Los cuatro puntos pendientes que deja la agenda eléctrica de Piñera

Por Antonio Astudillo M., La Tercera.

Entre ellos, carretera eléctrica y compensaciones a comunidades.

Cuatro años complejos, marcados por la sequía, altos precios de la energía y paralización o judicialización de los proyectos eléctricos, ha enfrentado la actual administración, dejando varios temas pendientes en su agenda energética.

En lo inmediato, la autoridad dio ayer otro paso con la aprobación en la Cámara Baja del proyecto de ley que permitirá interconectar los principales sistemas eléctricos del país: el Sistema Interconectado Central (SIC) y el del Norte Grande (Sing).

La iniciativa tuvo una historia compleja. La Comisión Nacional de Energía (CNE) sumó este proyecto en el plan de expansión del sistema troncal, lo que rechazaron las eléctricas, que reclamaron al Panel de Expertos. Este organismo, que dirime las controversias en el sector, determinó que la actuación de la CNE era ilegal y, tras ello, el gobierno decidió enviar un proyecto para modificar la Ley General de Servicios Eléctricos e incluir la interconexión.

Tareas pendientes

Si bien en el sector eléctrico reconocen los avances en la materia, como la ley que modifica el sistema de obtención de concesiones y servidumbres eléctricas, y la ley de energías renovables no convencionales, que amplió al 20% la participación en la matriz de estas energías al 2025, estiman que no se concretaron todos los objetivos trazados por la autoridad.

La primera de las iniciativas que quedaría pendiente para la administración Bachelet es el proyecto de carretera eléctrica, que fue ingresado al Parlamento el 4 de septiembre de 2012 y que hoy aún está en análisis en primer trámite en el Senado.

Este proyecto -que fue analizado por el Comité Asesor de Desarrollo Eléctrico (Cade)- buscaba reformar el sistema de transmisión eléctrica troncal, estableciendo y unificando criterios para que los desarrollos privados se llevaran adelante. El proyecto ha contado con la oposición de diversos parlamentarios -entre ellos, el senador Antonio Horvarth-, que lo consideran un “traje a la medida” para HidroAysén.

Otro tema pendiente es el envío de una iniciativa legal para establecer compensaciones a las comunidades por la instalación de proyectos. Si bien el ex ministro Marcelo Tokman promovió esta idea al final del gobierno anterior, la administración Piñera la hizo suya.

El proyecto establecía que las firmas que instalaran proyectos eléctricos de más de 200 megawatts en el SIC o Sing debían pagar un impuesto específico -en beneficio de los municipios- de 270 UTM por cada megawatt de potencia instalado.

En varias oportunidades se anunció que la iniciativa se retomaría e, incluso, tuvo un rediseño en el que trabajó el subsecretario de Energía, Sergio del Campo. Pero como las visiones de la Segpres y Energía eran distintas, no prosperó.

Las generadoras han señalado públicamente que este proyecto ayudaría a destrabar las inversiones en el sector, al traspasar a las comunidades donde se emplazan las centrales parte de los beneficios.

En su mensaje del 21 de mayo de 2010, Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para introducir la figura de los comercializadores eléctricos al sistema -denominada multicarrier eléctrico-, pero a la fecha no se ha concretado. Con esto se buscaba una mayor competencia en el sector, al dar la posibilidad de que distintas entidades -y no sólo las distribuidoras- pudieran vender energía a clientes residenciales, comerciales y libres, lo que también ayudaría a bajar los precios.

Asimismo, en el marco de las medidas pro inversión, el gobierno señaló que se modificaría el reglamento que rige a las actuales licitaciones de suministro eléctrico -punto considerado clave por las generadoras y distribuidoras-, entregando mayores plazos y flexibilidad a estas licitaciones, a fin de promover la entrada de nuevos actores. Hasta la fecha, esto no ha sucedido, y la última licitación -donde se adjudicó el 78% de la energía ofrecida- se realizó con el reglamento vigente.

Otro de los anuncios fue el establecimiento de un catastro de sitios donde se podrían instalar proyectos industriales, entre ellos centrales eléctricas, el que finalmente terminó en un registro detallado del territorio realizado por Bienes Nacionales, sin recomendaciones.

Fuentes del sector señalan que el gobierno avanzó en la dictación del reglamento de servicios complementarios del suministro eléctrico -que estuvo paralizado por 9 años-, pero quedan pendientes otros menores, como el de potencia y alta tensión.

HidroAysén, sin fecha en Comité de Ministros

Tras dos años de presentadas las reclamaciones al proyecto HidroAysén al Comité de Ministros, aún no hay fecha para que la autoridad las someta a votación. Si bien se han dado diversos plazos -donde los ministerios de Energía y Medio Ambiente se han contradicho-, hoy el tema está radicado en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el que está en el proceso de revisión de las 34 reclamaciones pendientes, las que fueron presentadas tanto por opositores al proyecto como por las mismas empresas (Endesa y Colbún). Las centrales obtuvieron aprobación ambiental en 2010, pero en mayo de 2012, Colbún anunció la paralización de los estudios de transmisión por la falta de “una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere”. Fuentes señalan que el SEA está en proceso de elaboración del informe final, que debe ser visto por los ministros integrantes del comité. Sin este insumo, la votación no se realizaría.

LyD pide frenar “activismo judicial”

Un llamado a terminar con lo que denominó “activismo judicial” realizó la investigadora de LyD Susana Jiménez. “Hay que frenar el activismo judicial. Esto puede sonar algo duro, pero lo cierto es que ha habido un giro en los últimos años en relación con los jueces y han dejado de tener esta tradicional referencia técnica hacia los organismos internos, actuando en la práctica como reguladores, lo cual es complejo”, dijo. Asimismo, respecto del programa energético de la presidenta electa, señaló que “el diagnóstico es compartido”, aunque estimó que éste no contenía mucho detalle. El programa estipula entre sus principales lineamientos un rol más activo del Estado en el diseño de políticas públicas, con procesos de planificación participativa sobre el futuro de la matriz; mejoras en la regulación del sector para promover la competencia; lograr mayor avance en eficiencia energética; fortalecer la CNE; dotar a Enap de un rol más activo; revisión del sistema de licitaciones de suministro, entre otras.