Valparaíso a un año del megaincendio
Por D. Astudillo y J. Galarce, La Tercera.
El 12 de abril de 2014 las llamas arrasaron con parte importante de los cerros puerto. Doce meses después, la tragedia dio paso a grandes avances, pero aún quedan tareas pendientes.
Reconversión de quebradas
Uno de los problemas más complejos que debió asumir el Gobierno, es el riesgo que presentan las viviendas en las quebradas de Valparaíso. Luego de terminar la primera etapa de emergencia, en enero, la ministra de Vivienda, Paulina Saball, llamó a las familias que vivían en esas zonas a abandonar sus casas “por los peligros que implican”.
La finalidad de esa acción, es la intervención de las quebradas. Ya se trabaja en tres -Los Chonos, Pajonal y El Vergel- de un total de siete. El arquitecto asesor del proceso de reconstrucción, Osvaldo Bizama, informó que luego de estudios urbanísticos se constató la posibilidad de construir en las laderas.
El plan de urbanización de las quebradas partió en el sector de Los Chonos, que cruza el cerro el El Litre y La Cruz, donde 20 viviendas de emergencia se transformarán en definitivas. El resto de potenciales quebradas a intervenir son San Francisco, Jaime, Las Américas, Pulcuro, Cousiño y Santa Elena. En total se invertirán $41 millones.
La urbanización en Los Chonos lleva un 20% de avance, y contempla la construcción de muros de contención que permitirán asegurar la habitabilidad de 100 viviendas en laderas.
Proyectos con integración social
El megaincendio del 12 de abril de 2014 permitió el análisis, y posterior conclusión, de que en Valparaíso la política de vivienda social debe ser abordada a mayor escala. Es por esta razón que se decidió que los proyectos habitacionales subirán de 50 a 900 Unidades de Fomento, lo que permite la obligación de construir con obras de mitigación necesarias para evitar la proliferación de nuevos incendios.
Es por ello que la modalidad de proyectos -que se estima concluyan a fines de 2016- será de Integración Social. Esto quiere decir que una constructora podrá ejecutar un gran condominio para 160 familias, de las cuales, un porcentaje serán damnificados (900 UF, unos $ 22 millones) y el resto de las casas estarán a la venta para cualquier persona (hasta 2 mil UF, unos $ 49 millones).
Desde la Dirección de Obras municipal, Matías Valdés, calificó la decisión del Gobierno como “moderna, se aplica en países desarrollados, como España, permite integración de culturas incluso. Nivela socialmente hacia arriba, sube el estándar de vida de la ciudad y calidad de los barrios, porque incluye pago de contribuciones, hay control de la basura y evitamos terrenos cortados”.
Cambios en la Onemi local
Sin existir un foco activo de incendio, el pasado viernes la Oficina Regional de Emergencias comunicó a las autoridades sobre una alerta roja preventiva para el fin de semana. El motivo: las altas temperaturas, baja humedad y condición del viento.
El inédito aviso significó la movilización de carabineros motorizados, PDI y camiones aljibe, quienes recorrieron los cerros de manera preventiva. La idea, señaló el director Mauricio Bustos, es vigilar constantemente estos factores de riesgo de potenciales incendios, para anticiparse a una tragedia.
“Junto con ello estamos ejecutando un sistema de radio con tecnología P-25, el cual otorga un canal de comunicación común entre los integrantes del COE (Comité de Operaciones de Emergencia), las FF.AA. y gobernaciones de Isla de Pascua y Juan Fernández”, explicó Bustos.
Además, se anunció para el 2017, el funcionamiento de un nuevo centro operacional de emergencias, un edificio que estará ubicado en la parte alta de Rodelillo. El ambicioso proyecto, que requiere de una inversión de US$ 10 millones, implica la instalación permanente de Onemi, Conaf, una compañía de Bomberos, redes de grifos, una red seca y un helipuerto.
Campamentos sin control
Otro de los problemas visibilizados tras el incendio fue la presencia de 180 familias de Valparaíso viviendo en campamentos. Según el delegado presidencial para la reconstrucción, Andrés Silva, “existían 11 campamentos en la zona afectada, equivalente a 400 familias (…). De ese total, 260 han salido de esa situación, porque escogieron subsidios habitacionales o arriendo. Un 60% de esas familias abandonaron la situación de campamento”.
Pese a que los asentamientos ilegales presentan eventuales riesgos como incendios y aludes, debido a la falta de regularización de terrenos y la aplicación de medidas de mitigación, aún no se ha podido establecer un control sobre la proliferación de éstos. Incluso, luego del proceso de traslado de familias, otras comunidades se concentraron en microcampamentos de 10 y 15 familias, según informó el mismo delegado.
En esta línea, Silva agregó que “no es tan sencillo el desalojo, ya que ha habido tolerancia e informalidad extrema desde el municipio, debido a que los abastecen de servicios básicos como agua. No hay control de los campamentos en Valparaíso”.
Actualmente, 80 vecinos del campamento El Vergel serán residentes del nuevo conjunto habitacional que se levantará como parte del plan de urbanización de sectores periféricos anunciado por el Gobierno. Sin embargo, a un año del incendio que destruyó sus viviendas solo cuentan con un anteproyecto.
Bajas multas y falta de avances legislativos
El inicio de la llamas que arrasaron con buena parte de Valparaíso, dejando 15 muertos, se originó en hectáreas boscosas, en lo más alto de la ciudad. En términos de superficie, resultó 10 veces más afectado que el sector urbanizado. Diez predios, algunos de éstos en completo abandono y con abundante reproducción de eucaliptos , fueron la causa de la rauda propagación del fuego.
De los ocho dueños de fundos, sólo cuatro pudieron ser notificados, entre éstos la Armada de Chile, siendo multados con apenas 8 UTM (unos 345 mil pesos). La sanción, que forma parte de la ordenanza municipal, se aplica por no contar con cierres que eviten acceso de vehículos a vertederos clandestinos, construcción de cortafuegos forestales y despeje de basuras y escombros.
El alcalde Jorge Castro, indicó que “algunos propietarios respondieron y limpiaron escombros, pero el resto está inubicable. Uno vive fuera del país, y no tenemos mayor facultad sobre un terreno privado y fuera del límite urbano”.
Además, fue un año inútil en términos de legislación en el Congreso, que congeló la suma urgencia a la iniciativa que aumenta sanción a quienes transporten desechos a lugares prohibidos. Tampoco se realizó alguna iniciativa sobre multas o expropiación de terrenos abandonados y la prohibición de plantación de eucaliptos.
