Nueva política de suelo urbano incluirá cambios legales y 20 medidas de gestión
Será presentada en diciembre:
Incluye disposiciones tributarias y planes para generar integración social
Barrios segregados como Bajos de Mena, la proliferación de sitios eriazos en zonas céntricas, las regulaciones que impiden densificar terrenos cercanos a corredores de transporte o los estándares distintos con que se construyen autopistas y líneas de metro, según el sector de la ciudad que atraviesan. Todos ellos son ejemplos de un déficit en la gestión de terrenos en las ciudades chilenas. Una falencia que impide, por ejemplo, reservar suelos para la construcción de viviendas sociales o aprovechar mejor para la ciudad inversiones de alto costo como el metro.
Para revertir esta situación, definida como “crítica” en la política nacional de desarrollo urbano promulgada en el gobierno anterior, la actual administración encargó la elaboración de una política de suelos al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, creado en marzo pasado.
La entidad alista un documento que será entregado en diciembre con medidas para revertir el problema. Entre ellas se incluyen cambios a cuerpos legales como la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ley de Rentas Municipales, entre otras.
“Hemos discutido un conjunto de medidas asociadas a la regulación del suelo para garantizar estándares de desarrollo urbano equitativos, obligaciones de integración de viviendas aplicables a las comunas y proyectos, zonificación de suelos con destino exclusivo de vivienda de interés social, así como incrementar la inversión y gestión directa del Estado en el desarrollo de proyectos e infraestructuras para revertir las condiciones de segregación social y desigualdad urbana de nuestras ciudades”, explica Luis Eduardo Bresciani, presidente del consejo.
En concreto, se buscará dotar al Estado de instrumentos para, por ejemplo, incentivar la construcción de proyectos habitacionales, con cuotas de vivienda social. También se podría fomentar la cesión de suelos, densificar en torno a obras de infraestructura de alto costo como el metro o exigir “mínimos urbanos”, por ejemplo áreas verdes y equipamientos en futuros proyectos de vivienda social.
Con lo anterior, hacia el futuro, se busca evitar que el mercado por sí solo regule la ocupación de los terrenos, sino que el Estado cumpla un rol en la definición de sus usos. En cuanto a las obras ya ejecutadas, entre las ideas se busca implementar planes de intervención urbana, con obras de infraestructura y equipamiento en espacios públicos que se encuentran deteriorados.
PLANIFICACIÓN
El próximo año, el consejo trabajará en modificaciones a los actuales planes reguladores.