El gran dolor de cabeza del MOP
Por Vanessa Díaz B. Centro de Documentación, El Mercurio.
Por ocho años el propietario de la vivienda de avenida Ossa se negó a entregar su inmueble por el valor de la tasación, obstaculizando el ensanche total de la calle.
Una de las exigencias de los vecinos de La Reina y Peñalolén al Ministerio de Obras Públicas es que la construcción del polémico tramo Príncipe de Gales-avenida Grecia se realice sin expropiación de viviendas.
Hace casi 30 años, la ampliación de la circunvalación Américo Vespucio entre Bilbao y Nuncio Laghi implicó expropiar a 70 propietarios por $300 millones de la época; al respecto, el entonces jefe de la Subdirección de Vialidad Urbana Nacional, Claudio Garín, indicaba que “se pagó al contado a cada dueño el valor comercial de su propiedad, dándole un plazo prudencial de desalojo”. Añadía que todos habían quedado conformes y que por la propiedad más cara se pagaron $19 millones, y $190 mil por el sitio más barato.
Esta medida se encontraba dentro de los trabajos para mejorar el tránsito en el anillo de circunvalación Américo Vespucio, que incluían también la construcción del puente Mapocho en Pudahuel; mejoramiento del sector Pudahuel-Panamericana Norte y la doble calzada en el tramo El Salto-Recoleta. El costo total de la inversión fue de $953 millones.
Pero, como ha sido la constante en esta arteria, no resultó ser un proceso fácil para el MOP. En 1983, a raíz de las expropiaciones que se realizaron para ensanchar la avenida Ossa, el doctor Jorge del Valle Donoso, quien residía a la altura del cruce con Sánchez Fontecilla, rechazó la tasación que efectuó una “comisión de hombres buenos” y que ascendió a, aproximadamente, $10 millones. Del Valle recurrió a los tribunales reclamando la ilegalidad de la expropiación e inició uno de los juicios más largos que se conozcan sobre esta materia.
En 1985 el Consejo de Defensa del Estado, en representación del MOP, intentó llegar a un acuerdo ofreciendo $20 millones al médico, pero este se negó. Dijo que para poder comprar otra casa similar necesitaba unos $ 50 millones.
Uno de los ocho hijos del propietario se apuraba en señalar que en el lugar vivían tres familias constituidas por alrededor de veinte personas y que “el dinero ofrecido por la casa no nos alcanzaría ni para comprar otra de tres dormitorios”.
La “Casa-isla” tenía alrededor de 800 metros cuadrados en total y para febrero de 1988, a dos meses de la inauguración del tramo Bilbao-Plaza Egaña, aún no se llegaba a acuerdo.
En 1990, desde la fiscalía del MOP indicaban que “ha constituido el litigio de mayor porfía en los últimos treinta años, fecha en que se realizó el proyecto del anillo vial”. La respuesta no tardó y en una inserción publicada en “El Mercurio”, el doctor señalaba: “He sido tenaz para defender el valor de mi casa (…). No he resistido ni a la autoridad ni al progreso, sino que no he encontrado quién atienda mi justa petición de ser indemnizado”.
En noviembre de 1991, tras ocho años, ambas partes acuerdan el pago de una indemnización por $70 millones que sería cancelada en dos fases. Así, en abril del año siguiente se produjo la tan ansiada demolición que permitió el ensanche completo de la avenida Ossa.