Los Puentes Cortados de Atacama: Comunidad, Academia, Estado y Poder

Texto por Camilo Prats, Arquitecto MSc LSE, Coordinador Regional Centro de Proyectos, Atacama, FAU U.de Chile. Colaboración Alberto Texido, Arquitecto PhD, Académico FAU U.de Chile.

Cada vez con más frecuencia y capacidad de registro y análisis, una de las primeras preguntas que surgen ante una catástrofe es si hubiera sido posible de ser prevenida. Para nosotros los profesionales, académicos y técnicos vinculados a los temas urbanos, se suman las dudas del por qué la planificación del territorio y la institucionalidad asociada a la catástrofe -como procedimientos propios de un Estado que tiene como misión y mandato proteger a sus habitantes-, no ha sido ágil en recoger estas experiencias, que en nuestro país y dado el crecimiento de los centros poblados, están pasando de lo eventual a lo cotidiano. A modo de ejemplo, constatamos el antecedente de numerosos seminarios tras los incendios de Valparaíso de 2013, 2014 y 2015, que pese a su relevancia y asistencia de autoridades, no han impedido la repetición del evento cada 12 meses.

Hoy, nos encontramos en el caso de Atacama, nuevamente ante una secuencia casi habitual de descoordinaciones que se pudieron constatar en terreno. Mientras continuaban las lluvias y escaseaba la información oficial, en Copiapó se dieron numerosas informaciones erróneas que generaron pánico en la población como ya es costumbre: entre ellas el supuesto desborde (o destrucción) del Tranque Lautaro, lo que implicaba un riesgo aún mayor para la cuenca del Copiapó y una evacuación en un escenario de máximo peligro.

A las pocas horas y dada la baja capacidad de respuesta ante el aluvión, surgió la polémica entre la ONEMI y el Servicio de Meteorología (incluyendo las predicciones de la empresa ACCUWEATHER). Esta pugna, el desencuentro entre el conocimiento y los procedimientos, inevitablemente nos recuerda la polémica interinstitucional del 27/F, entre otras, de la que aún se esperan responsables.

Más allá de una colección de omisiones y las actuaciones de contingencia, lo que es verdaderamente lamentable, en ambos casos, es que existía la información suficiente para poner en aviso a los habitantes y evitar las pérdidas humanas.
Antecedentes disponibles

Aproximadamente dos años antes del 27/F se realizó un encuentro organizado por la Universidad del Bío-Bío (Chile del País Urbano al País Metropolitano) donde un aún no mediático Marcelo Lagos mostraba su trabajo científico ante la inminente destrucción de Talcahuano por un Tsunami, que vendría inexorablemente en “el futuro”. Este estudio del geólogo, se suma a varios otros investigadores que constataron con anterioridad la posibilidad de este evento. Fue un seminario con alta asistencia de funcionarios públicos (también expositores) entre los cuales Marcelo sonaba a estar contando un relato de ciencia ficción.

El caso del aluvión de Atacama tiene similitudes, pues en una simple búsqueda encontramos numerosos registros históricos de inundaciones previas de las cuencas de el Salado, Copiapó y Huasco, junto a estudios académicos que exponían la posibilidad de fenómenos de este tipo y sus causas, entre los cuales se encuentran, por citar un caso reciente y local, las investigaciones de la geógrafa Carmen Paz Castro para la afectada Microcuenca de Nantoco, realizadas en 2009 sumado a numerosos trabajos que incluyen las asociaciones entre estos eventos y el fenómeno climático del Niño, también presente en este caso. También sabemos que la severidad de estos eventos seguirá en aumento por las inundaciones y aumentos del nivel del mar asociados al Cambio Climático, por lo que la inacción en términos de planificación territorial se hace cada vez más difícil de justificar.
Conocimiento y reacción
Respecto a esta realidad, surgen un par de lamentables constataciones. Primero, que existe un puente cortado entre el conocimiento científico, los saberes locales y la adopción de medidas responsables respecto al territorio por parte del Estado. Segundo, que este puente puede estar cortado en parte por falta de capacidad de comunicación, pero a todas luces por intereses asociados a recursos territoriales privatizados y desregulados como el suelo, y en el caso de Atacama especialmente el agua y el subsuelo.

Sumado a estos intereses, prevalece una lógica cortoplacista y una representatividad electoral debilitada por estos elementos. Esta pérdida de representatividad y legitimidad política viene acentuándose en las regiones extremas y quedó instalada desde las últimas elecciones, con una bajísima participación regional el 2013 y un 10% más de abstención promedio en las regiones que comprenden la Ecoregión Patagónica y la de Atacama en comparación con la macro zona centro.

La transparencia y el coraje son claves para contrarrestar el statu quo de conveniencias y su ausencia va privilegiando majaderamente los intereses políticos, con períodos presidenciales o alcaldicios que sólo logran despriorizar obras públicas necesarias y relevantes, sólo porque la cinta inaugural no está asegurada para tal o cual bando.

