Municipio de Valparaíso intenta paliar déficit de $30 mil millones con venta de valiosos bienes
Por Audénico Barría, El Mercurio. (23/03/14)
El presupuesto anual es de $29 mil millones, y las deudas bordean los $35 mil millones:
Según el alcalde Jorge Castro, la mayor parte de la deuda proviene de la educación municipal.
“Si la municipalidad fuera una empresa privada, hace rato que estaría quebrada”, dice el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro (UDI), para graficar la gravedad de la crisis económica que el municipio arrastra hace más de una década. Hoy, las deudas bordean los $35 mil millones, $6 mil millones más que todo su presupuesto anual, calculado para este año en $29 mil millones.
Desde 1998, cuando el déficit comenzó a tornarse crónico, se han vendido valiosas propiedades por casi $6 mil millones, lo que solo sirvió para cubrir en parte la deuda previsional con los trabajadores de la educación.
Se vendió el recinto ferial Yolanda-Barón en 2003 por $1.200 millones a la Compañía Sudamericana de Vapores; el estadio, el velódromo y el parque Alejo Barrios en 2004 por $2.400 millones a Chiledeportes; la ex Cárcel Pública en 1998 por $1.700 millones al M. de Bienes Nacionales, y el cuartel San Francisco, que la semana pasada adquirió la PDI en $552 millones.
Ahora está dispuesto a vender el Palacio Lyon, donde funciona el Museo de Historia Natural; el parque Quintil, en Santos Ossa, y un lote de terreno de 4 hectáreas en Placilla, con lo que podría obtener $3.500 millones.
¿Las causas de la bancarrota? Para el alcalde y los concejales, están claras: los gastos son muy superiores a los ingresos.
El mayor porcentaje del déficit proviene de la educación municipal, con una deuda de $25 mil millones. Al año, el municipio debe traspasar unos $3 mil millones solo al pago de sueldos a profesores y paradocentes.
Las inversiones que se hacen en la ciudad, dice Castro, se pagan con remanentes del Plan de Desarrollo Urbano que financió el BID y programas sectoriales.
El concejal Iván Vuskovic (PC), economista y presidente de la Comisión de Presupuesto, sostiene que “la mayor sangría” económica es la imposibilidad de financiar la educación.
“En los años 90 teníamos 50 mil alumnos, y ahora, 20 mil (…) Pero debemos mantener los mismos 44 establecimientos y la misma planta de profesores (1.200). Además, la subvención se paga por alumno de acuerdo al promedio de asistencia, con lo cual el monto que debiéramos recibir baja de entre 15 y 20%”, dice.
Y añade: “Como no alcanzan los fondos para la previsión del personal, esta solo se declara, pero no se paga. Eso genera deuda, y el Mineduc nos castiga reteniendo parte de la subvención”. Entonces, dice el concejal, el municipio inyecta fondos, y como no tiene recursos, deja de pagar a otros proveedores.
La concejala y socióloga Paula Quintana (PS) suma a las causas la pobreza de la gente y deficiencias en la gestión. “El 21% de la población vive bajo la línea de la pobreza, y no puede pagar derechos al municipio”, precisa.
También estima que hay problemas de gestión. “Solo a modo de ejemplo, hace meses se externalizaron servicios de cobranzas, y el resultado es que se ha pagado a las empresas sin obtener más ingresos por cobranzas”.
El ex alcalde y actual presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo (DC), concuerda en que hay causas estructurales en esta crisis: el aseo y la mantención de vehículos son más caros por razones topográficas, mucha gente no paga derechos de aseo ni contribuciones y la recaudación de permisos de circulación es baja, por el menor parque automotor, entre otras.
“La Corporación Municipal que maneja educación, salud y cementerios contrata más gente que la que necesita. No hay austeridad ni responsabilidad, y menos transparencia en el uso de los recursos”, subraya Cornejo.
Tanto el diputado como los concejales coinciden en la necesidad de recibir un aporte extraordinario del Gobierno para saldar las deudas. Advierten que se debe mejorar la gestión y piden que la Contraloría y la Subsecretaría de Desarrollo Regional ejerzan un mayor control.
Para Castro, la crítica a la gestión económica es injusta. “Aquí hay responsabilidad del Estado. La mayoría de las viviendas están exentas de pago de derechos. Las 6 mil viviendas sociales construidas en 8 años tampoco pagan y hay que financiar el retiro de sus basuras. Llevamos agua potable a 6 mil familias que viven en campamentos. Y tenemos que pagar el déficit de la educación, que en 20 años ha significado desviar $37 mil millones”.
“Los recursos no alcanzan, y en esa condición nadie puede seguir adelante sin deudas”.
JORGE CASTRO
ALCALDE DE VALPARAÍSO
