Máximo Pacheco: “Como Estado apoyaremos los proyectos con RCA de manera activa, incluso gestionando los permisos”

Por G. Orellana y J.T. Santa María, Pulso.

Pacheco da su apoyo explícito a Alto Maipo, reconoce que no se puede llegar a un consenso absoluto y dice que no está vedado el desarrollo hidroeléctrico en Aysén. Ve como opción que las empresas compartan parte de las utilidades que dejan las centrales con las comunidades.

La ambición es, hasta ahora, el sello de la gestión de Máximo Pacheco Matte -economista, 61 años, ex ejecutivo de grandes corporaciones y militante socialista- en el Ministerio de Energía. Ambicioso por las metas que se impuso. Algunas: destrabar los proyectos, desarrollar una agenda energética y elaborar once proyectos de ley. ¿Sus definiciones? Pacheco explica que el Gobierno apoyará decididamente a los proyectos que cuenten con RCA y que estén en el plan de obras de la CNE incluso gestionando la obtención de permisos con otros ministerios.

En esta pasada, Pacheco se siente capaz de armar el puzzle eléctrico que, hasta ahora, nadie ha podido resolver.

Se han hecho antes otras propuestas como el CADE y la Estrategia Nacional de Energía del ex ministro Alvarez. ¿Por qué esta sí debiera funcionar?

Porque tenemos la sensación de que como país este es un tema de fondo. Hay una sensación clara de que esto no da para más. Segundo: porque a diferencia de los ejercicios anteriores, este se inicia con la constatación de que lo que se requiere es construir un consenso y construir una legitimidad social para una política. Como punto de partida, esta no es una conversación entre especialistas, entre técnicos. Esta es una conversación que deben tener los sectores público y privado con la sociedad. Eso nos permitirá salir del entrampamiento.

El ejercicio de incorporar a las comunidades, los opositores y las empresas a esta discusión. ¿Qué resultado ha dado?

Está cambiando el clima. Está cambiando la sensación térmica. Creo que es difícil encontrar en la economía chilena un sector donde haya más atractivo por invertir que en energía. Pero esto no se puede hacer si las empresas no llegan temprano a las comunidades, y si nosotros como Estado no garantizamos que los procesos y autorizaciones tienen la debida legitimidad para no terminar en la judicialización. Además necesitamos que haya una comprensión cabal en la sociedad de que el bien común existe, y que esto se trata de recuperar nuestro ser colectivo. Como sociedad tenemos que entender que existe el bien común. Lo hemos dicho con todas sus letras: sin energía no habrá crecimiento.

Usted ha criticado la falta de competencia en el sector. ¿Cuáles cree que son las consecuencias de tener un mercado de generación tan concentrado?

Nos hace mal. No conozco a nadie que haya desarrollado su musculatura mirando como otras personas levantan pesas. Si uno quiere desarrollar su musculatura, tiene uno que mover las pesas. Eso es lo mismo que le pasa a las empresas, les hace mal el no tener competencia. Las empresas son mejores y hacen mejor las cosas cuando sienten el rigor de la competencia. Para nosotros es muy importante traer esa competencia. Esto lo dice el Fiscal Nacional Económico. Pero estamos enfrentando este tema.

¿Hay interés de actores internacionales por ingresar al mercado eléctrico en Chile?

Dedico más de la mitad de mi tiempo para recibir a inversionistas, tanto a los nuevos entrantes que quieren vender mejor algunos aspectos de la política energética, como a aquellos que están desarrollando proyectos y que necesitan el apoyo del Estado para acelerar la ejecución de los mismos. Es decir, cumplir con el eje número seis de nuestra agenda, que es darle un impulso a los proyectos energéticos. Tenemos interesados de Europa, Asia y América Latina. Y para el sector de transmisión tenemos interesados de América Latina.

Las empresas dicen que sí han presentado proyectos, pero no los han podido desarrollar y hay casos emblemáticos como HidroAysén, Castilla, Barrancones y otros que si hoy estuvieran en construcción no tendríamos este problema de estrechez hacia futuro.

A mí no me atrae dedicarle mucha energía a explicar el pasado. Alrededor del pasado hay un consenso. Esta es una tarea pendiente. Tenemos un retraso y no lo hemos hecho muy bien en este sector. Ese es un acuerdo. ¿Qué es lo que me importa hoy? Que para que los proyectos de energía se puedan realizar hay que cambiar la forma en que hemos hecho esto. Esto parte por el Estado, entendemos que aquí hay un conjunto de modificaciones que hay que introducir en el marco regulatorio. No es casual que la Agenda de Energía que ha recibido tanto apoyo y respaldo de distintos actores considere once proyectos de ley. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenderemos que hacer muchos cambios al marco regulatorio.

Usted -lo dijo en un Icare- plantea que la misma gente que reclama por el alza de la energía no quiere que le instalen una central al lado de su casa.

He aprendido recorriendo Chile, porque he visitado más de 28 lugares y comunas de Chile con encuentros de energía. La gente dice ministro, muy importante este proyecto, Chile necesita este proyecto. Pero no aquí. Entonces al final yo también creo que la sociedad está comenzando a entender que nosotros hemos enervado nuestro individualismo. Y nosotros tenemos que encontrar un equilibro entre nuestros legítimos intereses individuales y nuestro ser colectivo.

