Rodrigo Álvarez: “El gobierno estableció una cifra de concesiones que no se va a alcanzar”
Por Julián Mazzucco, Pulso.
El Presidente de COPSA dice que el país tiene un déficit en infraestructura tanto pública como privada de casi US$100 mil millones. “Hemos tenido una creciente baja en la velocidad de los procesos de concesiones. Esperamos que esto cambie, porque sigue existiendo un extraordinario interés desde el sector empresarial”, afirma.
La infraestructura es, sin duda, uno de los elementos esenciales para el desarrollo de las economías. En Chile la visión es una sola: aún falta mucho.
Rodrigo Álvarez es una de los voces más autorizadas en la materia. Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura (Copsa), el ex ministro ha planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de una política de Estado y de largo aliento para asegurar el desarrollo del país vía obras de infraestructura como carreteras.
En esta entrevista, Álvarez analiza el estado de las concesiones, el desempeño del Ministerio de Obras Públicas y las licitaciones más emblemáticas que esta administración intenta concretar.
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura del país?
-Chile tiene un problema importantísimo de déficit de infraestructura. Si uno extrapola la necesidad de infraestructura de un país desarrollado, es decir, un país de entre US$18 mil y US$20 mil per cápita, probablemente tenemos un déficit en torno a los US$45.000 millones. Sólo hablando de infraestructura de carreteras, aeropuertos, hospitales y cárceles, eso es lo que deberíamos invertir en los próximos diez años. Por supuesto, si agregamos otros temas como energía, aguas y temas sanitarios esta cifra se duplica.
Se ha avanzado mucho, pero la situación sigue siendo deficitaria, sobre todo si uno piensa que nuestras dos variables más complejas son energía e infraestructura. Ambas requieren mucho tiempo para poder ser desarrolladas.
¿Qué desafío conlleva?
-Es un desafío tremendo de país desde el punto de vista político. Venimos diciendo hace mucho tiempo que es necesaria una política nacional de infraestructura que supere los periodos gubernamentales, porque en periodos de cuatro años es complejo desarrollar grandes inversiones en energía o infraestructura. Necesitamos una política a largo plazo que permita no estar respondiendo a situaciones de emergencia, sino que proyectando de mejor forma las necesidades en aeropuertos, carretas, energía, entre otras materias.
¿Está dado el espacio político para eso?
-Pienso que no sólo tiene que ver con el espacio político, sino también con el espacio económico. Cuando uno ve las posibilidades de gasto público en el futuro se da cuenta que es imprescindible una inversión desde el sector privado. Ahí el instrumento de concesiones es clave. Desde el punto de vista de respaldo político creo que es necesaria una institucionalidad más fuerte. Por eso hemos promovido que se cree una agencia o fortalecer la Coordinación de Concesiones dentro del Ministerio de Obras Públicas.
El programa de la candidata Bachelet propone una agencia de concesiones. ¿No resulta más interesante una agencia de infraestructura?
-Mi impresión es que la tarea de infraestructura pública tiene su camino en los tres grandes ministerios: MOP, Transporte y Vivienda. Cuando se opta porque una obra sea pública o fiscal, las atribuciones y los procesos están más definidos que en el mundo de las concesiones. Por lo mismo creo que en los programas de ambas candidatas se apunta a fortalecer concesiones que me parece que es donde más se necesita.
Sin embargo, el programa de Bachelet plantea revisar si el sistema de concesiones es el más óptimo para obras como cárceles y hospitales.
-El programa, así como reivindica el uso de concesiones en carreteras urbanas e interurbanas, hace este palco específico. Como Copsa estamos convencidos de que aporta valor y que se genera una serie de beneficios a través del modelo de concesiones. No obstante, sin dudas siempre es posible el perfeccionamiento.
Se ha planteado una revisión del modelo y se ha concesionado poco. ¿Están en tela de juicio las concesiones?
