CChC: 46% de la inversión requerida en infraestructura al 2018 debería venir de privados

Por Diario Financiero.

Vialidad urbana e interurbana junto con energía son los sectores que concentran la mayor cantidad de inversión requerida.

Inversiones por US$ 58.000 millones en el periodo 2014-2018 es lo que Chile requiere para mantener su nivel de competitividad y que las personas accedan a servicios de infraestructura acordes a los de un país que se acerca al desarrollo, según el informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) 2014, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) revelado ayer.

El estudio también estima que, de dicha inversión, el 54% podría provenir de aportes fiscales y el 46% restante del sector privado. Sin embargo, el financiamiento público pudiera ser incluso menor si se potencia el uso del sistema de concesiones, dice el reporte. La cifra de inversión estimada demuestra además la necesidad de invertir anualmente alrededor del 5% del PIB nacional en infraestructura, tal como lo ha sostenido el gremio en años anteriores.

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, señaló en el seminario “Gestando la Infraestructura del Mañana” donde se lanzó el reporte que “estudios internacionales señalan que la inversión, descontando energía, sanitarias y telecomunicaciones, debería ser de un 3,5% del PIB para un país como el nuestro, y nosotros estamos en 2,3%. No se puede saltar de forma inmediata, eso es una brecha respecto a nosotros mismos”. En todo caso, no explicó la metodología para determinar el porcentaje a invertir.

En un horizonte mayor, al 2018, el reporte muestra que Chile requiere US$ 112.588 millones de inversión en infraestructura, donde el Estado debería aportar un 57% y los privados un 43%.

“Para lograr una infraestructura acorde al nivel de crecimiento del país y a las necesidades de las personas, es necesario que ésta sea considerada como una política de Estado. Solo así se podrá contar con una planificación de largo plazo, la que normalmente no puede ser abordada por los gobiernos, que deben lidiar con las urgencia del día a día”, aseguró Daniel Hurtado, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

Uno a uno

Vialidad y transporte urbano:

La inversión –estimada en US$ 21.774 al 2018 y US$ 330 al 2023- debe orientarse a disminuir las brechas existentes entre las ciudades del país y conseguir un mejor y más eficiente servicio de transporte público. Inversión requerida: US$ 21.774 millones.

Entre las recomendaciones, el informe señala que al 2018, Santiago, Temuco, Puerto Montt y la conurbación Coquimbo-La Serena deberían recibir una gran inversión en vialidad, ya que representan los sectores con mayor déficit proyectado.

En materia de transporte público, el reporte recomienda invertir construir 75 kilómetros adicionales de Metro para el 2018 y 110 kilómetros adicionales al 2023.

Hospitales:

Un alza sostenida en la demanda y una mayor complejidad de las atenciones de salud hacen necesario modernizar la red hospitalaria, elevando su superficie en poco más de 800.000 m2. Más de la mitad correspondería a infraestructura de alta complejidad y considera hospitales en las regiones Metropolitana y Valparaíso. La inversión necesaria al 2018 es de US$ 3.601 millones, fuera del portafolio actual, y si es que persiste el déficit, al año 2024 se necesitarían otros US$ 1.872 millones.

Cárceles:

La Cámara estima que aumentará la necesidad de cárceles por efecto de la reforma penal y el carácter punitivo del país. Hoy el sistema demanda 8.641 plazas, por lo que se requeriría un incremento de superficie entre 200.558 m2 y 244.800 m2 para normalizar la situación de hacinamiento. Si además se quiere normalizar la infraestructura deteriorada, se requerirían 321.920 m2 adicionales, con una inversión necesaria de US$ 609 millones al 2018.

Aeropuertos:

Déficit no tanto en infraestructura horizontal (pistas) como en infraestructura vertical (servicios complementarios y terminales de pasajeros) es lo que ve el reporte. El desafío es materializar los proyectos calendarizados y revisar todos aquellos de infraestructura vertical para que sean planificados y ejecutados oportunamente. La inversión necesaria es de US$ 1.402 millones.

Puertos:

Hurtado indicó que si bien Chile ha alcanzado en el ámbito logístico buenas evaluaciones respecto de América Latina, estamos lejos de los países desarrollados e incluso perdiendo posiciones. Por lo tanto, se deben implementar medidas tendientes a lograr una mayor eficiencia en la gestión de los sistemas logísticos y reducir los costos derivados de la falta de servicios de infraestructura.

Lo último implica diseñar políticas apropiadas que se ajusten a las necesidades de cada zona portuaria. Así, en la zona norte, sin perjuicio de la carga en contenedores, la oferta de terminales graneleros es de vital importancia, igual que en la zona centro norte. Más al sur, el problema principal es la transferencia de carga en contenedores y, en la zona austral, se requiere el desarrollo de terminales de apoyo a la actividad pesquera y acuícola y facilitar la integración entre las áreas insulares y continentales.

Respecto del Puerto de Gran Escala, éste debe materializarse en la zona central. La política más adecuada sería priorizar ya sea Valparaíso o San Antonio y no seguir desarrollando ambos con la misma intensidad, dijo el dirigente. La inversión necesaria se estima al 2018 en US$ 2.645 millones.

Energía:

Por diversas razones, hoy existe un ambiente crítico para el desarrollo del potencial energético del país. Por lo que en el periodo 2014-2016 no habrá aumento alguno de la capacidad instalada de energía de base y los altos costos hacen más crítica la situación, señala el reporte. El país necesita de al menos 7.370 MW de capacidad instalada, algo que por ahora está lejos de concretarse. En esta área la inversión requerida sería de US$ 11.475 millones.

Vialidad interurbana:

En esta área se está incubando un déficit de US$ 25.000 millones en inversión, dice el ICD, de los cuales el fisco sólo podría aportar US$ 13.000 millones. La alianza público-privada es una adecuada forma de obtener recursos y ejecutar obras en beneficio del país y que el Estado no podría solventar, indica el informe. La inversión necesaria en los próximos cinco años es de US$ 10.345 millones.