Contraloría tiene tres procesos abiertos por fallas detectadas en el puente Cau Cau
Por Marjory Miranda O., La Tercera.
Auditorías son por detalles técnicos y administrativos, a nivel regional y nacional.
Dos investigaciones y un sumario administrativo está realizando la Contraloría General de la República al proceso de construcción del puente Cau Cau, en Valdivia. La estructura, la primera con modalidad basculante del país, está actualmente paralizada debido a la rotura de un péndulo que impide el funcionamiento del sistema de levante del brazo sur (hacia Isla Teja) y que fue detectada en febrero de este año.
La primera auditoría la realiza personal del organismo central y responde a una petición que realizó, el año pasado, el diputado Bernardo Berger (RN), debido al retraso en la entrega del viaducto, que estaba prevista originalmente para mayo de 2014. La segunda fiscalización está en manos de la Contraloría Regional y se enfoca en si se cumplieron los requerimientos técnicos de la obra. Además, está en curso un sumario para determinar responsabilidades de funcionarios de las direcciones regional y nacional de Vialidad, así como del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en las reiteradas fallas de la construcción.
Se trata de procesos nuevos que realiza el organismo y que se suman a otros dos informes previos que ya había emitido el órgano contralor, por deficiencias anteriores en la obra.
Informes anteriores
Uno de los documentos fue emitido el 30 de abril de 2014, y se realizó a solicitud del senador Alfonso de Urresti (PS), luego que se descubriera un error en la construcción de los tableros del lado norte, ubicado hacia el sector de Las Animas (ver fotografías).
En ese entonces la Contraloría ya había detectado problemas en el lado sur, que estaba en proceso de construcción y que en febrero pasado arrojó una falla que paralizó la obra. Allí se detallaba, por ejemplo, que los “pernos conectores del contrapeso se encuentran doblados (…). Son elementos que generan trabazón entre el cuerpo metálico y el relleno de hormigón armado, siendo ellos plausibles de sufrir deformaciones por la manipulación del resto de las piezas”.
El otro informe está fechado en septiembre de 2014 y se elaboró tras una inspección realizada en julio del mismo año, seis meses después de detectado el error en los tableros. En este documento se hace énfasis en las decisiones tomadas por Azvi, a cargo de la construcción del puente, tendientes a realizar trabajos sin la debida autorización del inspector fiscal del MOP, así como problemas de ejecución, como el hecho de que “la armadura de la losa de hormigón armado ubicada en la zona de la junta de dilatación del área norte, presentaba separaciones irregulares, no cumpliendo con el distanciamiento solicitado en el proyecto”, dice textual el informe.
También hay reparos sobre los accesos y retornos al puente, relacionados con la evacuación de aguas lluvia, instalación de señalética en forma desigual y soleras que no están alineadas. En las conclusiones de ambos informes, el órgano contralor solicitó mejoras técnicas en el mecanismo de control.
Meses después, y con el puente paralizado, el senador De Urresti calificó como “inadmisible que se hayan demorado tanto tiempo en decisiones que cambian el rumbo y que rectifiquen decisiones anómalas. Pese a las prevenciones y las observaciones de la Contraloría, nunca se sancionó, salvo cuando esto era un escándalo mediático”.
Sanciones por retraso
Una vez conocida la última falla en el mes de febrero, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, instruyó dos investigaciones. Además, el director de Vialidad, Mario Fernández, renunció a su cargo.
En paralelo, la constructora Azvi fue pasada a proceso para ser suspendida del registro de contratistas del MOP, cuya permanencia permite participar en la ejecución de obras de infraestructura pública.
Según la firma, el pasado 20 de marzo presentó los descargos por este procedimiento. Asimismo, agregaron que “no tenemos conocimiento de las referencias a las acciones que realiza la Contraloría, por lo tanto, no nos corresponde ni podemos pronunciarnos. Cualquier anomalía que se detecte por la inspección fiscal durante el desarrollo de la obra, es corregida de acuerdo con las instrucciones y observaciones que pudieran presentarse”.
El problema para Azvi es que el plazo para la entrega de la obra se venció el 4 de abril pasado, por lo que el MOP aplicará una multa de $ 10 millones por cada día de retraso. La constructora respondió que su interés es “cumplir a cabalidad con este proyecto (…) En ese empeño Azvi, que es una empresa de más de 100 años de existencia, está poniendo toda su capacidad”.
Pese a esto, el senador De Urresti dijo que solicitará que el Consejo de Defensa del Estado “intervenga para salvaguardar los intereses del Estado, porque se trata de una obra con una tardanza de más de un año y medio y cientos de millones de pesos adicionales invertidos”.
Por su parte, el diputado Berger dijo que “esperamos que la Contraloría termine y cierre cuanto antes esta investigación y determine finalmente las responsabilidades en este caso. Es de esperar que el MOP tome las medidas constructivas para garantizar a la comunidad que este puente no va a fallar una vez que entre en operaciones”.
El director nacional de Vialidad, Miguel Angel Carvacho, anunció que “se constituyó un directorio de seguimiento del puente Cau Cau y todos sus errores, con el ánimo de solucionarlos y recuperar la confianza de la población de Valdivia”. La instancia está integrada por el ministro, el subsecretario, el director nacional de Vialidad, el seremi de OO.PP. de Los Ríos y el experto independiente, Sergio Contreras”.
El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, criticó la medida, asegurando que “son los mismos funcionarios del MOP que tenían que hacer la pega antes y que claramente no la hicieron. Qué garantías podemos tener de una instancia como esta, si queda integrada prácticamente sólo por funcionarios del MOP y encabezada por el ministro Undurraga y el subsecretario Galilea, quienes son los responsables políticos de la impunidad que ha tenido Azvi frente a las distintas irregularidades constatadas por la Contraloría”.
