El debut y despedida de los fotorradares
Por Vanessa Díaz B. Centro de Documentación, El Mercurio.
Durante el tiempo que se implementó el sistema, fue cuestionado por convertirse en un mecanismo más orientado a aumentar las arcas municipales que a prevenir accidentes de tránsito.
En la historia de las medidas adoptadas para disminuir los accidentes de tránsito, han existido algunas exitosas -como el alcotest o los “lomos de toro”-, y otras que han generado un nivel de resistencia tal que las hizo fracasar, como sucedió con los fotorradares, a fines de los 90.
Por eso, no sorprenden las críticas contra el anunciado proyecto de ley que crearía el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), encargado de “detectar las infracciones, asociarlas al vehículo, enviar el parte con la foto probatoria a domicilio y cobrar la multa”, según ha informado “El Mercurio”, lo que significaría el retorno de los controvertidos fotopartes.
Todo comienza en 1997, cuando tímidamente empiezan a operar los primeros dispositivos en Peñalolén y Calera de Tango. Estos aparatos tenían como finalidad bajar la alta tasa de mortalidad en accidentes viales.
Los municipios quedaban a cargo de su implementación y administración, siendo estos los motivos por los que, dos años después, se generarían múltiples protestas por parte de los multados y un arduo debate público.
Las críticas apuntaban a la gestión, uso y abuso que supuestamente las municipalidades hacían de estos dispositivos como una herramienta de recaudación de dinero. Artículos de la época señalan que entre 1998 y 1999 se cursaron más de 100 mil multas entre las 15 comunas de la capital que utilizaron el fotorradar.Los defensores de estos aparatos indicaban que eran buenos disuasivos para evitar violaciones a la ley. El entonces secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Milton Bertín, en una carta enviada a este diario, mostraba su sorpresa y preocupación por quienes estaban más interesados en “cuestionar una innovación destinada a mejorar la seguridad en nuestras calles y carreteras que en apoyar positivamente esta medida”.
Pese a los intentos por acallar las críticas, el malestar seguiría escalando, provocando una de las primeras protestas ciudadanas, a las que adhirieron los parlamentarios Zarko Luksic y Evelyn Matthei.
Ambos planteaban la necesidad de que los recursos que se recaudaban por concepto de partes fueran a un fondo común, destinado a mejorar la infraestructura vial y no a los municipios. “La mejor evidencia de ello es que los fotorradares no están instalados en los puntos donde ocurren los accidentes de mayor envergadura”, decía Matthei.
A inicios de 2000, el Congreso norma el uso de estos dispositivos, indicando que los alcaldes que quisieran usarlos deberían contar con un carabinero o inspector municipal a cargo, eliminando los controles automáticos y, además, debían estar señalizados.
No obstante, la oposición continuaría y en 2002 se pone término a las atribuciones legales para su uso. Desde entonces, han existido varios intentos por tratar de reincorporarlos, sobre todo con la implementación del Transantiago, para vigilar que los automovilistas no usen las vías exclusivas.
