12 de November, 2013

Los desalojos como solución reaccionaria ante el problema de los campamentos en Chile

Por Colaborador Invitado

Por Verónica Pincheira, Abogado de la PUCV y Directora Área Desarrollo de Hábitat de Techo-Chile, Región de Valparaíso.

Durante los últimos cuatro años, ha sido común el tener que presenciar desalojos forzosos en los distintos asentamientos precarios que se ubican lo largo del país. Esta situación se ha dado no sólo en terrenos particulares, donde han sido los propietarios quienes han solicitado a la justicia la restitución de sus inmuebles, sino que –y esto es lo verdaderamente preocupante- ha habido una gran cantidad de desalojos ordenados por autoridades de gobierno, particularmente en terrenos SERVIU.

Si atendemos al Derecho Internacional, diversos instrumentos han declarado que los desalojos forzosos constituyen una vulneración grave a los Derechos Humanos. Esto desde el punto de vista tanto del Derecho a la Vivienda Adecuada, como de todos los derechos que se ven afectados directa o indirectamente cuando las personas son arrancadas en forma violenta de lo que ellos han establecido como su hogar. No hay discusión en que dejar a una persona sin un techo que la proteja pone en riesgo su salud, su integridad, su dignidad, y finalmente su vida.

Ahora, más allá del severo incumplimiento que da el Estado chileno a sus compromisos internacionales al tomar estas medidas, y del derecho indubitado que tienen los propietarios de recuperar sus terrenos, lo que se pone en cuestionamiento es la poca responsabilidad asumida por las autoridades en la causa de formación y permanencia de los campamentos. Chile desde la década del 60’ ha visto crecer en forma sostenida los asentamientos precarios y la cantidad de familias que los habitan. Las causas de este fenómeno han ido ligadas desde principios del siglo pasado con políticas de vivienda deficientes desde el punto de vista cuantitativo – y también cualitativo -, en que los distintos gobiernos no han podido paliar la carencia habitacional, llegando el número de allegados y “sin techo” hasta un punto insostenible.

El Régimen Militar y los gobiernos de la Concertación consiguieron disminuir el déficit habitacional de mejor manera en comparación con sus antecesores, sin embargo el número sigue siendo preocupante: a la fecha, según estudio CASEN 2011, aproximadamente 495.000 familias carecen de solución. Sumado a esto, las viviendas entregadas en el período descrito tienen en general bajos estándares de calidad constructiva, tamaño, equipamiento comunitario y localización. Es por eso que hoy gran parte del presupuesto de la cartera de Vivienda debe destinarse al mejoramiento e incluso demolición de los barrios de vivienda social entregados en el pasado.

Ante este escenario, no es difícil entender los motivos que llevan a una familia a tomar la difícil decisión de instalarse en un campamento: la indignidad del allegamiento; los problemas de hacinamiento en viviendas sociales demasiado pequeñas; la falta de identificación con barrios alejados de sus redes y carentes de equipamiento comunitario; la desesperanza ante años de postulación infructuosa a subsidios estatales, etc. Lo cierto es que la mayoría de estas causas dependen en gran medida de lo ejecutado por los distintos gobiernos, que han empujado a miles de chilenos a vivir en forma precaria, y han segregado territorialmente nuestras ciudades.

La contradicción está en que luego vemos que es el mismo Estado, que históricamente ha sido incapaz de dar una solución efectiva a la carencia habitacional existente en Chile, el que arbitrariamente decide remover a los ocupantes de los terrenos tomados, sin ofrecer una solución alternativa, y sin hacerse cargo de su incapacidad o falta de compromiso a la hora de asegurar unas condiciones de vida mínima a todos sus habitantes.

Es de esperar entonces que en un futuro las autoridades dejen de recurrir a los desalojos forzosos como solución reaccionaria a la existencia de campamentos, y comience a atacar los múltiples factores sociales que los generan y los perpetúan, buscando soluciones alternativas como arriendos subsidiados, procesos más expeditos en la entrega de viviendas sociales de calidad, o radicaciones y urbanizaciones en los territorios ocupados. Esta será la única forma de no seguir aumentando la dolorosa desigualdad económica, habitacional y urbana que aqueja a nuestra sociedad.

