Cuatro estudios advirtieron sobre peligros en quebradas

Por H. Cisternas y P. Gutiérrez, El Mercurio.

Dos de las investigaciones son de entidades estatales:

Municipio señala que por “razones humanitarias” no se puede sacar a los pobladores “si no hay recursos ni subsidios”.

Al menos cuatro estudios advirtieron, entre 2005 y 2012, acerca de los riesgos que enfrentan las viviendas construidas en las 54 quebradas de Valparaíso.

Dos de ellos son estatales, de Conaf y la Seremi de Vivienda, y datan de 2011 y 2012. Junto con sugerir la erradicación de 3.917 familias (unas 20 mil personas), aconsejaron ejecutar periódicamente planes de desmalezados y cortafuegos.

Pablo Mira, director regional de Conaf, aseguró ayer que ellos cumplieron con su misión de analizar una situación de riesgo, identificar las zonas críticas y enviar los antecedentes al municipio, el que debía tomar medidas.

El jefe de Emergencia de la Municipalidad de Valparaíso, Ricardo Valdés, respondió que la gente que construyó en las quebradas no lo hizo por gusto, sino por necesidad. “Por razones humanitarias, no podemos sacarlos si no existen subsidios o recursos para erradicarlos”. Hizo notar que el municipio invierte $300 millones anuales para limpiar las quebradas.

En una tesis del magíster de Asentamiento Humano de la U. Católica, el académico Uriel Padilla, de la U. de Valparaíso, analizó 277 incendios ocurridos entre 2005 y 2009, casi 70 al año, que dejan a Valparaíso con el índice “más alto a nivel nacional”, plantea. A su juicio, esto obedece a una mala planificación urbana, precariedad de los asentamientos y factores geográficos y climáticos.

Padilla presentó su estudio en la U. de Valparaíso y lo distribuyó al Programa del Ambiente del Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Valparaíso.

Entre 2010 y 2012, en tanto, el investigador de la U. de Chile Miguel Castillo y un grupo de expertos caracterizaron las áreas vulnerables de más de 22 cerros de Valparaíso y Viña del Mar. Concluyeron que la expansión urbana a través de tomas acentuó el problema. “Verificamos que había una alta acumulación de energía, es decir, las casas ubicadas en lugares no habilitados, y en algún momento se tenía que liberar”, sostiene.

Castillo explicó que la investigación fue entregada a Conaf y que es “información pública”.