El caso de los relaves mineros es grave desde esta perspectiva, bastando recordar el esfuerzo que hicieron las comunidades de Caimanes por visibilizar esta realidad, que  representan una tensión diaria absolutamente injusta para las comunidades que deben habitar en sus cercanías. En el caso del aluvión de Atacama el vertido de relaves dentro de los lodos es un secreto a voces, del cual aún no se han conocido acciones concretas ni transparentes que salgan al paso a desmentir estos hechos. Ni el SERNAGEOMIN ni el Gobierno de turno, han puesto el tema en la agenda, aun cuando los vertidos de ácido han sido constatados por la televisión en el Río Salado y son prueba del riesgo antrópico que involucran ciertas actividades industriales, con efectos futuros desconocidos sobre el sustratato de valles, cuerpos de agua dulce y el océano. Desde el rol fiscalizador parlamentario además, los intereses cruzados han sido ya constatados por investigaciones como las de SQM, reforzando el proceso de deslegitimación.
El caso de Atacama nos confirma además un tercer elemento que se ha recalcado incansablemente desde el mundo académico y las comunidades: quienes se ven afectados con mayor fuerza son siempre los grupos más vulnerables. En la medida que el Estado chileno siga permitiendo los asentamientos informales y desregulados, sin consignar el Derecho a una vivienda resistente y bien emplazada, en su política será una y otra vez cómplice pasivo de inseguridad e inequidad. En suma, observamos la necesidad de cambios de fondo,  donde surge la urgencia de un uso inteligente del abundante suelo fiscal.
Enfrentados al anuncio de una próxima Crisis Global del Agua, hace ya bastante tiempo que hablamos del Manejo Integrado de Cuencas -entre otros múltiples criterios necesarios-, criterio que es aceptado masivamente como una necesidad, tanto en Chile como en el Mundo, en especial para el tema hídrico y de riesgos. A pesar de su importancia, su implementación no ocurrirá nunca en Chile, hasta que no sea resuelta la privatización de recursos básicos, especialmente el agua. De hecho es tal la complejidad de su aplicación, que si bien está reconocido en la nueva PNDU, que plantea una Planificación Urbana Integrada (PUI), no avanza en una Planificación Territorial Integrada (PTI), que abarque un marco territorial que de verdadero soporte a resolver el problema. El límite urbano, es hoy en Atacama una mala broma, bien lo sabe Tierra Amarilla, rodeada de numerosos relaves y explotaciones de la gran minería.

La escasez que hace unos días comprometía a la población ha llevado al gobierno y la nueva Política Hídrica a tomar las cuencas de Atacama como pilotos para un nuevo modelo de gobernanza, el riesgo debe ser integrado en estos modelos como lo demuestra la experiencia internacional por sobre mitigaciones urbanas aisladas. En el caso específico de la cuenca del Copiapó, ha sido una de las más estudiadas a nivel mundial en materia hídrica, por la brutalidad con que se materializa el mercado de aguas chilenos a través del Código de Aguas de 1981, trabajo que se lleva a cabo hoy a través del Consejo Hídrico Regional.

El problema es que sin una redistribución y expropiación de derechos es imposible revertir la situación. De similar forma, para el caso del manejo de riesgos, se vuelve fundamental reorientar el derecho minero y sus instalaciones en el marco de la planificación del territorio, especialmente la extracción de agua (agua del minero) y el riesgo que implican hoy los numerosos relaves en las cabeceras de las cuencas que comparten en gran medida con los acuíferos de la cuenca.

 

Inercias, experiencias y reparaciones

Las últimas catástrofes por incendios, terremotos, maremotos y volcanes nos hacen saber que aparecerán nuevamente la solución de los subsidios y las lógicas que nos han llevado a repetir los patrones de poblamiento informal en zonas de riesgo una y otra vez. En ese sentido, el desajuste entre la regulación del mercado y el la definición de bien común se encuentran nuevamente en el eje del problema. Nuestro Estado ha de resolver la contradicción de invertir con cada vez más fuerza en investigaciones CONICYT -en materias de riesgo y planificación urbana-, contra los intereses que se superponen a los objetivos que buscan las nuevas legislaciones como la PNDU y los intereses del mercado. No tiene sentido seguir desarrollando más ciencia, más políticas públicas, más doctorados si finalmente no hay un piso ético suficiente en el país para lograr esa consecuencia, superar las malas costumbres del subdesarrollo y “hacer las cosas bien”.

Urge una mirada de un estado con una nueva ética. Cabe revisar esta situación, para fortalecer acciones de un Estado preventivo, garante de derechos básicos, seguridad y eficiencia, donde los contribuyentes, personas y regiones descentralizadas -aún más respecto al aporte que hace las regiones mineras al PIB-  reciben y dan respuesta a las obligaciones que están mandatados a cumplir. No podemos sostenernos sobre los intereses que se crean en base a los períodos gubernamentales, que como decíamos no hace más que dejar en el marco de una “política pequeña” los planes, obras y proyectos que superen su plazo.

El desafío de la institucionalidad para enfrentar estos eventos es prueba de estas necesidades. La participación de la Academia, la sociedad civil, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y las agrupaciones voluntarias parece claro complemento a la debilitada coordinación de ONEMI, proyecto de ley que por estos días vuelve a despertar en el Congreso.

Finalmente, se constata una vez más la conveniencia económica y práctica de la planificación urbana, como acción preventiva que nace desde cada zona específica y autónoma, con un Estado que resguarda la vida y el patrimonio de sus habitantes y donde los ciudadanos, autoridades, empresarios y trabajadores toman conciencia de ese resguardo y de su objetivo fundamental, que es junto a la adecuada ocupación y aprovechamiento del territorio, el resguardo del bien común. Tenemos suficiente información y capital humano para abordar los desafíos que hemos planteado, pero debemos reconstruir los puentes éticos entre academia, estado y comunidades.