¿Qué puede hacer el Estado en esa dicotomía?

Un poco lo que estamos haciendo hoy día, poner esta discusión en la sociedad. Hemos entendido lo importante que es que la gente entienda la problemática que tenemos en el sector energético. Chile tiene los precios de electricidad más altos de América Latina por el déficit de energía y de infraestructura que hemos acumulado. No se han hecho las inversiones y no ha habido suficiente competencia. Tenemos que abordar esos dos temas. La cuenta de la luz no sube porque el gobierno decreta o porque a alguien se le ocurra.

¿Va a preocuparse de que el ministerio defienda los proyectos que tienen su RCA?

Absolutamente. Como Estado queremos que los proyectos de energía se hagan, respetando la ley ambiental y de manera amigable con las comunidades. Una vez que un proyecto ha sido presentado y está con todos sus permisos correspondientes, nosotros vamos a apoyarlos no de manera pasiva, lo vamos a hacer de manera activa ayudando a que consigan todos los permisos porque una vez que uno aprueba una resolución ambiental hay muchos permisos que obtener, de construcción, de diversas agencias del Estado. Como ministerio tenemos una unidad de gestión de proyecto, de profesionales calificados, ingenieros, abogados, y que trabajan justamente ayudando a que esos proyectos se realicen. Yo llevo el detalle de los proyectos y los reviso quincenalmente con ellos, vemos donde están las trabas que existen para tratarlas si corresponde con mis colegas ministros si no con los jefes de servicio correspondientes, de manera de asegurar que estos proyectos se hagan y cumplan con sus calendarios y con sus días de puesta en marcha.

En el mismo sentido y para preguntarle por un proyecto específico, ¿qué le parece Alto Maipo? Es un proyecto que ha despertado oposición e incluso hemos visto diputados con chapitas en contra del proyecto y que despierta oposición social.

El proyecto Alto Maipo cuenta con todo el apoyo del Gobierno. Este proyecto forma parte del plan de obras de la CNE, es un proyecto que ha sido presentado por el titular, aprobado, con su RCA al día, es un proyecto que ya inició su construcción, hay 1.300 trabajadores desarrollando la faena y creo que es muy importante por varios motivos: está cerca de Santiago, que consume un tercio de la electricidad del país, es una central hidroeléctrica, que es energía limpia y barata y es una central de pasada. Hemos dicho con todas sus letras que queremos justamente privilegiar la hidroelectricidad y en lo posible proyectos de pasada. Lo que esperamos es que este proyecto se realice y se construya en plazo, de manera que pueda ser inaugurado durante el mandato de la presidenta Bachelet.

En el sector energético uno ve una discusión de símbolos: no al carbón, las termoeléctricas matan, las Torres del Paine llenas de cables… ¿Ve eso como un problema dentro de la discusión energética?

No. Lo que yo sí le reconozco es que este es un sector muy estratégico, muy grande y gravitante y por lo tanto donde hay muchos intereses. Y yo no soy ingenuo, sé que detrás de cada argumento está la defensa de un cierto interés corporativo. Por tanto no es que me incomode eso, sino que lo atribuyo a parte de lo que es la realidad, eso es parte del tablero de juego. Aquí hay intereses, no todo son discusiones técnicas. Por tanto me parece razonable, si la sociedad se compone de actores que tienen intereses distintos y que se contraponen con bastante fuerza porque son grandes intereses, no son cosas chicas ni menores. Chile vive en una democracia plena. Nosotros no aspiramos a tener la unanimidad de opiniones en todo. Nosotros entendemos que aquí puede haber una discusión y un debate público que le hace bien al país.

¿Cuál es su modelo ideal de sistema de compensaciones a las comunidades?

Nosotros estamos hablando ahora de asociatividad, no de compensaciones. De aquí a fin de año vamos a presentar un proyecto de ley de asociatividad que permita reconocer que detrás de estos proyectos de energía hay una oportunidad para que las comunidades que acojan estos proyectos se beneficien de ellos. Que representen bienestar social, progreso, y oportunidades de movilidad para esas comunidades. Lo que estamos discutiendo es entender cómo enfrentamos este tema de construir asociatividad entre las comunidades y los proyectos. Y esto tiene varios elementos: no parece razonable que las compañías de energía tengan sus instalaciones distribuidas por todo Chile y paguen sus patentes comerciales en Santiago; no parece razonable que zonas que son grandes productoras de energía eléctrica en Chile paguen el doble que un hogar santiaguino. Una cuenta promedio de 150 kw/h mes en Santiago vale $14 mil y en San Clemente, Santa Bárbara, Mejillones, Tocopilla, Coronel, cualquiera de las grandes comunas productoras de energía, vale $28 mil. Tampoco es razonable que si estos proyectos se instalan en una comuna, y el alcalde pregunta ‘¿cuál es el beneficio para nosotros?’ y la respuesta sea que durante la construcción habrá empleo. Eso no es suficiente, hay que buscar la manera de generar un ingreso permanente para las comunas que acojan estos proyectos. En eso estamos trabajando con el ministerio de Hacienda, Interior, Subdere, Medio Ambiente, y con estas mesas que hemos armado.

¿Es posible pensar que las empresas compartan parte de las utilidades generadas por una central con la comunidad?

Sí, es posible, y es parte de la discusión que está ocurriendo.