Oficialismo dividido entre dos proyectos de reforma constitucional al agua

Por Miguel Bermeo T., Diario Financiero.

El gobierno se comprometió a enviar indicaciones durante junio a la comisión de Constitución de la Cámara, quienes esperan en julio votar y pasar a la sala para que sea discutida.

Un antiguo proyecto enviado por la presidenta Michelle Bachelet en enero de 2010 –en su primer mandato- será el que utilizará como base el gobierno para realizar la reforma constitucional que otorgue al agua el carácter de bien de uso público.

Según confirmó a Diario Financiero el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, la reforma constitucional que impulsarán “es el proyecto que presentó la presidenta Bachelet en 2010 y eso lo estamos trabajando en la comisión de Constitución de la Cámara”.

La otra opción

Las declaraciones del ministro, que tiene bajo su mando la Dirección General de Aguas, chocan con las aspiraciones que tiene otra facción del oficialismo, liderados por el senador (PPD) Guido Girardi, quien empuja un proyecto elaborado por él mismo junto a Pedro Araya (independiente), Alfonso De Urresti (PS), Antonio Horvath (independiente, ex RN) y Adriana Muñoz (PPD).

Expertos explican que el proyecto de 2010 eleva a rango constitucional las aguas como bienes nacionales de uso público y ratifica el derecho de propiedad.

En tanto, la moción de Girardi le quita el carácter de bien nacional de uso público (al declarar a las aguas como bien Estatal), elimina el derecho de propiedad, declara como de utilidad pública las aguas para expropiación, lo que sería un contrasentido porque las aguas al ser públicas no se pueden expropiar, e incorpora que la ley deberá establecer prioridades de uso, volviendo al sistema de la ley de reforma agraria, dicen entendidos.

Girardi comentó a este medio que el proyecto de 2010 de la presidenta “es como la LGE (Ley General de Educación) del agua. Es totalmente insuficiente y representa a la Concertación de 2010”. Además, indicó que “es ambiguo al establecer el agua como bien de uso público. Primero lo señala y después se desdice”. Por lo mismo, indicó que no aprobará ese proyecto y que empujará para que el Ejecutivo opte por el que presentó con otros parlamentarios. El senador dijo que esta posición se la presentó a otros parlamentarios y hasta al mismo secretario de Obras Públicas.

Los senadores Pedro Araya (PS) y Adriana Muñoz (PPD), más conciliadores, dicen que apoyarán la moción que presentaron con Girardi y no la que impulsa el gobierno. Si no, la introducirán como indicación sustitutiva en la comisión, señaló Araya.

El ministro es más cauto y explica que mirarán el resto de las mociones, porque “en todas hay cosas importantes que rescatar”. Sin embargo, es claro en su punto: “Esos (los proyectos de Bachelet y de Código de Agua) serán los ejes con los que trabajaremos”.

En tanto, el diputado miembro de la comisión de Constitución de la Cámara, Fuad Chahín (DC) dice que el senador Guido Girardi “tendrá que cuadrarse con lo que diga la presidenta. Vamos a trabajar en base a lo que avance el Ejecutivo”, sostuvo.

El trabajo avanzado

Undurraga precisó que ha estado trabajando en el Congreso en la Comisión de Constitución en este proyecto. De hecho, el ministro asistió a la comisión el pasado 15 de abril. Ahí, cuenta el diputado Fuad Chahín (DC), el gobierno pidió reactivar la iniciativa que había quedado estancada en 2010, cuando asumió el gobierno de Sebastián Piñera, sobre la base de requerir tiempo para analizarlo y emitir una opinión de éste, lo que nunca ocurrió, señala.

El diputado Chahín dijo que en su visita de abril, el gobierno se comprometió a enviar durante junio indicaciones al proyecto. Una vez que esto suceda, la idea es votar en la comisión durante julio para que ese mismo mes pase a la sala.

En todo caso, el proyecto está a la espera que la misma comisión despache a la sala otra reforma, al sistema binominal, hoy en discusión. Sobre la posibilidad de poner urgencia a la reforma del agua, Undurraga dice que no han definido todavía con cuál tipo de urgencia trabajarán cada uno de los proyectos de ley. “Lo importante es que hemos definido cuáles es el foco”, sostiene. En paralelo, el gobierno trabaja en la modificación al Código de Aguas con base en una moción parlamentaria presentada por varios diputados en 2011 y que hoy está en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara. Hasta acá ha asistido el Director General de Aguas, el Delegado Presidencial, Reinaldo Ruíz, y el mismo ministro.

Diferencias entre proyectos

Daniel Montalva, investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, analizó los dos proyectos de reforma constitucional. Así, señala que “el proyecto de Michelle Bachelet tiene como idea matriz elevar a rango constitucional la prevención de que las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan”.

Por su parte, el proyecto de Guido Girardi “lo que hace es establecer un derecho universal al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas. Es decir, pasa de ser una regulación del dominio o de la propiedad de los derechos de aguas a garantizar el acceso al agua”, explicó el investigador.

A su vez, “lo más importante es que establece que las aguas son del Estado y no bienes nacionales de uso público”.

En todo caso, Montalva opina que “el sistema que tenemos en nuestro país para la asignación y transferencia de derechos de aguas ha demostrado que funciona, sin perjuicio que es necesario corregirlo por ciertas deficiencias que han ido apareciendo con los años y a su vez, es necesario adecuarlo a los nuevos desafíos que trae consigo el cambio climático. Lo anterior no se resuelve dando mayores discrecionalidades a la autoridad o creyendo que por darle rango constitucional a que sea un bien de uso público se solucionarán todos los problemas que existen actualmente por causa de la sequía”.