Hospitales de Santiago no tienen recepción de obras, pese a ley que buscó regularizarlos
Por René Olivares y Nadia Cabello, El Mercurio.
Contralor aseguró que en el 90% de los casos, los recintos se ponen a funcionar sin permiso:
Una norma transitoria, aprobada por el Congreso en 2009, dio un plazo de cinco años -que expiró en enero- a los hospitales para ponerse al día.
El caso de la cafetería del Congreso Nacional, que funciona sin su recepción de obras municipal, dejó de manifiesto los problemas legales que tiene la infraestructura pública. Porque no se trata de una situación aislada, pues una investigación de “El Mercurio” detectó que la mayoría de los hospitales de Santiago no cuentan con los permisos necesarios para su funcionamiento.
Requeridos a través de la Ley de Transparencia, cinco de los seis servicios de salud de la capital informaron sobre los permisos municipales.
Y en el caso de nueve recintos, la respuesta de las distintas autoridades fue que no contaban con ellos. Muchos atribuyen la inexistencia de estos documentos a la antigüedad de las construcciones; sin embargo, cualquier modificación de estructura posterior a 2006 obliga a los recintos asistenciales a contar con este documento. Esto lo refrenda la Ley de Autorización Sanitaria, que permite habilitar los locales para su funcionamiento. Si el hospital es anterior a esa fecha, se rigen por un reglamento de Salud de 1982, cuyo cumplimiento deben demostrar para tener el visaje de Salud.
Esto, que parece ser un detalle de cara a lo que significa el funcionamiento habitual de los recintos asistenciales, es un problema mucho más profundo, ya que las mismas autoridades de Salud reconocen que es uno de los puntos débiles de la red de cara a la obtención de sus certificados de acreditación, que a la vez es básico para poder hacer valer la garantía de calidad del AUGE, la única que aún no está vigente de la reforma a la salud aprobada hace diez años.
El encargado del Departamento de Calidad del Minsal, José Concha, explica que “mientras la recepción de obras mide las condiciones de construcción, la autorización sanitaria lo hace con la calidad de la infraestructura y organización, y la acreditación medirá cómo desarrolla la actividad asistencial en esas condiciones”.
Hasta ahora, solo 22 hospitales públicos cuentan con la acreditación, y el organismo que los certifica (la Superintendencia de Salud) anunció hace alrededor de un mes de una nueva prórroga para que los recintos de alta complejidad -en la red pública son 69- obtengan el registro, hasta 2016. De no hacerlo, no podrán atender las 24 patologías definidas como críticas dentro del plan AUGE, lo que a su vez generaría un problema para el Estado, que estaría obligado a derivar a los pacientes de recintos tan importantes como el Hospital del Salvador, el Félix Bulnes o el San José hacia otros centros.
Más grave aún es el problema en regiones, ya que en muchas de ellas el sector público es el único que puede dar atención a estos problemas de salud.
Regularización
Lo llamativo es que hubo una ley para que estas construcciones pudieran regularizar su situación, la que se promulgó en enero de 2009.
El ex director de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda Luis Eduardo Bresciani cuenta que la norma “creó un mecanismo para facilitar que los hospitales, consultorios e infraestructura deportiva se regularizaran mediante un proceso expedito y simplificado”. Se podían eximir de normas de arquitectura que podrían haber cambiado, pero sí cumplir con las medidas de seguridad y sanitarias.
Esa ley daba cinco años para que los recintos se pusieran al día, plazo que terminó en enero. Algunos hospitales aprovecharon dicha ventana, e incluso se acreditaron. “Quienes no lo hicieron, ahora deben cumplir con la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Como muchos no pueden con todos los requisitos, porque son muy antiguos, entonces se requiere de una nueva ley, similar a la de 2009, para crearles un proceso simplificado”, dice Bresciani.
La única excepción, explica, son aquellos recintos cuya construcción data de antes del 14 de febrero de 1929. “Estos no requieren permisos, pero solo si mantienen la infraestructura de esa época y durante todo este tiempo ha tenido solamente mantenciones”. Si se hacen ampliaciones o cambios en su interior, entonces esas nuevas obras obligan al edificio a obtener su permiso.
