Andrés Gómez-Lobo: “El tema de seguridad vial ya es un problema de salud pública”
Por V. Mery y M. Martínez, La Tercera.
El alto número de muertes por accidentes de tránsito preocupa a la cartera. Afirman que se debe abordar como política de Estado.
Este año ha sido complicado en materia de transporte. La cartera ha enfrentado atentados en el Metro de Santiago, fallas en el servicio del tren subterráneo, colapsos en calles de las principales capitales regionales y constantes críticas al servicio del Transantiago. Pese a ese escenario, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, confía en que la situación mejorará. Con variedad de proyectos, distribuidos en distintas comisiones, el ingeniero comercial y economista busca generar un cambio en la conducta vial de los chilenos y en el servicio que entrega diariamente el transporte público. La cartera, que la semana pasada recibió uno de los mayores aportes en el Presupuesto 2015, se prepara para mejorar la imagen del transporte público.
¿Cómo se distribuirá el presupuesto para el próximo año?
En el caso de Transportes, el presupuesto aumentó un 22,3%, explicado principalmente por más recursos a regiones. Hay $ 110 mil millones adicionales, para subsidios de transporte regional y proyectos de inversiones en regiones. Ahí se gasta en subsidios como el escolar gratuito, rebaja en la tarifa estudiantil, zonas aisladas, pero además se financian proyectos de inversión directamente. Otro ítem es el aumento en $ 30 mil millones para inversión de infraestructura en Santiago. Con eso uno explica $ 140 mil millones, que es el aumento de Transportes.
¿En qué se destinarán los recursos en Santiago?
En intervenciones urbanas que estamos haciendo, como los corredores segregados para el transporte público, ciclovías, paisajismo e iluminación. Son intervenciones urbanas donde hay un componente de transporte y un componente de mejoramiento urbano. Además, va en línea con lo que anunciamos, de construir 40 kilómetros de corredores segregados en este gobierno.
¿Qué proyectos regionales están contemplados en la cartera?
Hay varios, muchos pequeños, pero en todo el país. Esperamos gastar más de $ 110 mil millones en subsidios directos. En inversiones, a través de convenios, se está financiando Lomas Coloradas-Coronel, la estación de Biotrén en Concepción, con recursos espejo del Transantiago. Se están financiando los nuevos trenes para Merval y tenemos pensado un nuevo transbordador de Puerto Yungay a Puerto Natales (Región de Aysén), que operaría, estimamos, a fines de 2015.
¿Dónde van a estar los énfasis de Telecomunicaciones?
En Wi-Fi gratuito, en avanzar con todos los estudios para la fibra óptica austral. También, pagar la ampliación de los enlaces de Isla de Pascua y Juan Fernández, y todos los proyectos para disminuir la brecha digital.
¿Qué se está haciendo en temas de seguridad vial?
El tema de seguridad vial ya es un problema de salud pública. El año pasado murieron 1.632 personas en accidentes de tránsito en Chile. Es la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, entonces es un tema de mucha relevancia social (…). Tal vez no hemos tomado la suficiente conciencia, y tenemos que abordarlo como una política de Estado y una política de salud pública.
¿Qué hacer al respecto?
Por el lado normativo, la Presidenta Bachelet recogió el anhelo de fortalecer las penas para aquellos conductores que, manejando en estado de ebriedad, causen un accidente que genere la muerte o lesiones graves o gravísimas a una persona, con la conocida Ley Emilia. También estamos tramitando la ley Cati (fotorradares) para controlar la velocidad, que todavía se controla con las pistolas de Carabineros, lo cual tiene dos dificultades. En primer lugar, hay 300 pistolas en todo el país, o sea, el número de controles que se pueden ejercer son limitados, pero además utilizan recursos de Carabineros, personal que podría utilizarse en otra cosa.
¿Cómo ha recibido la gente las campañas de seguridad vial?
