Plan “antiesmog”: proponen impuestos a industrias contaminantes para financiarlo

Por Manuel Valencia, El Mercurio.

También se busca subir costo del tag a los vehículos con mayores emisiones del parque automotor de Santiago:

Expertos dicen que se requiere fuerte inversión estatal para hacer factibles las medidas que regirían desde 2016.

Cada año en Santiago se producen 4.599 toneladas de material particulado fino (MP 2,5), el componente del esmog más peligroso para la salud humana y que influye en la muerte prematura de más de 4.200 personas cada año. La propuesta del nuevo plan de descontaminación que regirá desde 2016 -adelantado el miércoles por “El Mercurio”- busca reducir en 50% esas emisiones hacia 2020, mediante una estrategia de 32 medidas que tendrá un costo de US$ 787 millones.

Según el estudio realizado por la consultora Mario Molina -autora del documento técnico-, de ese monto las empresas privadas y los santiaguinos deberán aportar el 55% ($476 millones) mediante diversas medidas, como el recambio de vehículos y de calefactores a leña. El 45% restante (US$ 353 millones) será financiamiento estatal.

“Es un mecanismo factible, de promoción de gasto y costo que no es muy distinto a los planes que ya se han implementado en la Región Metropolitana. Incluso el vigente tiene un costo mayor, de US$ 900 millones”, explicó el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier.

Así, para reunir los fondos se proponen impuestos especiales a cuatro “grandes emisores” ya identificados, emplazados en Quilicura, Renca, La Florida y Tiltil. También se plantea un cargo adicional en las validaciones del tag, según las emisiones que aporten los vehículos. Por ambos conceptos se estima una recaudación de US$ 66 millones (cerca del 20% del total que debe aportar el Estado).

El subsecretario del ramo, Marcelo Mena, dice que las cargas impositivas “se entrelazan con el impuesto verde incluido en la reforma tributaria. Es un plan que será más difícil que el original, porque las medidas más fáciles ya se abordaron en Santiago. Hay mucho que hacer en leña, transporte de carga y buses interurbanos fuera del Transantiago”, afirmó.

Para el director del centro Mario Molina en Chile, Gianni López, será clave que el Estado invierta, si no el plan puede fracasar. “En cinco años se pueden obtener resultados sustantivos. Los camiones y la leña están rezagados porque se requiere financiamiento del Estado. Donde han invertido los privados en el cumplimiento de normas, como el transporte público, se ha avanzado”, concluyó.

US$ 110

millones más barato que el actual plan de descontaminación (de 1994) es la nueva estrategia.

4.599

toneladas de MP 2,5 se emiten en Santiago al año. De ellas, el 48% proviene de estufas.

Otros impactos generados por la nueva estrategia

Después de conocerse la propuesta del plan, diversos sectores relacionados con las medidas reaccionaron por los cambios que deberán introducir. Gustavo Castellanos, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), dijo que las nuevas tecnologías de baja emisión o no fósiles, como la electricidad, podrán penetrar en Chile a medida que se hagan masivas en el mundo desarrollado. “En Estados Unidos solo el 2% de los vehículos son eléctricos. Tenemos que ir conociéndolos según cómo evolucionan”, comentó.

Las empresas del Transantiago se mostraron interesadas en los cambios. Víctor Barrueto, director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie (Actus), subrayó que el recambio de flota propuesto “coincide con el desgaste y envejecimiento de una gran cantidad de buses, producto de un ambiente hostil de operación, como la vandalización cotidiana. Con la salida de los articulados se pasará a Euro VI y con ello a una flota ecológica, y los futuros corredores, como el de la Alameda, se prestarán para buses eléctricos o híbridos”. En tanto, el gerente comercial de las estufas Bosca, Tomás Silva, opinó que, en lugar de prohibir la leña, “se debe restringir su uso en el área metropolitana y permitir calefactores certificados en el resto de la región”. Una apreciación distinta tuvo Pablo Rebolledo, gerente general de Amesti: “Hay muchísimo que hacer con la leña en vez de prohibirla. Las estufas están certificándose con las mejores normas y la Superintendencia de Electricidad y Combustible debe fiscalizarlas”.