Justicia ordena demoler tranque de depósitos de Los Pelambres y mina arriesgaría cierre
Por A. Eyzaguirre, M. Vega y J. Castellón, El Mercurio.
Operación del grupo Luksic es la mayor empresa de la Región de Coquimbo y aporta el 22% del PIB regional:
Resolución calificó de insuficiente el plan presentado por la empresa para permitir el libre escurrimiento de las aguas del valle del Pupío. En la firma dicen que es una muestra de que no basta con la obtención de permisos.
En un fallo inédito, el Juzgado de Los Vilos declaró ayer insuficiente el plan de ejecución de obras presentado por Minera Los Pelambres -ligado al grupo Luksic-, para permitir y asegurar el libre escurrimiento de las aguas del estero Pupío hacia la localidad de Caimanes, y ordenó la demolición del tranque de relaves El Mauro.
Esto, luego que el 21 de octubre del año pasado la Corte Suprema diera un mes a la firma para proponer un programa. El fallo decía que las obras podrían ejecutarse por medio de la demolición o remoción, total o parcial, del muro de contención, que obstaculiza el escurrimiento del recurso hídrico a los habitantes de Caimanes. O también se podían hacer obras principales o complementarias a las indicadas. Pero la propuesta no fue suficiente para el juzgado (ver recuadro).
En la compañía se encendieron las alarmas con este dictamen. La firma aseguró que la medida es ambientalmente inviable. La demolición del muro del tranque implicaría la suspensión de las operaciones de la minera y, con ello, se interrumpirían todos los contratos con proveedores y trabajadores. La empresa presentará medidas legales para demostrar que el plan propuesto es suficiente. Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, advirtió que la resolución se dictó sin considerar el informe de la Dirección General de Aguas (DGA) ni el estudio pericial que el mismo juez había ordenado.
“No entiendo que un tribunal impida el funcionamiento de una obra que tiene todos los permisos en regla. Y tampoco entiendo que, a pesar del plan propuesto, se insista en que El Mauro impide que las aguas del estero Pupío fluyan hacia Caimanes”, afirmó Arriagada. Agregó que esto demuestra que no es suficiente obtener los permisos, operar bien y cumplir con las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Arriagada comentó que en la empresa aún no han calculado el costo que tendría demoler el tranque. Aún así, dijo que el problema iba más allá. “Botar la pared del tranque requiere, primero, determinar el destino de los relaves que contiene, porque obviamente nadie quiere que fluyan hacia el valle o hacia Caimanes. Nuestra evaluación técnica es que demoler la pared genera mucho más efectos negativos sobre la comunidad y el medio ambiente”, comentó.
Minera Los Pelambres es la principal empresa de la Región de Coquimbo, aporta el 22% del PIB regional y da 6.500 empleos directos. Juan Carlos Sáez, presidente del consejo regional minero de la zona, dijo que la resolución es un mal precedente. “Será, en el futuro, nefasto para la región y para el país”, dijo.
Conflicto en Caimanes
Los problemas entre la empresa del grupo Luksic y la localidad de Caimanes, donde viven cerca de 1.200 personas, se arrastran desde hace más de 15 años.
Los Pelambres es una mina de cobre a rajo abierto, que funciona desde 1999. En 2001, la minera adquirió el fundo de secano El Mauro, para levantar un tranque de relaves que ocupa una superficie de 1.800 hectáreas, equivalente al 2,6% del total del valle del Pupío que llega hasta Los Vilos. La construcción tenía como objetivo reemplazar otros tres tranques aprobados por la autoridad ambiental en 1997, y que ya no daban abasto con las ampliaciones de producción.
En la empresa aseguraron que El Mauro era la mejor alternativa, en términos de impactos sociales y medioambientales. Pero desde 2001 hasta la fecha, los conflictos con algunos grupos de Caimanes han ido escalando, sobre todo por la supuesta afectación de las aguas del valle.
El tranque consideró una inversión superior a US$ 300 millones. En la eventualidad que se construya otro depósito para la operación, las obras no demorarían menos de tres años. En el intertanto, la producción del mayor yacimiento del brazo minero de los Luksic se vería gravemente afectada. Los Pelambres produce 404 mil toneladas anuales, siendo la cuarta operación minera del país.
