Valparaíso: 26 edificios amenazan barrio e histórico parque a pesar del congelamiento de permisos de edificación
El 27 de agosto pasado la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso recepcionó un anteproyecto de la inmobiliaria El Puerto que consiste en un complejo de 26 edificios de entre cuatro y 11 pisos, además de la instalación de 986 estacionamientos, un centro comercial y un supermercado. Todo esto, distribuido en las más de seis hectáreas ubicadas en el barrio O’Higgins, donde actualmente están el parque que perteneció a la empresa Chilena de Tabacos y el Jardín Suizo.
Este hecho llevó a que la semana pasada tres concejales y varias juntas de vecinos presentaran un reclamo formal al municipio. Sus principales acusaciones son que el anteproyecto carece de información importante y que habría sido recibido después de que se firmara el congelamiento de permisos de edificación.
Las razones de la molestia de los vecinos son varias. En primer lugar, quieren defender el parque ícono de su barrio, donde hay un bosque, un estadio y el Jardín Suizo construido en 1891 por Benjamín Pümpin y mantenido hasta el día de hoy por la cuarta generación de sus descendientes. En él hay especies nativas y exóticas, además de una casona declarada como Inmueble de Conservación Histórica.
Una de las personas que presentó el reclamo al municipio fue la presidenta de la junta vecinal 101, Rita Gamboa, quien dijo a El Martutino: “Yo tengo una molestia como dirigenta, que lleguen ahora a construirnos edificios y un mall, nosotros no los queremos. Ya tenemos problemas con el medio ambiente, con el alcantarillado, el desarrollo urbano, entre otros”. A su vez, la presidenta de las juntas de vecinos Las Encinas, Dolinda Torres, señaló al diario que “la población ha aumentado mucho, por eso necesitamos que estos pulmones verdes no se pierdan y que estén dentro de nuestra comunidad. Estas inmobiliarias vienen a desgastar nuestra vida”.
La acusación
Una de las razones por la que los vecinos tildan de “ilegal” la recepción del anteproyecto es que éste no contenía toda la información básica que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones exige en estos casos, como por ejemplo, las plantas de elevación y construcción, o un plano de la construcción hacia abajo para ver cuál es el impacto hacia las napas subterráneas históricas que podrían ser intervenidas.
Además de que el anteproyecto habría sido recibido por la Dirección de Obras el 27 de agosto, es decir, un día después de que el municipio decretara el cierre de permisos de edificación para la Zona del Plano Regulador de Valparaíso Z E2, donde está incluido el barrio O’Higgins. El problema es que la Municipalidad se demoró en enviar el decreto al Diario Oficial, publicándose recién el 3 de septiembre. Este periodo habría sido aprovechado por la inmobiliaria para enviar el anteproyecto.
Quienes también apoyan la demanda de los vecinos son los concejales Iván Vuskovic, Paula Quintana y Ruth Cáceres, y el Colegio de Arquitectos de Valparaíso. El Secretario General de este organismo, Daniel Morales, explicó a El Martutino que “nuestra estrategia inicial como Colegio de Arquitectos, era generar la postergación en silencio, sin levantar olas ni alertar a nadie, y utilizar este año para confeccionar en conjunto a los vecinos una memoria del lugar, la cual nos permitiera demostrar que este terreno en cuestión, reúne todas las condiciones tanto urbanas, paisajísticas y ambientales para transformarse en un gran Parque Urbano para Valparaíso”.
Dentro de las soluciones que se barajan ahora está apelar a distintas normativas que permitan restringir algunas áreas de ocupación de los edificios. Morales dice que “el estadio, por ejemplo, se puede proteger velando por que la Dirección de Obras Municipales exija la franja que prohíbe la construcción en fondos de quebradas“.
Ahora los vecinos piden que el municipio anule el ingreso del anteproyecto y que solicite al Ministerio de Vivienda y Urbanismo gravar el parque como bien de “utilidad pública” y gestionar con los dueños su compra. De no ser así en un plazo de 15 días, aseguran que llevarán su acusación a la Corte de Apelaciones y que comenzarán a manifestarse públicamente.
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