Falta de coordinación dificulta el desarrollo de infraestructura
Por Pamela Gutiérrez, El Mercurio.
Hay proyectos urbanos en los que pueden intervenir hasta 25 instituciones:
Como el crecimiento del país ha generado proyectos transversales a las ciudades, surge la falta de institucionalidad que coordine normativas de ministerios, municipios, servicios y empresas.
El combate de la contaminación, cableado en desuso y, últimamente, el surgimiento de conurbaciones, son algunos temas que tienen algo en común: la cantidad de instituciones que intervienen en ellos y que, muchas veces, no se logra una coordinación, producto de vacíos legales. ¿El resultado? Nulo o muy lento avance en las obras que se requieren para el mejoramiento de las ciudades.
El problema de vacíos legales o dificultad de coordinación de instituciones se ha ido manifestando a medida que ha crecido la economía del país y, por lo tanto, los proyectos empezaron a ser transversales en las ciudades.
“Es producto del crecimiento económico y de que somos más ricos como país. Lo que estamos abordando son grandes temas”, dice el gerente de estudios de la Cámara de Chilena de Construcción, Javier Hurtado.
Plantea que en algunos proyectos, como los mineros, se requieren hasta de 1.000 permisos para llevarlos adelante y el privado tiene que lidiar con cada uno de ellos: “Es una locura”, dice Hurtado.
La Cámara Chilena de la Construcción lanzó un estudio a finales de 2013, donde analizaba proyectos urbanos como autopistas, el metro y parques, en los que intervienen al menos 25 instituciones entre ministerios, municipalidades, consultoras, servicios públicos, por nombrar algunos (ver recuadro).
Hurtado indica que el desafío más reciente lo presentarán las conurbaciones, es decir, dos comunas que han crecido tanto que se convierten en casi un solo territorio, pero con normativas de dos comunas distintas.
Respecto de las múltiples intervenciones, el intendente metropolitano Claudio Orrego ejemplifica en los temas de medio ambiente: “Hay lugares de Santiago donde se ocupan las estufas a leña; en otros, hacen quemas; también hay carritos ambulantes que hacen fuego en la vía pública. ¿De quién es el problema? ¿De tal o cual comuna? ¿O de la ciudad como un todo? El que crea que va a descontaminar Santiago desde las comunas o desde el sector particular de medio ambiente, está absolutamente equivocado”, asegura Orrego.
Sostiene que en esta área deben intervenir el Ministerio de Transportes, las comunas y, además, hay que hacer educación ambiental a la ciudadanía y fiscalizar. “La Superintendencia de Medio Ambiente tiene cuatro inspectores para toda la Región Metropolitana, con 6,6 millones de habitantes”, dice el intendente.
Para el decano de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, Pablo Allard, “hay muchos ejemplos más simples en la ciudad, que son también más complicados, donde se ven vacíos de regulación y coordinación, como la contaminación visual que producen los cables”. El 60% de los cables que cuelgan de los postes son inertes y fueron puestos por empresas de telecomunicaciones. El problema, plantea el académico, es que no hay incentivos para que sean retirados.
Otro problema es la ruptura de espacio público: llega la empresa de gas, y rompe; después aparece otra empresa, y así sucesivamente. “No hay información concentrada de dónde pasan redes de electricidad, de agua en nuestra ciudad”, plantea Allard. Agrega que en otros países está el plan “cave seguro”, donde la municipalidad marca los ductos existentes, para que otra empresa no los pase a llevar.
Ejemplos
El estudio “¿Quién gobierna las áreas metropolitanas en Chile?”, de la Cámara Chilena de la Construcción, catastró los proyectos y la cantidad de instituciones que intervienen.
Plan de autopistas urbanas:
25 instituciones, de las cuales 11 son municipios, con su propia normativa.
Parque La Aguada:
21 instituciones, entre las que se cuentan cinco municipios y cuatro ministerios.
