Opinión: La tarificación (vial) del espacio público
Por Rodrigo Gil Camps. Arquitecto de la Universidad de Chile y Master Arquitecto de la UPC Barcelona. Socio de TNG Arquitectos, donde ha desarrollado su práctica tanto en el diseño arquitectónico como en el ámbito de consultorías ligadas a temas urbanos y arquitectura de transportes. Ha sido profesor invitado en las Universidades de Santiago y de Talca.
A principios de este año se hizo público un estudio de SECTRA sobre tarificación vial, lo que generó una animada polémica dado que sus resultados no recomendaban avanzar en la implantación de esta medida, en vista de que solo un 5% de los usuarios potenciales habría estado dispuesto a “bajarse del auto”. Asimismo la interpretación de destacados expertos hacía ver que esta medida no era “la solución” al problema si no solo una herramienta más, al tiempo que presentaba aspectos cuestionables. Por unos meses dejó de ser tema. Sin embargo, con la creación de la denominada comisión “anti tacos” , la Tarificación Vial vuelve a la palestra, particularmente al ser desenterrada por el presidente de la comisión en cuestión, quien envió un proyecto ley al respecto, el año 1991.
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Los beneficios que supone este control de demanda se explicarían solos: se cobra por el uso de las calles, y por lo tanto se reduce la congestión, de hecho se propone que la existencia de un cobro podría incluso aumentar la capacidad. Simple, y en cierta medida creíble, ya que estudios hechos en autopistas concesionadas en Santiago indicarían sensibilidad a la tarifa. Pero no es tan fácil: la tarificación es cara de implementar, si los cobros son bajos se transforma solo en otro impuesto sin efectos mientras que para ser efectiva el cobro debe ser alto, lo que la hace regresiva. Además la sensibilidad al precio detectada en autopistas urbanas (que también están saturadas) no anticipa el mismo comportamiento en las calles.
En una conversación monopolizada hasta aquí por la mirada “técnica”, enfocada en capacidades viales, vehículos hora y recursos, quiero llamar la atención sobre otros aspectos relevantes, que han tenido poca consideración en el debate, y cuya atención podría ser un argumento suficiente para descartar la idea de tarificar.
La discusión se formula en términos de “espacio vial escaso”. Sin embargo esta aproximación no aborda la totalidad del problema, ya que ese espacio vial, en el caso de las calles es antes que vial, espacio público. Si comprendemos este espacio solo en base al calificativo vial, no estaremos clasificándolo y entendiéndolo como corresponde. Cuando hablamos de tarificar estamos hablando de vías en zonas urbanas céntricas y altamente generadoras de valor. No son solo “vías”, como lo son las autopistas concesionadas. Son calles, espacios de movilidad y vida urbana, donde la decisión de qué hacer con el espacio público es anterior a la decisión de cobrar o no por su uso. De hecho son justamente los sectores que se pretende tarificar los que debieran evolucionar a soluciones acordes al concepto de Complete Street, en vez de reforzar los espacios destinados a vehículos motorizados particulares.
Sabiendo ya todos que el uso del automóvil privado nunca será la solución a la congestión, cabría preguntarse si la distribución actual de la faja es la que queremos: ¿no preferiríamos acaso peatonalizar algunas calles, o destinarlas en parte a ciclovías o mejor aún, a transporte público o incluso a áreas verdes, antes que cobrar arriendo a su peor uso alternativo dejando todo igual? Que hoy una porción importante del espacio público en calles de alto valor esté destinada al automóvil particular no implica que deba seguir siendo así en el futuro.
Ahora bien, una vez definido qué hacer con nuestro espacio publico, podríamos igualmente concluir que para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de la faja destinada a vehículos motorizados es necesario restringir la circulación, para que no se sature, pero… ¿por qué deducir sin mayor reflexión que se deba cobrar por ello? ¿Porqué tenemos que asumir que para que circulen menos autos por una vía esta se debe tarificar? ¿No son acaso cosas distintas, la única idea que se nos ocurre para administrar un recurso escaso es aplicar una tarifa?
Cobrar por el uso del espacio público parece desde ya una contradicción en los términos. ¿acaso no era público, porqué me cobran? En el ámbito de lo público, concepto definido justamente por la equivalencia de los ciudadanos independiente de sus ingresos, cabe preguntarse si es el cobro la mejor manera de asignar un recurso escaso. Existen otras maneras de abordar en conjunto, este problema común, formas de asignación de recursos que no sean socialmente odiosas como la tarificación, como lo puede ser una restricción vehicular por dígitos de patente u otra alternativa más ingeniosa. La congestión es un problema común y el espacio público es de todos, ¿por qué no asignar un recurso escaso con un espíritu más democrático, repartiendo el esfuerzo entre los ciudadanos en vez segregar por ingreso?
Tarificar hará que los tomadores de decisiones, que en general van en auto y tienen ingresos más altos, vean resuelto su problema de movilidad inmediato, postergando la urgencia de contar con mejores respuestas globales. La tarificación es una medida regresiva y poco creativa, muy bien vista por quienes tienen vehículos de varios cientos de UF y estarían felices de pagar y volver a disponer de “sus” calles despejadas como antes, sacando de ellas a los grupos medios y bajos que han obtenido acceso al automóvil en la última década. No es lo mismo aplicar este tipo de “tarifas” en sociedades igualitarias que en sociedades desiguales, en estas últimas el cobro se equipara a la segregación. Además al cobrar por lo público surgen consecuencias indeseadas, como lo es el incentivo perverso que se genera en los municipios o en quien cobre. Es lo que pasa actualmente con los beneficios que reciben los municipios por la publicidad en calles y autopistas. Polución visual, y un perjuicio colectivo al que los municipios tienen pocas ganas de renunciar, ya que obtienen recursos. Si transformamos algo indeseable en fuente de ingresos públicos, después no tendremos como quitárnoslo de encima. Este problema puede ser relativizado si el “impuesto” es trazable, destinando las ganancias generadas por el “perjuicio” a beneficios en el mismo ámbito, pero ese proceso es difícil de asegurar.
La congestión vial que estamos viviendo es un anuncio de que debemos buscar nuevas soluciones, y ya es un consenso que estas no pasan por mejorar la eficiencia de los desplazamientos en vehículos particulares, mas bien al contrario, desincentivando su uso. La tarificación vial es un paso en la dirección incorrecta, ya que profundiza un modelo errado de movilidad y además impide la condición de gratuidad, aspecto fundamental para que ese espacio compartido que nos hace ciudadanos pueda seguir siendo llamado público.