Es lo que le pasó a la ex Posta Central. Según el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, el municipio de Santiago le advirtió al Servicio de Salud Metropolitano Central que el recinto no tenía recepción de obras, que esta se había solicitado, y fue rechazada, porque no cumplía con los requisitos mínimos.
Mañalich asegura que “poner al día” los permisos de la ex Posta Central costaba, en 2011, $14 mil millones; es decir, el doble del dinero que donó monseñor Sergio Valech para la construcción.
“No solo los hospitales no están recepcionados, sino que sin un esfuerzo financiero muy importante no es posible recepcionarlos”, advierte Mañalich, quien agrega que en el presupuesto de este año “hay $5 mil millones contemplados para este cierre de brechas”.
La realidad de la ex Posta Central, que funciona sin recepción de obras, es compartida por la mayoría de los hospitales, según reconoció el contralor Ramiro Mendoza, quien, cuando asistió a la comisión investigadora sobre infraestructura hospitalaria, señaló: “que se ponga en funcionamiento un hospital, sea bajo el sistema de concesión o de construcción con la Ley 19.886 o de cualquier sistema, nos pasa en un 90% o en la mayoría de los casos, porque tienen tal ansiedad, que los hacen funcionar sin la recepción municipal”.
La ley que no solucionó el problema
En 2006, la reforma de Salud impuso como requisito para que los hospitales puedan funcionar, que estos cuenten con la autorización sanitaria que otorga la Seremi de Salud correspondiente.
Ese mismo año, por moción parlamentaria, se comienza a tramitar un proyecto de ley que permite a recintos de salud y deportivos obtener la recepción de obras municipales (que se observa para la autorización sanitaria) en un proceso simplificado y más expedito.
En abril de 2008, a raíz del caso del hospital de Curepto -que fue inaugurado con pacientes simulados y sin autorización sanitaria- , se estudia la situación de todos los recintos de salud del país. El Ministerio de Salud reconoce que 112 hospitales y centros de atención primaria funcionan sin autorización sanitaria.
El 28 de enero de 2009 se promulga la ley 20.234, que abre una ventana de cinco años para que las construcciones anteriores a 2005 obtengan su recepción de obras, eximiéndose de algunas exigencias en materia de infraestructura, pero cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad mínimas. El plazo se cumplió en enero de este año.
Las únicas excepciones para que los hospitales no tengan su recepción de obras pero sí la autorización sanitaria es que estos se hayan construido antes de 1929 y mantengan su infraestructura original. Si sufrieron ampliaciones o cambios en su interior, esas nuevas obras obligan al recinto a solicitar la recepción.
El detalle de los casos en la capital
Entre los hospitales que no tienen recepción de obras, según respondieron los servicios de salud correspondientes, aparecen algunos que están acreditados. Tal es el caso del San Juan de Dios, el San Borja Arriarán y el Exequiel González Cortés, que se rigen bajo normas previas a las leyes General de Construcciones y de Autorización Sanitaria.
La “antigua data” es la explicación que dan también en los hospitales Lucio Córdova y Félix Bulnes para no tener recepción municipal. En el caso del Barros Luco-Trudeau (acreditado) se asegura que el Centro de Diagnóstico Terapéutico y la placa técnica sí están autorizados.
Tampoco tienen la recepción los hospitales Del Salvador, Calvo Mackenna y los institutos del Tórax, Neurocirugía y Geriátrico. Además del Hospital y CRS El Pino, pero sí cuentan con una autorización de modificación de planta física, de junio de 2012, que permite su funcionamiento. En el Roberto del Río y el San José “se realizó la resolución de demostración de cumplimiento de requisitos de autorización sanitaria de ambos establecimientos”. La ex Posta Central tiene autorización sanitaria y está en proceso para la recepción municipal definitiva.
El único servicio que no acogió la solicitud de “El Mercurio” fue el Metropolitano Sur Oriente.
