¿Se pueden hoy hacer y se hacen políticas progresistas en las grandes ciudades latinoamericanas?

En estos primeros años del siglo XXI la mayoría de las grandes capitales latinoamericanas están gobernadas por partidos o coaliciones progresistas o de izquierda, con un importante apoyo popular. Son ciudades de alta visibilidad, con medios para aplicar políticas transformadoras en un sentido democrático y de justicia social. Nos referimos a Ciudad de México, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile (?), Montevideo, Sao Paulo, Caracas (?). Destaca la ausencia de Buenos Aires que tuvo gobiernos teóricamente y dudosamente progresistas en los años 90 y principios del 2000 y hoy gobierna una derecha neoliberal que substituye la justicia por la demagogia. Una (mala) experiencia a tener en cuenta.

Un gobierno progresista si pretende consolidar unas políticas reformadoras necesita durar por lo menos dos o tres mandatos. Para hacer progresar la cultura política democrática nos parece muy conveniente hacer un seguimiento analítico de estas experiencias, como han iniciado su andadura, los primeros resultados de sus políticas y sus actuales desafíos. No pretendemos ahora hacer este análisis y menos de todas las ciudades citadas, ni mis conocimientos son suficientes ni cabría en un artículo periodístico. Por lo menos requeriría una serie. Solo pretendemos proponer unos criterios de lo que puede ser una política ciudadana de izquierdas o progresista a partir de un conocimiento somero de los casos citados. ¿Cómo evaluar una política de izquierdas? Proponemos tres criterios y cada uno de ellos se sitúa a una escala diferente.

En primer lugar las políticas sociales, que lógicamente supone priorizar a las poblaciones más necesitadas y más vulnerables y los territorios más deficitarios respecto a infraestructuras, vivienda y servicios públicos y colectivos. Son políticas de redistribución social con efectos a corto plazo y que exigen inmediatez en el tiempo y proximidad en el territorio. Es el ámbito que compete principalmente a los gobiernos locales, sean gobiernos de ciudad o delegaciones”, tanto para actuar sobre la base de sus competencias o de sus capacidades como para reclamar aquello que puede competer al Gobierno de la Nación. En la mayoría de casos En el caso de Iztapalapa resulta impresionante la multiplicidad de programas, proyectos y actuaciones en marcha que se han promovido en menos de un año y con recursos limitados. Destacan los programas de educación, cultura y ocio destinados a la infancia y juventud, a la asistencia sanitaria, a la igualdad de género, a la cultura, a la atención la gente mayor y sectores más pobres, a la recuperación de espacios públicos, al apoyo a las micro y pequeñas empresas, a la seguridad ciudadana, al control de la difusión de la droga, a la disposición de agua potable para extenderla a toda la población, a obras de drenaje y otros servicios básicos, a la protección civil, a la mejora del transporte público, etc. Estas políticas serán más efectivas en la medida que se tenga en cuenta las reivindicaciones y las propuestas de los colectivos ciudadanos, en especial los críticos. Se trata de unas políticas de urgencia para responder a necesidades mínimas para ser reconocido como ciudadano, que contribuyen a mejorar la calidad de vida y a disminuir la pobreza pero que tienen una incidencia escasa en reducir la desigualdad social.

En segundo lugar las políticas urbanizadoras y de intervención sobre la ciudad existente. Nos referimos a hacer ciudad donde hay solo mala urbanización o de tejido degradado; de promoción de viviendas para los sectores de bajos ingresos; de mejorar las centralidades existentes y desarrollar otras nuevas; de renovar y extender todas las infraestructuras y servicios urbanos para que sirvan a toda la población; la generalización de espacios públicos de calidad en todo el territorio urbanizado (la ciudad es ante todo espacio público); regular la construcción de viviendas de forma tal que se produzca en todas las zonas una cierta mixtura social; garantizar el acceso a la movilidad a toda la población mediante un sistema de transporte colectivo accesible física y económicamente a toda; atraer actividades económicas que generen un cierto equilibrio entre residencia, servicios y empleo; crear una imagen de ciudad” que genere autoestima de la ciudadanía. Se trata de políticas a medio plazo y que no pueden depender exclusivamente de los gobiernos locales por fuertes que sean. Se requiere la concertación de los Entes descentralizados (delegaciones o distritos)con el gobierno de la Ciudad y con el de la Nación. Y es fundamental que se implementen mecanismos participativos que promuevan y reconozcan a los colectivos sociales, especialmente los más críticos y que eviten los acuerdos más o menos opacos entre los organismos públicos y los agentes económicos privados.

En tercer lugar hay que elaborar una cultura política urbana alternativa que haga posible evitar los efectos perversos de las buenas prácticas cuando la mejora urbana acaba expulsando a una población popular por sectores sociales de mayores ingresos, que impida que el espacio público y el suelo en general se mercantilice y que se dote de los medios que haga del urbanismo y de las políticas públicas un instrumento de transformación social. Lo cual supone poner en cuestión el principio de la propiedad tal como ahora está regulada, como es el caso del suelo. Reorientar el crédito mediante la publificacion del crédito a la vivienda y la regulación del sistema bancario. Promover una legislación urbanística que impida la diseminación urbanizadora y ordene el territorio como sistema de ciudades compactas. En resumen dotar a los gobiernos del territorio, en todos sus niveles, de los medios jurídicos, fiscales y financieros de hacer efectivo el derecho a la ciudad”.

En la medida que se produzca una articulación entre las organizaciones sociales más combativas, los sectores intelectuales y profesionales más avanzados y los responsables políticos se podrán promover políticas urbanas que no se limiten a reducir los costes sociales del desarrollo urbano sin incidir en los mecanismos productores de la exclusión y de la desigualdad. Es el punto débil de la mayoría de los gobiernos progresistas en las ciudades latinoamericanas. Sugerimos un test con tres preguntas para determinar si las política públicas son realmente progresistas ¿el gobierno de la ciudad cuestiona el régimen actual de la propiedad del suelo? ¿el planeamiento urbano impide la dispersión urbanizadora y la segregación social (por ejemplo barrios cerrados)? ¿el transporte colectivo y los servicios básicos como el agua o la energía son de competencia pública o de gestión privada lucrativa?