Comentarios de Disqus

Rodrigo Hernández

Favor informar con datos duros. Cuales campamentos en terrenos del estado han sido desalojados?
Sin esto, no deja de ser un artículo academicista de opiniones sin base estadística y acusaciones al voleo.
- Verónica Pincheira
  
  Disculpen la demora. Dentro de los casos que como Fundación hemos denunciado, se encuentra el desalojo del campamento Nuevo Amanecer (San Antonio), Villa Cordillera (Villarrica), La Gruta (Coquimbo), y otro en Iquique.
  Estos 3 fueron desalojos efectivos y con gran violencia.
  Además, se suman los desalojos en terrenos privados.
  
  Respecto a los intentos de desalojos en terrenos del Estado, existen ejemplos en Arica, Osorno y en el campamento Villa Las Estrellas – Manuel Bustos, donde en todos los casos, fuerzas especiales de Carabineros y vehículos de maquinaria pesada llegaron al lugar dispuestos a efectuar el desalojo, con el consiguiente temor de las familias y experiencia traumática para niños y ancianos. En todos esos casos se logró detener el desalojo a última hora, mediante recursos de protección y otras medidas de emergencia similares.
Cecilia

Buen análisis. ¿Existen datos que permitan ver la cantidad de desalojos ordenados por instituciones públicas o de terrenos públicos? porque sería muy interesante y con alto impacto, poder denunciar qué gobiernos han sido más reaccionarios que otros.

a mi también me ha tocado lidiar con la inlfexibilidad de la politica de vivienda, que prefiere mandar gente a la calle o a otros camptos, que buscarles una solución definitiva, flexibilizando sus programas.
Ramón

La solución que propone el artículo es sólo semántica puesto que en Europa, en el contexto del “estado del bienestar” , cada dos por tres surgen este tipo de campamentos, que no son otra cosa que ocupaciones ilegales de gitanos que presionan a las autoridades para, de este modo, para que les den una casa.(Casos de España o Italia)
Si por decir esto soy reaccionario como dice el autor, pues lo soy, pero conozco la realidad.
- Verónica Pincheira
  
  Ramón,
  
  Entendemos los resquemores que existen por parte de la ciudadanía en cuanto al tema de los campamentos.
  Es por eso que nos esforzamos en visibilizar esta realidad que aqueja a miles de familias chilenas que verdaderamente no tienen otra opción de vivienda. Matemáticas básicas te pueden demostrar que con el salario mínimo es imposible cubrir todas las necesidades básicas además de la vivienda.
  A lo que apuntamos es a que NO EXISTAN más campamentos, no queremos tener a familias viviendo en esa situación, pero para ello es imprescindible que el Estado se haga cargo de dar la solución que el mercado no puede y no quiere entregar. No se trata de un actuar subsidiario, si no responsable. De otro modo, insisto, no se da cumplimiento a los tratados suscritos por Chile, ni al mandato constitucional de buscar el bien común y asegurar las condiciones de vida mínimas que permitan el desarrollo de cada uno de los integrantes de la Nación.
  
  Quiero hacer énfasis en que no desconocemos que existen casos puntuales de aprovechamiento al interior de los campamentos, pero es en un porcentaje residual, y precisamente una de las primeras cosas que hacemos junto a los dirigentes es tener claridad de quiénes son los que viven en esos lugares por necesidad absoluta, y quiénes por comodidad.
  
  En definitiva se trata de reconocer una realidad alarmante, tanto desde el punto de vista de las 13.000 familias que hoy viven en esa situación, como del déficit habitacional que sigue creciendo y que hace predecible el surgimiento de nuevos asentamientos, y de mayor poblamiento de los ya existentes.
  
  Saludos,