Contraloría detecta deficiencias en entrega de beneficios por terremoto de Tarapacá
Por Alejandra Lobo, La Tercera.
Auditorías a servicios públicos y municipios hallaron falta de respaldo en gastos e inconsistencias en documentos.
Deficiencias en la acreditación de gastos, falta de respaldos, duplicidad de beneficios e información errónea. Esas son algunas de las irregularidades detectadas por la Contraloría Regional de Tarapacá en auditorías que aplicó para fiscalizar los recursos destinados para enfrentar la emergencia tras los terremotos del 1 y 2 de abril de 2014 en el norte.
Las entidades sometidas a examen fueron los municipios de Iquique, Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y, por último, la Seremi de Desarrollo Social, la Intendencia de Tarapacá y con ella, la Delegación Presidencial.
Urgencias
En el caso de los municipios, las mayores deficiencias se vinculan a la falta de respaldo en gastos e inconsistencias documentales. El alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, señaló que las observaciones son más de forma de que fondo. “Hemos aclarado las observaciones que nos realizó Contraloría y que se relacionan con mejoras de procedimientos. De hecho, hemos aplicado un seguimiento interno a las mismas”, explicó.
El edil agregó que “hay que entender el contexto en el que se realizaron las compras o se entregaron beneficios: habíamos sido azotados por dos terremotos consecutivos, con mucha gente damnificada y que demandaba la entrega de prestaciones en forma inmediata”.
En la misma línea, Carlos Silva, alcalde de Huara, señaló que, en su caso, todas las observaciones se relacionaron con la falta de respaldos de obras de emergencia que ejecutaron en poblados alejados. “Se vinculaban con retiro de escombros en poblados como Miñi-Miñe, localidades de la Quebrada de Tarapacá y en el propio Huara. Fueron tareas que concretamos con mucha premura y urgencia, pero ya todo fue respaldado y entregado a Contraloría”, señaló.
La comuna de Iquique es la que presenta más problemas, con carencias en órdenes de compra, ausencia de documentación en contratos de profesionales por la emergencia y falta de controles administrativos.
Controles internos
En tanto, en la auditoría practicada a la Seremi de Desarrollo Social de Tarapacá, Intendencia y Delegación Presidencial, se detectaron faltas de controles internos en subsidios de arriendos y servicios básicos, como por ejemplo, carencia de documentos debidamente firmados por los arrendadores.
En la evaluación, de los subsidios de arriendo y de acogida familiar entregados, se determinó en una muestra de 125 beneficiarios, que 40 ocupan el inmueble afectado por el terremoto como arrendatario: siete casos presentaron un contrato de arriendo, ocho una declaración jurada y 25 (62%) no presentaron ningún tipo de respaldo. Así se estableció que las reparticiones públicas involucradas en la entrega de beneficios no han establecido un criterio uniforme para la entrega de los mismos.
El delegado presidencial Julio Ruiz, indicó que la Contraloría ejecutó una muestra que abarcó algunos barrios de emergencia. “En esa fiscalización realizó algunas observaciones, las cuales ya fueron subsanadas por esta delegación. No hay que olvidar el sentido de urgencia que tuvo este proceso, el cual ha buscado siempre otorgar lo más rápido posible soluciones de calidad a las familias afectadas”, afirmó.
También, se detectaron 29 casos de personas que accedieron a viviendas en barrios de emergencias, sin que se acreditara el daño que experimentaron las casas donde residían, informe que debía ser evacuado por Serviu. A esto se sumaron falencias en la entrega de casas de emergencia, bases de datos incompletas, falta de documentos de respaldos en pago de servicios básicos a afectados y también, se estableció una duplicidad en la cancelación por concepto de apoyo en arriendo y subsidio familiar.
Asimismo, la Contraloría Regional de Tarapacá fiscalizó a algunos beneficiarios que están haciendo uso de soluciones habitacionales transitorias. De la muestra, se estableció que el 81% ocupan las viviendas que figuraban en los contratos de arriendo o en las declaraciones juradas, sin embargo, tres de ellos estaban instalados en los mismos inmuebles que declararon como siniestrados, entre otros.