2008
Ese año comenzó a operar el tranque El Mauro, que contaba con autorización ambiental desde 2004.
22%
del Producto Interno Bruto (PIB) regional lo genera Minera Los Pelambres, la mayor empresa de la zona. Sin embargo, hay quienes dicen que aporta el 40%.
12 kilómetros de la localidad de Caimanes,
se encuentra el tranque El Mauro. En la comunidad viven cerca de 1.200 personas y un grupo de ellas -Comité de Defensa- se opone fervientemente a la obra de la empresa ligada al grupo Luksic.
Octubre
La Corte Suprema sentenció a la minera a permitir el libre escurrimiento de agua a la localidad y ordenó proponer un plan. Este fue considerado “insuficiente” ayer por el Juzgado de Los Vilos.
6.500
trabajadores se verán afectados en la Región de Coquimbo, tanto de manera indirecta como directa. Un eventual cierre de las operaciones podría incidir de manera profunda sobre la fuente laboral de la zona.
Conflictos con la localidad por el depósito se arrastran desde 2001En enero de 2001, Minera Los Pelambres compró el Fundo El Mauro, mientras en junio de ese mismo año solicitó los permisos para aumentar su producción de 85 mil toneladas diarias a 114 mil toneladas promedio. Con esto, se necesitaría un nuevo tranque de relaves. Ese mismo año comenzó la oposición de un grupo de caimaninos.
En 2004 se otorgó el permiso ambiental, y en 2006 la Corte de Apelaciones falló contra la minera. Pero en 2008 (cuando comenzó a operar el tranque) la Corte llamó a un avenimiento que finalizó con la compra del predio a Víctor Ugarte, lo que generó una escalada de problemas. El mismo año se creó el Comité de Defensa de Caimanes, que cuenta con la asesoría de los abogados Ramón Ossa y Sandra Dagnino. Luego el comité demandó a la minera por obra nueva y solicitó la detención de la construcción. En 2009, la empresa se querelló contra los dirigentes y los abogados, juicio que comenzó en 2012.
La demanda del comité fue rechazada por el tribunal y por la Corte de Apelaciones en 2012 y 2013, respectivamente. Pero en octubre de 2014, la Corte Suprema sentenció a la minera a permitir el libre escurrimiento de las aguas y a presentar un plan dentro de un mes. Este plan fue el que el juzgado rechazó ayer por calificarlo de insuficiente, y también solicitó la demolición del tranque de relaves.
El plan propuesto por la empresa y los fundamentos del juez para rechazarloLa Minera Los Pelambres presentó el 21 de noviembre del 2014 ante el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos un plan para permitir “el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes”, de acuerdo con lo establecido en el fallo de la Corte Suprema en octubre pasado.
La propuesta, que fue rechazada ayer por el juez Jairo Martínez Cuadra, señalaba que para “restituir los caudales que aporta el área afecta al estero Pupío, el titular (la compañía) ha considerado la construcción de un sistema de desviación, manejo y entrega de aguas superficiales”. Este estaría compuesto de un canal de contorno que interceptaría las aguas de las quebradas y las laderas de la cuenca del Mauro en dirección hacia la cuenca del estero Pupío. Además, se construirían un tranque, un vertedero y un túnel evacuador.
El manejo del agua hacia el poblado de Caimanes sería por la cuenca del estero Pupío, “de manera que aquella descienda libremente por un sistema que asegure su mínima pérdida por infiltración o evaporación”. El agua se llevaría por una tubería que funcionaría a presión y permitiría un transporte más eficiente.
Tras realizar una inspección en terreno, el juez estimó que con la propuesta de la empresa se mantendría lo que constató la Corte Suprema previo a dictar su sentencia respecto del tranque El Mauro; esto es, una obra “que altera y obstruye el libre curso de las aguas superficiales y subterráneas que el estero Pupío conduce y el flujo o cauce natural de las mismas, afectando el derecho de uso de estas”.
El juez fundamentó que el plan propuesto “viene a empeorar la situación sumando artificios”. Y añadió que para que las obras sean idóneas, estas deben permitir el escurrimiento natural de las aguas. Agregó que “al no cumplir con dicho cometido, el plan propuesto resulta insuficiente”.
