Opinión: Desafíos para la recuperación de barrios en Chile
Por Pablo Flores Pineda, Estudiante de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado . Ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Alberto Hurtado (2013).
Una de las 50 medidas de los cien primeros días del gobierno de Michelle Bachelet está relacionada con el inicio de la segunda versión del Programa “Quiero mi Barrio”. Este programa -enfocado principalmente a la regeneración urbana de barrios a partir de procesos participativos por parte de los vecinos- se ha mantenido en el tiempo desde hace ocho años, incorporando una vasta experiencia en la implementación y evaluación de la política en su trayectoria.
Si bien el objetivo del programa viene a enfrentar una problemática vinculada a las consecuencias colaterales que se desarrollan por las políticas “viviendistas” de los noventa, orientadas específicamente a la entrega de subsidios y la mercantilización del suelo urbano -en cuanto permitió un aumento sostenido de la segmentación en las ciudades y la desigualdad social- éste presenta una serie de elementos críticos y factores relevantes que se deben considerar para la nueva implementación de la política.
En primer lugar, hoy existe una institucionalidad que permite afrontar nuevos desafíos. La creación de la Secretaría Ejecutiva de Barrios le entrega una fortaleza en comparación a la compleja estructura con la cual se fue implementando el programa en su primera versión. La capacidad por realizar evaluaciones para una construcción de Tipologías de Barrios y las experiencias de los Consejos Vecinales de Desarrollo, generaría condiciones favorables para un mayor impacto cualitativo, y en proyecciones que 1) avancen a una mayor vinculación con problemáticas asociadas al barrio y 2) en una clara incidencia a la transformación del carácter del Estado en su política habitacional.
El avance a replantear el carácter del Estado en materia de vivienda debe comenzar como punto de partida en la concreción del Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). Este debe ser un elemento para la orientación del programa de cara a los problemas del país y hacia una mirada que se vincule la regeneración urbana con los desafíos en materia de política urbana a largo plazo. En este aspecto, es fundamental establecer permanentes lazos en conjunto al Consejo de Desarrollo Urbano, y que mire las transformaciones que ocurren en barrio, pero también inserto en las transformaciones que ocurren en la ciudad. Esto permitiría un esfuerzo estratégico de cooperación y alianza entre problemas urbanos, de vivienda y de barrio. Son pasos pequeños que avanzan a la dirección correcta.
Respecto a la implementación, una de las principales debilidades del programa en su primera versión -identificada por las evaluaciones de la Dirección de Presupuestos- es el impacto en cuanto a las obras finalizadas. Existió en la primera versión un retraso de los tiempos de entrega de las obras, que en esta versión no se puede repetir. Es necesario plantear la problemática en este período, considerando evaluaciones respecto a los procesos de la política, aplicando mejores mecanismos de control de gestión y coordinación interna con los actores relacionados. La colaboración debe ser estrecha con los alcaldes, porque un barrio no se construye solo a partir del MINVU, sino a partir del municipio, ya que el barrio es parte de una comuna y una ciudad.
Se hace necesario también acotar el programa en su impacto. La expectativa de intervención de un barrio con muchos problemas y población involucrada puede tener un alto impacto en sus resultados, pero esto no asegura que se cumpla con la calidad de los Planes de Gestión de Obras a tiempo, o la sostenibilidad de los Consejos Vecinales de Desarrollo en el futuro. Sería recomendable avanzar a concretar intervenciones en barrios más pequeños, donde resulte efectivo el trabajo con otros actores institucionales, para una aplicabilidad de la intersectorialidad del programa asociado a problemas de la infancia (con JUNJI, por ejemplo), juventud (INJUV), educación, salud (SAP), entre otros. Una manera sería integrar, entre otras cosas, la dimensión seguridad-convivencia, en una estrategia por construir con los habitantes formas de organización que permitan prevenir los actos antisociales o las faltas de todo tipo. Por ejemplo formar monitoras de la violencia intrafamiliar, diseñar espacios lúdicos para jóvenes, estudiar la posibilidad de escuela de segunda chance, o la alerta comunitaria como lo hizo Peñalolén y favorecer la corresponsabilidad frente a los espacios públicos en materia de mantención y definición de su uso.
Esta proyección implica necesariamente mayores niveles de coordinación con otros actores gubernamentales, pero también una coherencia sobre la orientación que suscita la vinculación con otros ministerios. Si no existen modelos de trabajo estables, en espacios de discusión y toma de decisiones que impliquen una mirada constante al programa, pueden ocurrir problemas si más aún el objetivo de este año implica la búsqueda de recursos complementarios en una posible variedad de objetivos.
Los aspectos señalados deben ir acompañados de una orientación en el Ministerio de Vivienda sobre el carácter de las políticas y la proyección por formular políticas que aborden el problema de la segregación urbana y desigualdad social. La orientación hacia los subsidios y la falta de iniciativa en lograr equilibrar el mercado de suelos, visualizan un campo mucho más complejo para la integración y equidad urbana a nivel de los barrios. Este es un desafío que implica necesariamente una mirada a largo plazo, que considere políticas públicas que transformen el carácter del Estado, de manera que podamos construir como habitantes, vecinos y ciudadanos, una sociedad más justa y solidaria.
