Gobierno actualizará metodología para financiar proyectos que no califican para rentabilidad social
Por Manuel Valencia, Pamela Gutiérrez y Francisco Fuentes, El Mercurio.
Instructivo con nuevas ponderaciones para evaluar debuta este año:
Nueva fórmula permitirá que áreas verdes, ciclovías o medidas de seguridad vial sumen puntaje en lugar de restarlo, como sucede con el sistema actual.
Cuando en noviembre de 2012 entró en operaciones el aeródromo de Mocopulli, en la isla de Chiloé, con la promesa de reducir en media hora los viajes al continente, los problemas de cálculo de la obra se evidenciaron de inmediato: en el pequeño recinto de 700 m {+2} apenas cabían los pasajeros de los vuelos inaugurales.
¿Por qué no se construyó con mayor superficie? Carlos Piaggio, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción y ex jefe del Plan Chiloé, apunta a una causa: el sistema de evaluación social del Ministerio de Desarrollo Social. “No tenía rentabilidad social y decían que los costos eran muy altos para una isla donde iba a viajar muy poca gente. Hubo que dar una pelea para que la pista fuera de más de 1.000 metros y pudieran aterrizar aviones comerciales”, recuerda.
Así como este proyecto, que finalmente fue impulsado con la facultad de la Prioridad Presidencial, existe consenso entre los actores del tema de infraestructura en la necesidad de actualizar la metodología de evaluación de proyectos que maneja el Ministerio de Desarrollo Social. Esto busca evitar que iniciativas como puentes, caminos, embalses y aeródromos se formulen subdimensionados o no se ejecuten porque incluyen ciclovías o áreas verdes que, en la lógica del sistema, son amenidades que no entregan mayor valor a las obras.
Algo similar al aeropuerto sucedió con el Puente Chacao. La ex ministra de Obras Públicas Loreto Silva cuenta que para lograr la aprobación de la obra se trabajó en presentar claramente los beneficios asociados. “Se sinceraron los costos reales de la pavimentación en sectores alejados, como La Araucanía, para evitar que las licitaciones quedaran desiertas por falta de oferentes”.
El secretario técnico del Consejo de Políticas Públicas y ex biministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Cruz, plantea que otros aspectos como el ahorro energético “no están contemplados como mecanismos de evaluación, por lo tanto, cada vez que se hace un proyecto como ferrocarriles, estos quedan subvalorados en relación al modo carretero”.
El problema también afecta al Ministerio de Transportes. En los proyectos del sector explican que los modelos actuales no consideran beneficios como los menores tiempos de viaje y menor consumo de recursos.
Para resolver los déficits que presenta la formulación de proyectos actuales, el Ministerio de Desarrollo Social alista un plan de modificaciones que estará completo este año.
La subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, explica que los cambios recogen nuevas formas en cómo la sociedad valora aspectos que antes, probablemente, no se consideraban relevantes. “Estamos trabajando en incorporar temas que la sociedad valora, como por ejemplo, que al lado de una carretera haya áreas verdes o instalaciones deportivas. Anteriormente, en general, eso era considerado un costo del proyecto y tenemos que revisarlo”, señala.
La autoridad aclara que la metodología sí considera la demanda potencial que tendrá una obra, pero que muchas veces no se evalúa adecuadamente por problemas en los sistemas de información que tienen las carteras para proyectar la demanda.
El tema también será debatido en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Su presidente, el urbanista Luis Eduardo Bresciani, dice que la evaluación social debe incorporar variables de validación ciudadana a la priorización. “Los proyectos de movilidad son un ejemplo. Al no considerar beneficios como la movilidad no motorizada, el mejoramiento del espacio público, la recuperación urbana o la integración social, solo hacen viables proyectos de baja calidad que empobrecen a las ciudades”, opina.
A juicio del urbanista Iván Poduje, el sistema actual de rentabilidad social omite muchos beneficios de los proyectos. “En transporte considera solo el ahorro en los tiempos de viaje y omite muchos otros importantes como iniciativas que aporten en materia de seguridad vial o el mejoramiento del entorno. También subestima los costos, porque generalmente las iniciativas no conllevan una validación ex post y por eso no considera costos como los ambientales que también están inmersos en el proyecto final”.
Evaluaciones
El año pasado, el sistema nacional de inversiones revisó 4.427 proyectos por más de $6,7 billones.
