Cárceles y ruta Melipilla-Camino de la Fruta: las concesiones que acumulan más multas
Por Pamela Gutiérrez, El Mercurio.
Cursadas por el Ministerio de Obras Públicas desde agosto de 2010 hasta junio de 2014
Ambas registran más de US$ 75 millones en sanciones económicas. Faltas en contratos y sobrepeso de los reos entre los motivos que explican los cobros.
Las cárceles y la ruta Conexión Melipilla-Camino de la Fruta (G-60) (ver nota relacionada) son las dos concesiones que han acumulado el mayor número de multas por incumplimiento en los ítemes establecidos en los contratos entre la empresa y el Ministerio de Obras Públicas, según se desprende del análisis de las sanciones establecidas por la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), al que tuvo acceso “El Mercurio”.
El período de análisis disponible corresponde del 23 de agosto de 2010 al 3 de junio de 2014.
Sobrepeso en reos
Las cárceles concesionadas acumulan multas por US$ 1.483.108 desde octubre de 2010 hasta el 9 de abril de este año. Los principales ítemes de incumplimiento se producen por el sobrepeso de los internos y por no alcanzar las metas de horas de atención médica.
Las cárceles concesionadas están divididas en tres grupos: Grupo 1, a cargo de BAS, que administra los recintos de Iquique, La Serena y Rancagua; Grupo 2, de la concesionaria Sodexo, que controla las cárceles de Antofagasta y Concepción (El Manzano 2), y Grupo 3, adjudicado a la empresa Vinci y que tiene a su cargo los recintos de Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt.
Los principales incumplimientos de los recintos de los Grupos 1 y 3 tienen que ver con indicadores de alimentación (aporte de calorías, grasas y carbohidratos) y no cumplir con los estándares del test nutricional.
Según los contratos, en una muestra del 10% de los internos sanos, el 80% de ellos debe presentar un estado nutricional normal. Si ello no se cumple, se aplica multa.
En la argumentación de las concesionarias en el proceso de sanción, estas dicen que “el porcentaje de cumplimiento exigido en las bases de licitación no se condice con la realidad del país” y que “debe considerarse que en el establecimiento penitenciario se observan elementos como el sedentarismo propio de la condición de reclusión, que debe ser considerado por la autoridad, lo cual se ve agravado por el libre acceso al servicio de economato (quioscos) y alimentos ingresados por las visitas”. Además, exponen que la asistencia a las actividades deportivas es voluntaria.
Fuentes de la industria, que pidieron no ser identificadas, explicaron que en los presidios hay dietas especiales para los internos, según las patologías que padecen. Pero nada impide que el reo compre en los quioscos del economato.
Tras una larga negociación entre el MOP y las concesionarias, a propósito de la densificación de las cárceles, se aprovechó de adaptar los parámetros de alimentación y de sanción al sobrepeso. En el decreto 272 del 13 de septiembre de 2013 se estableció, por ejemplo, que la muestra nutricional aplicada al 10% de reos sanos, tiene como condición que hayan estado al menos seis meses en el recinto. Con ello se puede establecer si ese sobrepeso está originado en el presidio.
Las cárceles concesionadas deben entregar un determinado número de horas médicas en el presidio. Los concesionarios deben contar con horas de médicos generales, internistas, traumatología, urología, oculista, ginecología, matrona, dentista y nutricionista.
Lo que argumentan los concesionarios en el proceso de sanción, en el caso de incumplimiento de horas de oftalmología, es que “la especialidad se encuentra en crisis en nuestro país, particularmente en el sector público, tal como ha venido consignando la prensa”. En el caso del establecimiento Santiago 1, según el informe del 12 de agosto de 2013, “ha sido extraordinariamente difícil conseguir médicos de esa especialidad”.
Las fuentes aseguran que se trató de “situaciones puntuales, en momentos específicos, porque la salud que se provee a la población penal es de buena calidad”. Ponen como ejemplo que las mamás que tienen allí a sus hijos cuentan con pediatra y que la leche la adquiere el concesionario.
Proceso sancionatorio
La fiscalización de cada una de las obras concesionadas le corresponde al inspector fiscal que depende del Ministerio de Obras Públicas. En caso de detectarse algún incumplimiento, se inicia un proceso sancionatorio a través del cual el inspector fiscal evalúa la situación, requiere informes técnicos y propone una sanción. Finalmente, es el director general de Obras Públicas quien adopta la decisión y notifica a la empresa, a partir de los antecedentes tenidos a la vista. Las multas aplicadas pueden ser recurridas por el concesionario. Para ello tiene diferentes mecanismos contemplados en la ley.
US$ 73 millones acumula firma que abandonó obras en ruta
La conexión Camino a Melipilla – Ruta de la Fruta (Ruta G- 60) es un proyecto de 31 kilómetros, adjudicado en octubre de 2008 a Comsa Chile, filial de la española Comsa Emte. Pero en junio de 2012, tras la denuncia del alcalde de Melipilla, salió a la luz el abandono de la empresa a esta obra, siendo la única que ha dejado un contrato a medio camino en la historia de concesiones. Hoy Comsa Chile está en manos del síndico de quiebras Patricio Jamarne.
El itinerario de las multas da cuenta de las dificultades de la empresa. La primera, de 450 UTM ($17.333.100, cifra de esa fecha), se aplicó el 16 de agosto de 2011, por incumplimiento de obligaciones ambientales en la ejecución de faenas.
En 2012, la situación comenzó a agravarse: las multas se acumularon principalmente por el incumplimiento del 30% de la obra. Ese año, finalizó con sanciones que alcanzaron a US$ 3.431.499.
En marzo de 2012, la empresa envió un hecho esencial a la SVS, en que anunciaba una comisión conciliadora para tratar discrepancias con el MOP, producto de saneamientos de canales y otras modificaciones no contempladas en el diseño original.
En 2013 el MOP aplicó, en solo un evento, 308 multas de 450 UTM, equivalentes a US$ 813.419, por el incumplimiento de avance del 30% de los trabajos.
Este año, desde el 20 de enero hasta el 14 de mayo, la empresa acumuló multas por US$ 58.984.340 millones. Las más duras corresponden a los incumplimientos de hitos de avance del 50% y 70%. En total, ha acumulado US$ 73.352.783.
Esta obra fue uno de los dolores de cabeza para el MOP desde que Laurence Golborne era ministro. En enero de 2013, el MOP recurrió a la justicia para poder recuperar el acceso a las obras, y así poder intervenir en los trabajos inconclusos.
Hace un par de semanas, el MOP relanzó la licitación del proyecto, para, por fin, concluir los trabajos.
A juicio del secretario técnico (i) del Consejo de Políticas de Infraestructura y ex biministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Cruz, esta situación “se relaciona con la mala calidad del contrato; y que en los procesos de licitación se permite la participación de empresas de alto riesgo”.
Agrega que como en Chile se licita por el mejor precio, “hay pocas precauciones para seleccionar a los concurrentes para este tipo de contratos. Es una tremenda advertencia para que Concesiones tome las precauciones necesarias”.
“El Mercurio” concurrió a la entonces oficina de la empresa, y constató que Comsa Chile ya no existe. Se envió también un correo con la empresa en España, sin respuesta.
