Gores elaboran PROT / Expansión urbana afectaría 6 aeropuertos / Evalúan proteger 30 oficinas salitreras
Nuevo instrumento busca ordenar los territorios regionales
Con el fin de evitar conflictos por el uso de suelo entre distintos rubros económicos y asegurar la sustentabilidad ambiental, el Gobierno creó los Planes Reguladores de Ordenamiento Territorial (PROT) que ya están siendo elaborados por los 14 Gobiernos Regionales. Éstos permitirán que durante 2014 se defina como se usarán los terrenos de las cuencas hidrográficas y de los bordes costeros, además de los criterios de las Evaluaciones Ambientales que habrá que realizar en cada caso. Saber más.
Crecimiento urbano amenaza con poner en riesgo seguridad operativa de seis aeropuertos
Los aeropuertos de Arica, Calama, Concepción, La Serena y Puerto Montt pasaron de estar en la periferia de las ciudades a estar dentro de ellas, lo que se explica por la normativa vigente que no reserva terrenos cercanos a los aeropuertos que frenarían la expansión urbana y asegurarían el funcionamiento de los terminales aéreos. Frente a esto, Roberto Moris, subdirector del Instituto de Estudios Urbanos de la UC, explicó que los planes reguladores son insuficientes y que se requiere de una planificación entre los actores involucrados. Además, propone que para evitar el impacto de la relocalización de un aeropuerto, se puede evitar la construcción de viviendas en los alrededores, incluso más de lo que indica la zona de exclusión. Saber más.
Buscan declarar como Patrimonio Histórico a treinta ex oficinas salitreras de la Región de Tarapacá
Una medición hecha a 126 oficinas salitreras de la Región de Tarapacá arrojó que 30 de ellas aún se mantienen en buen estado. Para preservarlas, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y la Corporación Museo del Salitre están reuniendo los antecedentes para que sean declaradas Monumentos Históricos, estén protegidas por la ley y evitar así su deterioro y modificación en la construcción original. El proyecto, que tiene un costo de $240 millones, es financiado por el Consejo Regional de Tarapacá y considera que las empresas mineras entreguen ciertas rutas para convertirlas en recorridos turísticos. Saber más.
