La otra guerra de Bajos de Mena

Por Manuel Valencia, El Mercurio.

Entre restos de edificios que lucen igual a los despojos de un bombardeo aéreo en Gaza, las familias del sector más postergado de Santiago protagonizan su propio enfrentamiento: que la promesa de demoler las viviendas críticas del barrio se cumpla. Mientras, los vecinos que quedan intentan llevar una vida normal en medio del polvo y los escombros. 

Escombros de edificios cubren hoy el mismo espacio que antes ocupó el patio donde los vecinos colgaban la ropa, pero aquí no hay restos de balas ni huele a pólvora. Juguetes plásticos se entremezclan con trozos de azulejos en la basura, solo que no son despojos de una invasión sangrienta. Ruinas desoladas muestran escenas de devastación, aunque en los pasillos, muros, puertas y ventanas no cayeron misiles aéreos.

No es la Franja de Gaza, ni Bagdad, ni Kabul. Es Bajos de Mena, a solo 20 kilómetros del centro de Santiago.

En el barrio más discriminado de la ciudad no hubo un bombardeo, pero en sus rincones se desata otra guerra: una contra la miseria y los años de hacinamiento, frente a políticas habitacionales que desterraron a 120 mil personas a los extramuros de la capital, a dos horas de la Plaza de Armas en transporte público.

A lo lejos brilla la torre del Costanera Center.

-Aquí, sí… acá estaba mi cocina.

La dirigenta vecinal Pilar Aravena (50) se yergue, da tres pasos largos, con la cabeza recta y se detiene. “Acá estaba el baño” -dibuja un cuadrado en el aire con su dedo índice- “y ese muro rosado era la pieza matrimonial, pero yo la amononé para mi hija”. Alrededor de Pilar, entre rastros de azulejo y botellas quebradas, un retrete y cúmulos de un muro de tiza, están las ruinas de lo que fue su departamento.

En julio del año pasado, Pilar hizo las maletas y partió con sus tres hijas del block social donde vivió por 17 años, en la población Francisco Coloane de Bajos de Mena. La de ella es una de las 696 familias beneficiarias del programa Segunda Oportunidad, el plan lanzado por la administración anterior que entregaba un subsidio de 700 UF ($17 millones) a familias de Puente Alto, Rancagua y Viña del Mar para dejar viviendas con deterioro avanzado y cambiarse a otras en mejor estado. También contemplaba 46 UF ($1.120.000) para financiar el cambio de casa y el arriendo de viviendas mientras se concretaba la búsqueda de una nueva propiedad.

-Cuando estábamos en el block vivíamos un hacinamiento brutal, con la ilusión de criar bien a nuestros hijos y hacer familia y, al final, sufrimos la desintegración, con incertidumbre, desesperanza, angustia y mucha pena -rememora.

No todos corrieron la misma suerte de Pilar. Según información provista por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), aún hay 139 familias que no han podido aplicar el beneficio. Entre ellas, varias que aún viven en medio de los escombros de la Francisco Coloane.

Como Yuvica Olguín (21), quien comparte el techo con su abuela, que está postrada, y su hija de tres años. Junto con dos vecinas, son las únicas ocupantes de un edificio donde vivían 24 familias.

Dice que no ha podido encontrar una casa. Que ha buscado y que no hay caso, que están todas arriba de $20 millones. O que si hay, piden un pie que ella no tiene, o le ponen trabas. También que es horrible vivir así, sin vecinos. Que los que quedan tienen mala vida y que además es peligroso, porque son todas mujeres solas y se mete gente extraña y ellas tienen que preocuparse de sacarlas de ahí.

-Van a los departamentos a fumar, tomar, tener relaciones, a drogarse, a todo… En la noche está bien oscuro y se aprovechan en los lugares que están vacíos.

A unos pasos de ahí, su hija juega con los restos de hormigón que yacen salpicados por el piso.

La búsqueda frustrada tampoco le ha permitido salir a María (50). Por temor, prefiere no decir su apellido y apenas se asoma de una reja que instaló, de forma improvisada, en uno de los pasillos de acceso.

-A mí el subsidio no me alcanza; he ido a ver varias casas, pero son horribles, son chicas. Esta tiene 42 m {+2} y somos seis. Prefiero quedarme aquí, intentando llevar una vida normal.

Mientras habla se oye cómo el agua escurre desde una cañería rota, en lo que fue el departamento de una vecina.

Los “condenados”

“Bienvenidos a Siria” bromea, con una sonrisa, Elsa Elgueta (50). Para ella, esto es igual a una guerra. O peor. Se quedó ahí porque se necesitaba un quórum de 85% de los vecinos para demoler, porcentaje que en su edificio no se alcanzó.

-Hay personas que viven en forma ilegal y como no entregaron los papeles, no demolieron. Yo no quiero vivir más hacinada, con los operativos del Gope, con los niños que no son niños, sino pandillas. No quiero seguir viviendo en medio de la mugre, estoy cansada, aburrida.

Suelta un suspiro, mientras vigila su furgón escolar. “Pueden abrirlo en cualquier momento”, explica, sin despegar los ojos del vehículo.

Situaciones como las de Elsa preocupan a las dirigentas. La población Francisco Coloane está conformada por 54 edificios con 1.180 departamentos. De ellos, en el primer llamado se demolieron 13 y se añadirán otros 21 en el segundo proceso.

Pilar lamenta que no hayan recibido ninguna certeza de que el programa continuará. Al revés, les han dicho que no habrá más demoliciones que las del plan piloto “y hay muchas familias que tenemos que liberar de esta situación porque aquí, en esta situación, están condenados”.

Su queja apunta a la idea dada a conocer por el Minvu de reformular el plan Segunda Oportunidad, con un énfasis en la regeneración de los barrios y no en la demolición de blocks , que impulsó el Gobierno anterior.

En palabras del subsecretario de Vivienda Jaime Romero, cuando fue consultado por “El Mercurio” sobre los cambios el 14 de octubre pasado, “es como pedirle a un niño que sea capaz de levantar 500 kilos. (El programa) es pequeño para las necesidades que enfrenta el territorio (…). El foco de nuestra acción no es la demolición, sino el bienestar de las familias”.

La reformulación también persigue asegurar el financiamiento de obras comprometidas en el plan original. Según la ministra de Vivienda, Paulina Saball, en los conjuntos Francisco Coloane, Cerro Morado y Vicuña Mackenna de Rancagua, “no se contemplaron intervenciones en los terrenos que quedarán disponibles”. Esto, porque las áreas verdes y espacios públicos anunciados por el Gobierno anterior en el espacio que dejarían los edificios no contaban con financiamiento cuando asumió la actual administración.

Pese a los cambios del plan, la dirigenta Viviana Fuentes asegura que “vamos a luchar hasta sacar a la última familia de aquí, porque todos merecen una segunda oportunidad”.

Mientras el atardecer tiñe los cerros cercanos de un azul anaranjado, Yuvica acomoda los trozos de reja que protegen lo que antes era un acceso de su edificio. O lo que queda de él. Pronto será de noche y los despojos se harán aún más oscuros y atraerán el riesgo. A escasos metros de los escombros, un grupo de niños “juega a la pelota” con la cabeza de una muñeca.