Viviendas vacías y arrendadas: el 13% de los 707 procesos llega a resultados favorables

Por Manuel Valencia, El Mercurio.

Buscan endurecer penas por uso ilícito de subsidios

Informe oficial dice que en 92 casos se logró recuperar casas y reasignarlas a otras familias. Catastro revela que hay 2.139 inmuebles deshabitados u ocupados por arrendatarios.

Casas sin moradores, convertidas en estacionamientos, en almacenes de barrio o arrendadas a otras familias son algunos de los casos que recoge un informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que abordó la situación de las viviendas entregadas entre 2007 y 2010.

De las 22.516 cofinanciadas con el subsidio Fondo Solidario de Vivienda, se detectó que 2.139 propiedades (9,5%) tenían un uso irregular (ver infografía). Estas viviendas se concentran mayoritariamente en las regiones Metropolitana (629), del Biobío (257) y Los Lagos (208).

A partir de estos antecedentes, el Minvu reforzó planes de fiscalización en todo el país. A la fecha, se han llevado a cabo procesos judiciales y administrativos de 707 viviendas. De ellos, hasta ahora, se han logrado resultados favorables solo en el 13% (92 casos). Ahí se consiguió restituir el monto del subsidio y, en algunos casos, se logró recuperar el inmueble y traspasarlo a otra familia con necesidades habitacionales.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, indica que con el nuevo proyecto de ley que endurece las penas y obliga a devolver la propiedad a quienes hagan mal uso de ellas podrá aumentar la cantidad casos favorables.

“El mal uso de las viviendas sociales genera un doble daño económico y moral, porque significa un importante perjuicio fiscal y afecta a las familias vulnerables que realmente las necesitan”, sostuvo.

Pérez agregó que “el proyecto de ley permitirá rematar en forma expedita las viviendas con uso irregular para asignarlas a las personas que la necesitan. Queremos sanciones ejemplificadoras que desincentiven ese inaceptable abuso. En paralelo, hemos mejorado el proceso de selección en las postulaciones y en la fiscalización una vez que se han entregado las viviendas”, afirma.

La iniciativa permitirá dictar, incluso, penas de hasta cinco años de presidio a quienes no utilicen, arrienden y dediquen a fines no habitacionales las viviendas construidas con subsidios. También la modificación posibilitará al Minvu a embargar la vivienda y adjudicarla a otra familia.

Este proyecto se suma a la firma de una hipoteca que se aplica desde el año 2010 y que obliga a los beneficiarios a ocupar la vivienda.

¿Y qué pasa con las familias que recibieron y quieran cambiarse de casa? El decreto establece que luego de cinco años pueden cambiarse o vender la vivienda. El proyecto hoy es discutido en la comisión mixta de Vivienda y en la cartera apuntan a tenerla aprobada antes de fin de año.

SANCIONES

La iniciativa en trámite en el Congreso plantea hasta cinco años de cárcel para quienes no usen bien las viviendas con subsidio.