Proyectos por US$ 13.691 millones han sido sometidos a consulta indígena

Por Antonia Eyzaguirre A., El Mercurio.

A la fecha, solo dos de ellos han finalizado completamente y no se encuentran en la justicia:

De un total de veinte iniciativas, trece corresponden a energía y cinco a minería. En 1994 se promulgó la Ley de Desarrollo Indígena. En estas dos décadas, el número de comunidades reconocidas por el Estado pasó de 692 a 3.585 organizaciones.

Veinte proyectos de inversión -trece de energía, cinco de minería, uno de infraestructura y uno de industria- que suman un total de US$ 13.691 millones, se han sometido al proceso de consulta indígena durante sus tramitaciones, según datos de la consultora Presencia Local.

Este mecanismo de participación, que facilita el diálogo entre el Estado y los pueblos originarios cada vez que se prevén medidas susceptibles de afectarlos directamente, es obligatorio en Chile desde septiembre de 2009, pero el decreto de consulta de Medio Ambiente, que incorpora la consulta en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo es solo desde diciembre de 2013.

De estos 20 proyectos, solo seis han finalizado. De ellos, dos estan completamente concluidos y otros cuatro mantienen problemas judiciales, explica Matías Abogabir, socio y director ejecutivo de Presencia Local. Las 14 iniciativas restantes mantienen activo su proceso de consulta, con distinto grado de avance.

Abogabir comenta que, en promedio, las consultas tienen una duración de 283 días. Sin embargo, la consulta más larga -que continúa en desarrollo y corresponde a la central hidroeléctrica Neltume, propiedad de Endesa- lleva 632 días.

En 1994 se promulgó la Ley de Desarrollo Indígena y desde allí hasta 2014, la Conadi ha reconocido, en promedio, 179 comunidades nuevas cada año. Así, entre esos años el número de comunidades reconocidas por el Estado pasó de 692 a 3.585 organizaciones. Además existen hoy 1.843 asociaciones indígenas.

Los proyectos deben realizar consulta indígena siempre y cuando afecten a comunidades indígenas y cuenten con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los que se aprueban con Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) no se someten a este proceso, explica Abogabir.

Advierte que uno de los mayores problemas es el desfase que se produce entre el ingreso de las iniciativas de inversión a la evaluación ambiental, y el inicio de las consultas indígenas. En promedio este desfase ronda los 335 días.

“Esto es negativo, porque los proyectos inician las consultas cuando ya está muy avanzada su evaluación ambiental, entonces es difícil que las observaciones puedan influir de verdad”, dice. Y agrega: “Las autoridades ambientales deberían exigir que desde el primer día se consulte a las comunidades”.

El promedio de duración de las consultas indígenas propiamente tal no es largo, pero sí es demoroso el inicio de ellas, dice Abogabir. “Lo más complicado es hacer que las comunidades se sienten a la mesa a discutir (…) Muchas veces piden una serie de garantías para participar”, puntualiza.

Uno de los elementos fundamentales que explican esta demora es la desconfianza entre las partes, que hace difícil iniciar la consulta. A esto se suma que el mecanismo es relativamente nuevo, por lo que muchos proyectos ya ingresados y aprobados han tenido que incluir ahora el mecanismo, y por último, aún no existe un consenso consolidado de qué es precisamente la afectación a estos pueblos y qué no.

“Muchas veces, según la consultora que contrate la empresa, dependerá el criterio que estas firmas tienen sobre el impacto que generan”, dice el ejecutivo. Sugiere que si bien es un déficit del Estado el no contar con esta información consolidada, a estas alturas a las empresas se les debería exigir tener esos datos.

20
proyectos de inversión se han sometido a consulta indígena. La mayor parte corresponde a iniciativas de energía y le siguen las vinculadas al área minera.

179
comunidades nuevas reconoce cada año, en promedio, la Conadi desde 1994  -cuando se promulgó la Ley de Desarrollo Indígena- hasta hoy.

335
días es, en promedio, el desfase que existe entre el ingreso de los proyectos  a la evaluación ambiental y el inicio de la consulta a los pueblos indígenas.

“Las autoridades ambientales deberían exigir que desde el primer día se consulte a las comunidades indígenas, para que puedan participar en los proyectos desde la primera etapa”.
MATÍAS ABOGABIR
DIRECTOR EJECUTIVO DE PRESENCIA LOCAL