SMA reinicia proceso de sanción a Pascua-Lama y arriesga perder su permiso ambiental

Por Andrés Pozo B., Diario Financiero.

El superintendente dice que tras el fallo del Tribunal Ambiental, se abre cualquier escenario sancionatorio.

Un nuevo y completo proceso de sanción para Pascua-Lama comenzará a realizar la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El proyecto de Barrick fue multado en 2013 con US$ 16,3 millones por una serie de incumplimientos de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero tras una reclamación ante el Tribunal Ambiental, se ordenó que la superintendencia rehiciera la sanción por considerarla ilegal.

El titular de la SMA, Cristián Franz, dice que en los próximos días reabrirán el proceso sancionatorio y lo retrotraerán hasta el día después de la formulación de cargos.

Esto abrirá todo el abanico posible de sanciones, porque hay que corregir el proceso.

“Vamos a tener que elevar el estándar de la resolución y, si eso va a conducir a una sanción diferente o no, puedo decir que no descarto ningún escenario. La nueva sanción puede ubicarse en cualquier punto del espectro que establece la ley, que va desde la amonestación hasta la revocación de la RCA, incluyendo multas”, dice.

Plantea que esperan terminar este proceso durante el primer semestre, si es que no hay ningún contratiempo.

Para eso, formó un equipo multidisciplinario y mejoró la coordinación con otras entidades, para incorporar todas las críticas que realizó el Tribunal Ambiental.

Conducta reprochable

Franz explica que el fallo tiene dos cuestionamientos: que no se puede agrupar las sanciones como si fueran una con agravantes y que faltó justificar las conclusiones.

Dice que este nuevo proceso no sólo consiste en sumar sanciones, sino que analizar todos los antecedentes y realizar nuevas pesquisas, como tomar pruebas testimoniales, para llegar a una nueva resolución.

Ante quienes dicen que la multa podría subir hasta unos US$ 250 millones, Franz dice que el final está abierto: podría mantenerse en el rango actual, en el que plantean en la industria o quizás la sanción pudiera ser diferente.

Entre las cosas que pide el tribunal está, por ejemplo, elevar la magnitud de algunas de las infracciones, de graves a gravísimas, e incorporar antecedentes respecto de la conducta anterior de la empresa.
“Donde la resolución decía que la actitud anterior del infractor era intachable, vamos a tener que agregar una conducta que ya no es intachable, sino reprochable”, dice Franz al comentar que el fallo indica que la sanción anterior no consideró procesos de infracción investigados por la Dirección General de Aguas de Atacama.

Esto, sumado a otros detalles, advierte, podrían cambiar el desenlace del caso.

Estado del proyecto

Consultado sobre el estado actual de Pascua-Lama, Franz señala que han seguido fiscalizando la faena, para monitorear el cumplimiento de este primer proceso sancionatorio, pero también porque han recibido del orden de diez nuevas denuncias por parte de personas y comunidades.

“Fruto de esta actividad, se han generado informes de fiscalización, que hoy están en la unidad de Sanción y Cumplimiento y están siendo analizados, con el objeto de determinar si ha existido o no algún nuevo incumplimiento que justifique la formulación de nuevos cargos y, por lo tanto, el inicio de un nuevo proceso sancionatorio, un Pascua-Lama 2”, plantea.

Respecto a los plazos de estas investigaciones, espera que se pueda clarificar en las próximas semanas.

El abuso de la judicialización

Una creciente judicialización, que podría terminar por inmovilizar la institucionalidad ambiental y, en especial, el avance de los procesos sancionatorios ve el superintendente Cristián Franz.

Aunque espera que esto no suceda en el caso de Pascua-Lama, dice que “hemos estado viendo una tendencia hacia la judicialización temprana de nuestros procesos sancionatorios. Algunos abogados han empezado a usar y abusar de la figura del recurso de reclamación, para judicializar todas las actuaciones de mero trámite, que permiten que el proceso avance”.

Franz dice que esto les ha pasado en cuatro casos y advierte que de aumentar complicaría la institucionalidad.

Explica que en otros organismos similares, como la SVS o la FNE, la vía judicial se abre sólo cuando se conoce la sanción, no durante el proceso. Por eso, han estado conversando con el Ministerio de Medio Ambiente, ya que la solución pasa por modificar el marco legal de la SMA.