“La calidad de vida urbana se verá amenazada si no resguardamos las vías de conectividad y áreas verdes”
Por Karen González T., La Tercera.
Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Ley que se discute en el Congreso busca recuperar terrenos perdidos desde 2004 y que permiten unir calles o consolidar parques.
En 2004, un cambio a la Norma General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) provocó que todos los terrenos que tenían afectación de utilidad pública comenzaran a caducar. Es decir, gran parte de aquellas fajas de tierra que, aún siendo de propiedad privada, el Estado había reservado en los planes reguladores para construir futuros ensanches o conexiones de calles, o para consolidar nuevas plazas y parques, se perdieron.
En ellos, empezaron a levantarse principalmente desarrollos inmobiliarios, por lo que en distintas ciudades ya no se pueden concretar ni conexiones viales ni levantar nuevas áreas verdes.
Según los antecedentes recopilados por el Ministerio de Vivienda, en Chile hay 48 comunas con problemáticas de este tipo que no podrán solucionarse, mientras, en la Región Metropolitana, el 79% de 5.753 hectáreas proyectadas como áreas verdes se convertirán en condominios o zonas industriales.
Por esto es que en 2013 la administración anterior ingresó al Congreso un proyecto de ley que buscaba reponer la afectación de utilidad pública a estos terrenos. Algo que el actual gobierno ha mantenido, mediando algunas modificaciones.
La semana pasada, el proyecto fue aprobado en el Senado y enviado a último trámite legislativo en la Cámara.
El gobierno le puso urgencia, ya que espera su aprobación antes de que caduquen las últimas reservas en 2015. Ya que como explica la ministra de Vivienda. Paulina Saball, “hoy tenemos situaciones irreversibles”.
¿Qué problemas causó la caducidad de estas reservas?
En la medida en que empezaron a caducar esas afectaciones se empezaron a otorgar otras normas urbanísticas a esos terrenos de privados y se empezaron a consolidar permisos de construcción. Una situación compleja es, por ejemplo, las avenidas Estadio y El Salto de La Serena, que daban conectividad de áreas densamente pobladas. Caducaron y hoy hay una construcción de cinco pisos que impide la conexión de ambas calles.
¿Qué va a pasar con esas situaciones?
Lo que salió del Senado es que una vez que se promulgue la ley se reactiven las afectaciones de aquellas vías sobre las cuales no se han otorgado permisos ni se ha construido, porque no se está pensando retrotraer cuando los permisos ya están concedidos.
Privados
¿Qué compensaciones tendrían los privados?
No queremos dejar a los particulares en nada. Lo primero es permitir que en la zona que va a estar afecta por la expropiación, el privado pueda construir una vivienda de dos pisos. En segundo lugar, si ya tiene algo construido, lo pueda conservar e incluso, si eso construido se destruye fortuitamente, lo pueda reconstruir. Pero si el privado quiere construir algo de mayor envergadura de lo permitido, podría hacerlo, pero debe renunciar a la indemnización al momento de la expropiación. También se está eximiendo el pago de contribuciones de la parte que afecta a expropiación. Y, además, tiene derecho a pedir que la municipalidad haga un plano de detalle en el que se especifique exactamente el área con la afectación.
¿De qué se trata esta figura nueva del plano de detalle?
Es un instrumento que busca mirar el terreno para saber con precisión cuál es la zona que en definitiva está afectada.
De no aprobarse la ley, ¿cuáles serían las consecuencias?
De no aprobarse significaría un gasto inimaginable al Fisco cada vez que quiera construir una calle. Desde el punto de vista programático, la calidad de vida urbana se verá amenazada si no resguardamos las vías de conectividad, las áreas verdes y espacios públicos.
El proyecto presentado por el gobierno anterior contemplaba compensar a los propietarios, pero ustedes lo modificaron. ¿Por qué?
Esa indemnización a los privados tenía como base lo que ellos podrían haber construido en ese lugar, de habilitar ahí la norma urbanística vigente en los terrenos aledaños. La discusión de nosotros en el Senado es que si uno indemniza eso, está indemnizando la mera expectativa, porque no tiene esa norma urbanística.
Hay muchas comunas que ya hicieron los cambios en sus planes reguladores. ¿Cómo se va a modificar en esos casos?
Los que tienen un plan regulador moderno son los que menos problemas tienen. Este está en aquellos en que el plan regulador es antiguo, las afectaciones han caducado y hoy están en terreno de nadie. En el proyecto hay un artículo transitorio que señala que una vez promulgada la ley volverán a estar afectadas todas las áreas que no estén constituidas con permisos, pero se abre un período de seis meses en el cual cada municipio, en coordinación con las seremis de Vivienda, podrá retirar del listado de afectaciones aquellas vías que ya no son necesarias.
