¿Es posible generar procesos de cambio en nuestras ciudades? Reflexiones a partir del caso del Barrio Bellavista

Por Rafaela Zambra. Investigadora Ciudadanía y Territorio. Grupo de trabajo interdisciplinario. Universidad Alberto Hurtado.

Habitamos dentro de un contexto globalizado bajo principios de una economía neoliberal donde pareciera que el crecimiento de las ciudades se asociara, más que nunca, a la privatización de los espacios. En este escenario, la ciudadanía tiene un rol muy marginal en las decisiones de construcción de la ciudad. No obstante, es posible aún observar lo que Borja y Muxi (2003) llaman “espacios intersticiales”. Estos espacios se caracterizan porque es posible generar en ellos procesos de transformación social, expresados en un urbanismo inclusivo, democrático y participativo, que responde a ese reconocimiento del derecho efectivo a la ciudad. Se trata de lugares donde es posible la acción y la transformación como resultado de la interacción social, política y comunicativa entre representantes públicos y ciudadanos que trabajan en pro de la construcción de ciudades multidimensionales, estableciendo a la base el principio y la creencia de ciudades con “sentido”.

Sin embargo, para que esa ciudad con “sentido” se dé, el ciudadano/a debe hacerse y sentirse parte de las decisiones sobre su territorio. Las preguntas que cabe formularse son entonces, ¿Qué posibilidades hay dentro de los contextos actuales que tal escenario se haga efectivo? ¿Puede la ciudadanía incidir políticamente en la gestión y construcción de nuestras ciudades? ¿Las políticas de planificación y gestión urbana y todas aquellas normas que influyen en ésta (ordenanzas municipales, leyes, planes reguladores) garantizan un derecho efectivo a la ciudad?

Si se piensa, por ejemplo, en el Barrio Bellavista- reconocido como un barrio con una alta oferta de servicios de recreación y ocio- éste ha sido escenario de la especulación inmobiliaria, de la falta de planificación urbana y de la ausencia de incorporación en dicha planificación de los intereses y necesidades de los residentes, anunciándose así un posible deterioro del tejido urbano y social si tal escenario no se revierte.

Actualmente, el barrio se encuentra en una situación adversa, entre otras razones, producto de la liberalización del uso del suelo y la creación de políticas, ordenanzas y leyes supuestamente orientadas a proteger al barrio y a los vecinos pero que no se hacen efectivas. Por una parte, no se hacen cumplir, y por otra, porque son los intereses del mercado quienes se imponen para decidir qué hacer con ese espacio (inclusive si eso significa transgredir la ley). A partir de esto, cabe preguntarse si es posible generar “espacios intersticiales” en escenarios donde las distintas fuerzas económicas, políticas y sociales se orientan a la no inclusión de la ciudadanía. En rigor, ¿es viable que la ciudadanía lidere procesos de transformación social en contextos de distribución inequitativa del poder?

El Barrio Bellavista es la materialización de la hegemonía de los intereses del mercado en detrimento de las necesidades de los distintos actores que confluyen en un espacio en materia de planificación y gestión urbana. Reflejo de ello ha sido la edificación de la Universidad San Sebastián que se escapa de toda normativa de construcción, planificación y proporcionalidad urbana, negando, a su vez, los intereses de los distintos actores que confluyen en ese barrio, como por ejemplo, los residentes. Algo quiere decir también la cantidad de patentes de alcohol otorgadas en Bellavista Recoleta , donde por normativa debieran existir tres patentes para botillería, habiendo en la actualidad un total de doce. Lo mismo ocurre con las discoteques, debiendo haber tres, hay doce. Un escenario similar experimenta Bellavista Providencia, donde por ley debiera otorgarse sólo 1 patente de alcohol por 600 habitantes, habiendo en la actualidad 4,2 patentes de alcohol por 600 habitantes (en Recoleta las cifras fluctúan en 3,6 patentes por 600 habitantes) . Otro ejemplo se ve reflejado en la calle Fernando Márquez de la Plata donde la ambición de un nuevo proyecto inmobiliario responde a la lógica que ha primado hasta el día de hoy (nuevos proyectos otorgan una mayor plusvalía que la protección de un barrio patrimonial e histórico como lo es el Barrio Bellavista).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos ejemplos no son propios de este sector. Algo similar sucedió en el barrio Suecia donde efectivamente se vieron desplazados la mayoría de los residentes del sector, o la construcción de la Autopista Vespucio Sur que a nombre de la conectividad de la Región Metropolitana, fragmentó y dividió dos sectores vulnerables como lo son la comuna de La Pintana y la Granja. A partir de esto, cabe preguntarse entonces ¿qué intereses se están satisfaciendo? ¿Quién está decidiendo en estos territorios? Si se reconoce que son los intereses privados los que están primando ¿hay posibilidades de transformación? Estas situaciones se pueden ver replicadas en las distintas ciudades de nuestro país, donde pese a que se identifiquen deseos de cambio desde la gobernanza local y la ciudadanía, existen suficientes trabas institucionales, políticas y administrativas que impiden la configuración de procesos y resultados justos y de participación real. Pareciese, incluso, que algunas legislaciones hubieran sido diseñadas para obstaculizar y reducir lo más posible la voz y voto de los ciudadanos. Todo ello nos da cuenta de la supremacía de los principios neo liberales en la producción de la ciudad.

Tomando en cuenta lo anterior, cabe abrir la discusión respecto de para quién es la ciudad. En rigor, ¿para quiénes se están pensando los barrios de las distintas ciudades de nuestro país a la hora de planificar? ¿Qué posibilidad tiene el ciudadano de participar en esa decisión? ¿Es posible incidir en contextos donde se le ha otorgado un valor descomunal al mercado en materia de construcción de las ciudades? Iniciativas de participación y transformación hay, no obstante las organizaciones ciudadanas deben verse acompañadas por una gobernanza local con voluntad política, dispositivos, capacidades y atribuciones que permitan incidir políticamente y con una visión en materia de planificación y gestión urbana mucho más orientada hacia la “rentabilización” social que a la económica para que se den efectivamente “espacios intersticiales” en la configuración de la ciudad.