Los tropiezos del plan a un año del megaincendio
Por Audénico Barría, El Mercurio.
Entre irregularidades detectadas por la Contraloría y tardanza en la recepción de viviendas:
Una de las críticas más repetidas entre los damnificados del megaincendio de Valparaíso es la demora en las soluciones habitacionales para las 1.309 familias validadas para reparar o construir en sitio propio.
Un informe de la municipalidad señala que durante el año ha recibido cerca de 850 carpetas con proyectos, de los cuales 650 están aprobados, pero solo 16 han sido totalmente construidos y recepcionados por la Dirección de Obras, aunque hay otros 100 que están en proceso de término.
En cuanto a los microbasurales, el año pasado debió comenzar la erradicación de los 151 georreferenciados en el área siniestrada y calificados como potenciales riesgos de nuevos incendios.
El plan original del Gobierno destinó para el 2014 la suma de $250 millones para la etapa inicial, de un total de $2.500 millones para las obras que el municipio debía ejecutar hasta el 2018. Pero cuando el Consejo Regional iba a aprobar la entrega de los fondos aportados por la Subdere, el intendente Ricardo Bravo retiró el proyecto y decidió que debía ser ejecutado por Conaf y no por el municipio, por su mayor experiencia en la erradicación de basurales.
Además, aun cuando hubo consenso en que no se permitiría reconstruir viviendas en bordes y fondos de quebradas o zonas de riesgo, ninguna autoridad lo ha impedido. El Servicio Nacional de Geología y Minas determinó cuatro sectores peligrosos en el área afectada por el incendio y en julio del año pasado el Cuerpo Militar del Trabajo detectó que en esas zonas estaban ya emplazadas 468 viviendas. Las autoridades han señalado que a ninguna de las familias que ocupen ilegalmente las zonas riesgosas se les van entregar subsidios u otro tipo de beneficios. El delegado presidencial para la reconstrucción reconoce que hay más familias que han llegado de otros sectores a instalarse en forma ilegal, pero el municipio no ha dispuesto su erradicación.
Por otra parte, la Contraloría estableció una serie de irregularidades en el cobro de más de $1.843 millones por servicios que prestó el empresario Jaime Figueroa Molina en el retiro de escombros. A ello se sumó una demanda civil que el mismo Figueroa interpuso por el no pago de casi $300 millones. La Intendencia presentó oposición e ingresó una denuncia por estafa y falsificación de instrumento privado. Otra investigación de la Contraloría, cuyo informe final se evacuó el 4 de marzo pasado, estableció que hubo también una serie de irregularidades en la entrega de ayuda a los damnificados, principalmente por falta de rigurosidad. El informe señala, entre otra cosas, que “Luis Sanhueza Escobar, funcionario de planta de la seremi de Desarrollo Social, informó que estaba presente en la oportunidad en el que el asesor de la Intendencia Regional Andrés Díaz González instruyó a una persona contratada a honorarios, en orden a completar con datos inventados listados que sirvieran de soporte ante una eventual fiscalización.
Frente a esta situación, la Intendencia dispuso un sumario y el asesor fue separado de sus funciones.