Creemos que se ha logrado un impacto. En Fiestas Patrias se controlaron 45 mil vehículos, un alza significativa respecto del año pasado. De los conductores, un 2,3% estaba bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Es una baja respecto de 2013, cuando casi 4,2% de los controlados conducía bajo influencia del alcohol o en estado de ebriedad.
¿Y esa reducción se puede atribuir a esta nueva normativa?
Es nuestra impresión. No lo podemos decir científicamente, pero creo que, tras las campañas y la cobertura en medios de la Ley Emilia, hubo un cambio de comportamiento de las personas, que se manifestó en la baja del número de conductores sorprendidos, a pesar del aumento de los controles.
¿Cómo se están trabajando las denuncias de irregularidades en Transantiago?
Lo primero que hicimos fue mirar los reclamos de los usuarios, y el primero era que los buses no se detenían en los paraderos. Entonces, desde abril tenemos un plan especial para fiscalizar a los autobuses que no paran y hemos cursado 440 mil infracciones a conductores. Junto con eso, también notamos que había muchos buses que circulaban en vacío. Desde abril hasta junio desarrollamos una aplicación informática para medir eso.
¿Se multará a las empresas?
Informamos a los operadores que esos kilómetros no se pagan y tampoco van a incidir en los cálculos del índice de cumplimiento de frecuencia y regularidad (…) y si el 3,7% de buses que circulan en vacío no tienen una explicación razonable operativa que lo justifique, significa un descuento de 370 millones de pesos al mes a los operadores.
¿Qué huella aspira a dejar en Transantiago cuando entregue el ministerio?
Mi aspiración es mejorar la calidad de servicio, de que al final de este gobierno la gente diga que es un sistema que funciona bien y valorado por los usuarios. Hay que ser claro, mucha gente sí valora el sistema, pero se tiene una disparidad de resultados: hay gente que opina que tiene una buena calidad de servicio y gente que opina que hay una mala calidad. Nuestra aspiración es nivelar hacia arriba; mejorar los malos servicios, las malas operaciones y poder ofrecer un servicio que sea una verdadera alternativa de transporte para la ciudad.
En el caso de Metro, ¿cómo evalúa su funcionamiento en los últimos meses?
Ciertamente pasó por un período difícil, pero creo que ya estamos muy bien enrielados para restablecer a Metro como la mejor empresa de transporte público de Chile, y tal vez de América Latina. Metro ya tiene un gerente general (Rubén Alvarado), con una experiencia muy amplia. Fue gerente general de El Teniente en Codelco y del Puerto de San Antonio, pero lo más importante, desde el punto de vista de la actual situación de Metro, es que fue jefe de ingeniería y de mantenimiento de Lan. En la aviación, en la mantención, no hay margen de error. Además, ya tenemos la comisión de expertos que analiza protocolos y procedimientos de Metro.
¿Hubo relajo en los protocolos de mantenimiento, asociado a las fallas?
Eso es justamente lo que quisiera que la comisión vea. Ciertamente hemos escuchado eso de que en la administración pasada desvincularon personas de mucha experiencia y que eso debilitó la mantención en Metro, podría ser una explicación. De hecho, se desvinculó al gerente de mantenimiento después de la segunda falla de Metro, pero hay que recordar que el nuevo directorio tomó la dirección en mayo de este año, entonces creo que coincidió. Estos efectos fueron una muy mala noticia, pero Metro está haciendo los cambios requeridos.
El informe del caso pollos
El mes pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó por colusión a tres avícolas y al gremio que las reúne. En la investigación, la fiscalía presentó el informe de la U. de Chile “Estimación de los daños económicos generados por la colusión en la industria de pollo en Chile” (2012), en el que Andrés Gómez-Lobo es coautor.
¿Qué participación tuvo en el informe?
Desarrollé ese estudio debido a que la Fiscalía Nacional Económica contrató a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde yo trabajaba, para estimar el impacto económico que tuvo la colusión sobre los precios de los pollos. Respecto del resultado, considero que no me corresponde emitir una opinión, considerando mi actual cargo.