Gobierno evalúa que eléctricas compensen a comunidades con un porcentaje de ventas
Por Francisco González G., La Tercera.
Proyecto de ley de asociatividad debería ingresar antes de fin de año al Congreso.
Nemesio Cruz, presidente de la comunidad agrícola de La Cebada, jamás imaginó que su intervención en la inauguración del parque eólico Los Cururos, de la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM), marcaría al último proyecto de ley energético que se enviaría al Congreso este año.
La Presidenta Michelle Bachelet habría quedado gratamente sorprendida con la propuesta de relación asociativa entre EPM y la comunidad agrícola de la Región de Coquimbo. La firma se comprometió a entregar un 3,5% de sus ventas a la comunidad de La Cebada.
El gobierno ve con buenos ojos incorporar este mecanismo de compensación para las comunidades situadas donde se emplazan los proyectos de generación eléctrica, en el proyecto sobre asociatividad.
La iniciativa legal se basa en tres ejes fundamentales. El primero, obliga a que las empresas eléctricas paguen sus patentes en las comunas donde se encuentran ubicadas sus centrales, para lo cual Energía desarrolló un trabajo con el Ministerio de Hacienda, que ya estaría concluido.
El segundo de ellos, se relaciona con igualar las tarifas eléctricas que se pagan en la capital con el resto de las comunas del país.
Y finalmente, establecer asociatividad entre comunidades y empresas eléctricas, viabilizando de esta forma la construcción de centrales de generación, donde entraría la compensación.
Fórmulas
Para definir esta nueva “asociación” entre empresas y comunidad, el gobierno ha evaluado hasta ahora tres mecanismos: cobrar un royalty por megawatt de capacidad instalada o gigawatt de energía generada, similar a lo planteado en la “ley Tokman” de 2009; que se utilice como indicador las utilidades generadas por las empresas, descontando un porcentaje anual, y compensar a través de un porcentaje de las ventas.
De acuerdo con fuentes cercanas a gobierno, de todas las alternativas la que estaría generando mayor consenso al interior del Ministerio de Energía sería la de utilizar como indicador las ventas anuales de las empresas, descontando un porcentaje anual que iría de manera directa a las comunidades, tal como ocurre hoy en el proyecto de EPM con la comunidad agrícola de La Cebada.
La aplicación de esta compensación será sólo para nuevos proyectos eléctricos, y se optaría por este mecanismo para evitar acomodos en las utilidades por parte de las firmas eléctricas.
El trabajo para delinear los principales aspectos del proyecto de ley de asociatividad estuvo a cargo de la división de desarrollo sustentable del Ministerio de Energía, encabezado por el profesional Nicola Borregat. También fue pieza clave la división de participación y diálogo social, liderados por Javier Zulueta.
En tanto, desde el sector eléctrico no ven con buenos ojos la iniciativa del gobierno. Las críticas apuntan a la rapidez con que el Ejecutivo estaría presentando este proyecto, sin un debate previo. “Es un terreno en el cual hay poca experiencia. Requiere una discusión muy amplia y profunda sobre la mejor forma de hacerlo”, afirmó una fuente cercana al sector de la generación.
