $30 mil y $40 mil por la permanencia en el lugar.
El ex dirigente deportivo desmentía las acusaciones y se mostraba dispuesto a vender a precio de mercado las 24 hectáreas ocupadas, lo que implicaba que algún organismo público debería desembolsar más de $10.000 millones de la época. El Gobierno lo rechazó y reiteró que se trataba de un tema entre privados.
Las familias, conscientes de lo difícil que les sería conseguir una rápida solución a sus demandas por una vivienda, se organizaron en comités, como “La voz de los sin casa”, “Luz y esperanza” y “Los niños de Miguel Nasur”.
Alexis Parada, líder del primer grupo, decía que un eventual desalojo significaría “muertos, niños heridos o sangre”, dejando en evidencia que no se moverían del lugar, ya que estaban convencidos de que mediante los ahorros de todas las familias, junto a la inversión de alguna entidad privada y la ayuda del Estado, era factible la compra del terreno a unas 0,5 UF/m {+2} .
Con el pasar de los meses, las improvisadas carpas de cartón y nailon fueron reemplazadas por mediaguas con luz eléctrica y TV cable (los pobladores estaban “colgados” a ambos servicios). La organización era tal, que incluso instalaron una capilla, un jardín infantil, negocios, baños químicos, y se bautizaron las calles del lugar.
Pero las pugnas entre los diferentes comités no tardaron en aparecer: desde diferencias por la correspondencia de expansión del terreno, hasta reclamos por mayor asistencia para unos que otros. También se sumaban los reclamos de los denominados “vecinos de la toma”, de la villa La Capilla, que fueron a la justicia por la pérdida de valor de sus casas.
Después de años de dificultades -como el rechazo de los habitantes de la Comunidad Ecológica a convivir con personas provenientes del campamento que serían trasladadas a dos parcelas del sector-, finalmente entre 2005 y 2006 la mayoría de las familias fueron trasladadas a viviendas de comunas como Puente Alto y La Florida. Otras fueron reubicadas en Peñalolén.
Hoy, la mayor parte del terreno es un “skatepark”, mientras que las 176 familias que aún quedan cumplirán por fin el sueño de la casa propia en marzo de 2014.
