Gobierno busca exigir evaluación de impacto ambiental sólo a proyectos energéticos sobre 20 MW

Por N. Peña, La Tercera. (21/12/13)

Próxima semana se enviará una iniciativa al Congreso para destrabar proyectos de inversión.

Simplificar procedimientos, disminuir plazos, requisitos y duplicidad de trámites -ahorrando tiempo y costos- son los objetivos que busca la iniciativa legal que la próxima semana enviará el gobierno al Congreso, y que está orientado a destrabar inversiones.

La propuesta, que ingresará con urgencia simple a la Cámara de Diputados, es el resultado del trabajo que partió en octubre de 2012 -liderado por la oficina de competitividad del Ministerio de Economía- cuando el Ejecutivo convocó a una cumbre “pro inversión”, donde los empresarios plantearon sus inquietudes en materia energética.

El proyecto pretende eliminar las incertezas jurídicas que provocan las “interpretaciones ambiguas y espacios de discrecionalidad infundados”, delimitando los ámbitos de competencia de los servicios públicos involucrados.

“Hoy existe un alto número de proyectos de inversión en carpeta (…) se enfrentan a un sistema con excesivos plazos y costos de tramitación, alta judicialización e incertidumbre jurídica, todo lo cual puede ser mejorado mediante ajustes y modificaciones puntuales a diversas normativas. A eso apunta este proyecto”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet.

Mediante la normativa, el Ejecutivo busca introducir modificaciones al Código de Aguas, a las Concesiones Marítimas y a la Ley de medioambiente. En este último campo, el diagnóstico apunta a que en el procedimiento actual de evaluación ambiental “intervienen servicios que, en ocasiones, y a pesar de tener mandato legal en contrario, emiten opiniones o formulan pronunciamientos infundados, o lo hacen fuera del ámbito de sus competencias”. Esto, determina el texto, provoca que la tramitación de los proyectos de inversión “se torne burocrática y abre espacio para eventuales judicializaciones posteriores”.

También con ese fin, la iniciativa busca evitar que los servicios informantes excedan sus competencias. Para ello, faculta “de manera expresa” al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir total o parcialmente los pronunciamientos que no estén fundados o que consideren materias “que no son de competencia del servicio que los haya emitido”. Además, y para reducir la carga de proyectos que entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental logrando que éste se concentre “sólo en aquellos que verdaderamente requieren una evaluación de impacto”, la iniciativa sube de 3 MW a 20 MW el límite a partir del cual los proyectos de generadoras de energía deben ingresar al sistema. El proyecto aclara que la decisión se fundamenta en el “bajo impacto ambiental” que generan las centrales menores a 20 MW.

Para agilizar el inicio del trámite de evaluación ambiental, se plantea que el procedimiento comience con un examen de admisibilidad. Así, los interesados en presentar un proyecto podrán obtener un pronunciamiento previo por parte de la autoridad -en un plazo de 30 días- en el que se podrán detectar posibles errores y verificar la pertinencia de someter un proyecto o su modificación al SEIA. Este trámite será vinculante.

Sobre el Código de Aguas, se plantea externalizar a revisoras independientes el trámite de recepción de obras hidráulicas que efectúa la Dirección General de Aguas para grandes proyectos. Con esto, explican en el gobierno, se podría reducir a la mitad los 2,8 años que hoy tarda en promedio.