Retiro de vehículos “pirata” del transporte público crece hasta doce veces desde 2010
Por Valentina Mery, La Tercera.
Durante el primer semestre de este año han salido de circulación mil 200 autos y buses. Casos son el 67% de lo ocurrido en todo 2013.
Con la puesta en marcha del Programa de Fiscalización, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, lanzado en 2012, las cifras de retiro de vehículos de transporte de pasajeros informales o “piratas” han ido en aumento cada año (ver infografía), incrementándose hasta 12 veces en los últimos cinco períodos.
Sólo durante el primer semestre de 2014 se han realizado 1.200 retiros de vehículos piratas, equivalentes al 67% de las sanciones de todo 2013.
Paula Flores, jefa del programa, explica que esta iniciativa ha dado un gran impulso al control de los diferentes servicios informales que operan a lo largo del país. “Este tipo de servicios constituyen un riesgo para las personas que los utilizan, ya que no cuentan con las condiciones técnicas y de seguridad que exige la normativa (…) la presencia de transporte informal atenta contra aquellos servicios que sí están autorizados por el ministerio para trasladar personas y que cumplen con todas las exigencias”, asegura.
Para enfrentar esta realidad, en febrero de este año se promulgó la ley que aumenta las sanciones para quienes sean sorprendidos efectuando transporte informal de pasajeros. Con esto, se faculta a los inspectores del Programa de Fiscalización para efectuar inmediatamente el retiro de circulación de estos vehículos. También se aumentaron los propios controles.
“Antes de la promulgación de la ley, sólo Carabineros contaba con esta atribución. Ahora, cuando se verifica que un vehículo está realizando transporte público o escolar de pasajeros y no cuenta con los permisos otorgados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se procede a cursar la infracción y se lleva de inmediato el vehículo a los aparcaderos municipales”, subraya Flores.
Además, hasta antes de la promulgación de la ley, quien efectuaba un transporte pirata debía pagar una multa que llegaba a los $ 40 mil, pero si un vehículo era sorprendido en más de una oportunidad efectuando este servicio, no había una sanción adicional. Así, se llegó a detectar que más de un 10% de los vehículos infraccionados terminaban siendo reincidentes.
Con la nueva ley, en cambio, las sanciones van desde 3 a 15 UTM (entre $ 120 mil y $ 600 mil, aproximadamente), y también se aplican sanciones a reincidentes, con multas que van de las 5 a las 20 UTM (hasta $ 800 mil). Esto, además, del retiro inmediato de circulación del vehículo informal.
Para Luis Reyes, presidente de la Confederación Nacional de Taxis de Chile (Confenatach), la operación de los taxis piratas es una competencia muy desleal. “A nosotros nos perjudican, pero, más allá de eso, hay quienes ignoran que al tomar un vehículo informal decididamente arriesgan su vida”, manifiesta.
Durante 2013 se realizaron 1.782 retiros de vehículos informales, de los cuales 108 correspondieron a buses y minibuses, mientras que 1.674 fueron vehículos livianos, como taxis y colectivos.
Según el experto en transportes de la Universidad Diego Portales, Louis de Grange, “no son muy relevantes, en la normalidad de las calles, los vehículos informales, porque siguen siendo minoritarios. En Santiago el transporte pirata, si bien existe, en comparación con el transporte formal es mínimo. Otro tema es lo relacionado a la seguridad de los pasajeros, pero desde el punto de vista de la congestión, es poco significativo”.
Informalidad en buses
El presidente de la Federación Nacional de Buses de Transportes de Pasajeros (Fenabus), Marcos Carter, explica que “una mayor sanción a los buses informales es positivo. La multa es mucho más cara de lo que antes se pagaba, pero lo negativo es que aún existe el decreto 80, que permite que los piratas puedan seguir funcionando con un letrero que dice ‘ocasional’ y no sean multados”.
Según Carter, dicho decreto, del Ministerio de Transportes, es entregado por los seremis y autoriza a realizar trayectos de turismo, sin exigir mayores requisitos. “Con sólo poner un letrero en el bus, el decreto permite que puedan actuar haciendo servicios a larga distancia (…) con este permiso especial no se cumple con la seguridad que debe tener el usuario”, sostiene.
