Consulta indígena será un requisito previo a la evaluación ambiental
Por Sebastián Sottorff, El Mercurio.
Ministro Badenier descartó estancamiento en tramitación de proyectos:
Modificación busca un rol más activo de las comunidades involucradas en la elaboración de las iniciativas.
Desde el primer trimestre del próximo año, todos los proyectos de inversión que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que afecten a comunidades indígenas deberán ser sometidos previamente a una consulta ante los pueblos originarios.
Así lo confirmaron ayer los ministros de Medio Ambiente y de Desarrollo Social, Pablo Badenier y María Fernanda Villegas. Con esta medida, aseguraron, las comunidades podrán participar en la elaboración y eventual modificación de los proyectos.
“Creemos que cuando se hacen procesos de consulta indígena previo al ingreso al SEIA, la capacidad y posibilidad (de las comunidades) de incidir sobre el diseño y emplazamiento de esos proyectos es mayor”, explicó Badenier, quien desestimó que este requisito previo pueda trabar la tramitación de iniciativas energéticas, mineras o industriales.
Como ministerio “no estamos obsesionados por acortar los plazos de tramitación, pues nuestra preocupación es que los procesos de evaluación ambiental sean buenos”, argumentó el ministro de Medio Ambiente.
Hasta ahora, 29 proyectos que han sido sometidos al SEIA han sido analizados con posterioridad por las comunidades indígenas, por lo que ambas autoridades esperan ahora un mayor grado de participación.
“Estamos construyendo por primera vez en la historia de nuestro país una institucionalidad junto con la gente, junto a nuestros pueblos y esta es una señal elocuente de que escuchamos y atendemos sus demandas con responsabilidad”, afirmó Villegas.
Detalló que las comunidades también podrán evaluar qué grado de impacto tendrá una determinada iniciativa en sus asentamientos.
El anuncio interministerial de ayer surgió a raíz de la Consulta Indígena que el Gobierno finalmente concretó durante el mes de septiembre.
En el proceso se consideraron los estándares contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se realizaron 58 jornadas de planificación a lo largo de todo el país, con participación de más de siete mil personas provenientes de nueve pueblos originarios.