-Han pasado muchas cosas y hemos tenido diferentes niveles de intensidad en los últimos diez años: desde una época dorada hasta problemas institucionales, judiciales y el terremoto. Sin duda alguna estamos ahora con más complejidad desde el punto de vista social. Son muchos factores los que muestran que hemos tenido una creciente baja en la velocidad de los procesos de concesiones. Esperamos que esto cambie, porque sigue existiendo un extraordinario interés desde el sector empresarial por participar.
Este gobierno anunció una cifra de inversión en concesiones muy abultada y después la fue condensando, ¿a qué se debió eso?
-La evaluación definitiva del gobierno en esta materia sin duda hay que hacerla en marzo. Esto porque lo que se pretende concesionar en estos últimos meses es gigantesco desde el punto de vista de la inversión como de la naturaleza de la obra. Pero evidentemente el gobierno, que partió con el terremoto y la reconstrucción, estableció una cifra de concesiones que no se va a alcanzar. Ni se va a estar cerca de alcanzar esos US$8.000 millones; ni con el mejor resultado en los próximos cuatro meses.
Si la reconstrucción era algo que se sabía que se tenía que afrontar cuando inició el gobierno, ¿por qué cree se impusieron una cifra tan alta?
-Hubo factores que se dieron con mucha fuerza, como la mayor resistencia ciudadana, mayor complejidad de la ingeniería de los proyectos, restricciones fiscales, entre otros. Sin embargo, hemos visto en el último año un impulso mucho más fuerte tanto de Carlos Plass como de la propia ministra Loreto Silva.
¿La rotación de ministros y de coordinadores de Concesiones afectó la labor del MOP?
-Si uno mira los últimos doce años hemos tenido un gran número de ministros de Obras Públicas y coordinadores de Concesiones. O sea, estos cargos clave han tenido un gran número de rotaciones. Evidentemente, impacta e incide en procesos que son complejos y de muchos recursos fiscales, por lo cual se demuestra la necesidad de algún modelo de agencia que planifique la infraestructura aunque, por supuesto, la decisión de qué se licita queda en la autoridades del momento.
Expertos han planteado que el MOP estaría intentando inflar la cifra de concesiones, ¿cuál es su visión?
-No tengo esa percepción, pero sí creo que se han puesto una agenda muy exigente. El desempeño de esa agenda sólo será posible de evaluar al final de la administración, porque hay proyectos que tienen plazos y fechas muy concretos.
La licitación del paso Los Libertadores lleva cinco postergaciones para la recepción de ofertas. ¿Qué señal da esto?, ¿es un proyecto rentable?
-En este proceso y en la ruta a los centros de esquí vemos que se suman la complejidad del proyecto y las dudas que tienen los oferentes. Creo que existe una dificultad técnica natural de los mismos proyectos, pero esperamos que se pueda avanzar.
En esta licitación los oferentes plantean la necesidad de un mayor subsidio.
-La tendencia siempre es a dar la menor cantidad de subsidios, pero evidentemente es una herramienta indispensable para las concesiones.
En relación con la relicitación del aeropuerto de Santiago, ¿qué posibilidades ve de que se concretice pensando que la adjudicación la realizaría el próximo gobierno?
-Creo que existe una absoluta conciencia de que el aeropuerto está con un nivel de demanda superior a su capacidad. Veo mucho consenso en que esta ampliación es fundamental, por lo tanto, si se alcanza a licitar en este gobierno y la adjudicación la realiza el próximo, tiendo a pensar que este proyecto sí se concesionará.
Pensando que el aeropuerto está excedido en su capacidad, ¿cuán necesario se hace prever ampliaciones en los contratos de infraestructura?
-Me parece que es indispensable para una obra como esa poder prever el aumento de la capacidad. Probablemente en este tipo de obras se requiere perfeccionamiento de contratos para futuras obras. Esas mejoras pueden darse a través de estándares y nuevas obligaciones para ir generando inversiones durante la vigencia de la concesión.
