Buena noticia: Edificio de Protección Mutua no tiene permiso de demolición
El edificio ubicado en Rosas con Morandé que en 1918 se construyó para la Protección Mutua de los Empleados Públicos de Chile, estuvo en riesgo de demolición a pesar de ser un inmueble de Conservación Histórica, según una declaración del 28 de mayo de 2008 de la Municipalidad de Santiago.
La demolición, que estaba programada para mediados de 2013, era posible porque la empresa inmobiliaria dueña del terreno contaba con los permisos de edificación que fueron entregados cuatro meses antes de la declaración y que le permitían construir una de las dos torres de departamentos de 33 pisos proyectadas en el lugar.
Frente a esto, la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, pidió al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que declarara al edificio como Monumento Histórico Nacional, lo que fue rechazado. Por esto, varios arquitectos, ciudadanos y organizaciones civiles, como la Fundación Defendamos la Ciudad y Patrimonio Urbano, buscaron evitar la demolición, lo que finalmente aprobó en marzo de este año la Dirección de Obras Municipales (DOM) al decidir no cursar el permiso de demolición.
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En octubre de 2013, la solicitud que envió la alcaldesa de Santiago al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) fue negada, porque existían permisos de edificación vigentes.
Tras esto, la Fundación Defendamos la Ciudad envió dos cartas a la Seremi de Vivienda y Urbanismo explicando que el derrumbe significaría la pérdida de un edificio con gran valor arquitectónico, histórico, patrimonial y urbano para la ciudad. Asimismo, en febrero de este año la Fundación explicó al Seremi que los permisos de edificación fueron mal entregados, porque no unificaron los terrenos en donde se proyectaban las nuevas torres de las cuales una ya está construida.
Según explica Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, hay dos escenarios posibles. El primero apunta a que la inmobiliaria puede argumentar que la inversión no se debería ver afectada por los errores administrativos durante la entrega de los permisos, lo que se podría tratar en un fallo judicial. El segundo considera que el municipio compre el edificio con un precio acorde a los inmuebles protegidos por el Estado para asegurar su protección.
