Se duplican las denuncias por falta de acceso a playas, y 20 casos aún no tienen solución
Por Ignacio Araya Chanqueo, El Mercurio.
Bienes Nacionales cree que por no haber multas, normativa “no es perfecta”:
El Estado definió una lista de situaciones en que, por años, particulares obstaculizan o niegan el libre paso. Este año se han detectado otros nueve puntos de conflicto.
Durante los meses de verano, Iquique recibe a miles de turistas que aprovechan de disfrutar de sus conocidas playas. Ubicado en la península de Cavancha, existe un pequeño balneario el cual se repletaría de público… si no fuera por una enorme reja y roqueríos que lo impiden.
Denunciado cada año por cerrar el acceso público a una playa colindante con su propiedad, el Club Náutico de Iquique es uno de los lugares emblemáticos donde, a pesar de la fiscalización, aún no se habilita un ingreso. Las personas que se atreven a ingresar deben saltar las peligrosas rocas que se ubican a los costados. “La gente lo puede hacer, pero bajo su riesgo, yo tampoco tengo la obligación de construir un acceso a la playa”, señala Jaime Sagüés, administrador del recinto. “Si se quieren meter por otro lado, es cosa de ellos, yo me preocupo del club”, añade.
Al igual que el Club Náutico, un catastro del Ministerio de Bienes Nacionales revela otros 19 balnearios que, pese a ser bienes nacionales de uso público, arrastran desde 2011 repetidas denuncias por particulares que impiden su acceso, y cuyos casos siguen en trámite (ver infografía). En el período 2011-2013, un total de 44 casos denunciados se solucionaron en general y 31 se resolvieron habilitando un acceso. Asimismo, en las últimas semanas se sumaron nueve más, que aún no han sido fiscalizados.
Aunque el Decreto Ley 1.939 de 1977 garantiza el libre acceso a todas las playas y ríos de Chile, cada año es común que se repitan los mismos casos en los que se dificulta el paso al público. ¿Por qué no se cumple con la ley, pese a las continuas denuncias? Según el ministro (s) de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, la falta de sanciones directas hace que la normativa “no sea perfecta”: “No señala multas para los incumplidores. Claro que hay casos que están por largo tiempo sin solucionarse, pero no es una desidia del ministerio. La normativa no entrega una herramienta legal potente”, señala.
Actualmente, el ministerio mantiene una línea telefónica gratuita (800 104 559) para recibir denuncias. Luego las canaliza y deriva a los intendentes, quienes deben fijar prudencialmente el libre acceso. “Existen otros mecanismos para fijar accesos”, asegura Bulnes. “La Dirección de Vialidad del MOP puede decretar expropiaciones para fijar caminos, las municipalidades también tienen esas facultades”, indica el ministro (s).
Asimismo, el informe detalla otras cifras. Durante 2013, el ministerio recibió 218 denuncias de impedimento de acceso a playas públicas -102 casos más que en 2012-, que obedecen a 126 balnearios específicos. De esa cifra, 56 de ellos fueron tramitados, 27 se resolvieron y 29 quedaron pendientes. “Hubo un esfuerzo por parte del ministerio para que la gente tomara conciencia del derecho de acceder gratuitamente a las playas. La campaña del año pasado fue excepcional, y ahora está dando los frutos”, asegura Bulnes.
No solo existe ese tipo de impedimentos, sino que también hay casos en los que veraneantes han sido expulsados de playas. Teresita Salas se encontraba este lunes en la playa Miramar de Arica acampando con unos amigos. “Para poder entrar, saltamos unas rejas”, señala. En la madrugada, personal de la Armada los conminó a abandonar el sitio. “Nos negamos a abandonar un lugar que siempre fue público y ahora está cerrado”, dice. Su caso es una de las excepciones en las que el ministerio no puede actuar. Tal es la situación cuando la playa en cuestión está destinada para uso de las Fuerzas Armadas, o si se registra una denuncia por falta de ingreso, pero existe otra entrada.
LAGUNAS
A menos que sean recintos fiscales, la ley no aplica para las lagunas, como Aculeo y Carén.
