Vecinos rechazan que sus casas se declaren como inmuebles de conservación histórica

Por Ximena Bertin, La Tercera.

Concejo Municipal de Santiago votará en abril si se da esta categoría a 186 propiedades.

Pamela Betanzo, vecina del Barrio Beaucheff, vive con su madre de 86 años. La misma edad que cumple la casa que comparten, herencia de su abuelo, y que en pocos días podría ser declarada Inmueble de Conservación Histórica (ICH) por el Municipio de Santiago. “Con eso no nos van a permitir ningún arreglo dentro de la casa. Preguntamos qué beneficio nos traería y en la municipalidad nos dijeron que ninguno. Ya somos zona típica, entonces ¿para qué vamos a tener dos restricciones, si nuestras casas van a seguir bajando de valor? Estarán muy bonitas y todo, pero se transforman en un cacho, y doble más encima, si la quisiéramos vender”, reclama la vecina.

En estado de alerta están los 186 propietarios de barrios patrimoniales santiaguinos, tras enterarse que el municipio votará en los próximos días un cambio al plan regulador que declarará sus propiedades, unilateralmente, como ICH. Así, de ser aprobados por el Concejo Municipal, los inmuebles no podrán ser demolidos o refaccionados, sin previa autorización de la Seremi de Vivienda.

“Este cambio no significará más trámites para los vecinos ni mayores exigencias, sino simplemente más instancias de revisión. Lo relevante es que se evita la demolición o intervenciones que rompen con el estilo arquitectónico”, señaló Sandra Gysling, asesora urbanista del Municipio.

Sin embargo, el municipio ya ha recepcionado varios reclamos desde el barrio Madrid, Yungay y Bellas Artes, respecto a esta decisión inminente.

Una vecina de Av. Beaucheff, cuya casa está en la lista y que no quiso identificarse, está angustiada. Lo mismo ocurre con la gente mayor y sola que vive en estas construcciones, de alto valor arquitectónico y cultural, que el municipio está empeñado en proteger. Ella es viuda y vive de una pensión que no le alcanza para mantener su único patrimonio -una antigua casa estilo ecléctica, con reminiscencia alemana-,y menos para la complicación que significa su mantención. “Yo no pedí esto, estamos en una democracia y no me parece justo que me obliguen y al mismo tiempo no nos ayuden en nada para conservarla. Estoy con los nervios de punta por esto”, admitió.

Desde la asociación Vigías del Patrimonio, que recoje los reclamos de los vecinos, dicen que no fueron notificados a tiempo y que la declaratoria -al igual que en 2013, cuando se informó a los primeros 285 ICH-, sólo traerá complicaciones y ninguna ayuda monetaria. Eso, pues toda modificación o arreglo debe acompañarse de un proyecto, visado por un arquitecto y con cargo al propietario, quien además deberá esperar hasta ocho meses para obtener los permisos.

Desde el municipio informaron que se envió una carta a cada vecino para que participaran de las audiencias con sus observaciones, plazo que venció. Pese a ello, no es obligación del municipio aceptar la negativa de los dueños. “Las observaciones fueron entre el 20 de enero y el 4 de febrero, pero el proceso estaba cerrado de antes. A solicitud del concejo nos enviaron una carta, pero el proceso ya estaba en marcha. Nunca nos notificaron desde un principio para poder haber hecho algo” denuncia Claudia Cervantes, presidenta de Vigías del Patrimonio.

En el intertanto, el municipio está evaluando alternativas para alivianar esta carga, como subsidios destinados a reparar los ICH y conseguir una rebaja tributaria para los dueños.

“Para agilizar los plazos se ha pensando en un convenio con la Seremi de Vivienda, que aún no existe. Lamentablemente, todos los arreglos demoran un poco más de lo que quisiéramos, incluso en los expedientes de inmuebles que no tienen ningún valor patrimonial. Además los propios vecinos muchas veces no responden las observaciones en los plazos estimados”, señala Gysling.

Otra consecuencia de los ICH sería el riesgo de demandas a las que se expondrá el municipio, según señala el concejal Felipe Alessandri. “La Corte Suprema ya falló en favor de la Iglesia, que es un privado, y obligó al municipio a hacerse cargo de la restauración de la Iglesia San Francisco por ser patrimonial. Los vecinos podrían hacer lo mismo y los jueces encontrarle razón, ya que es el municipio quien declara los ICH. Obviamente no hay municipio que resista un gasto así”, dice el concejal.

Alessandri, que votó en contra de la declaratoria en 2013, se opone porque “al final es una expropiación encubierta, son tantas las complicaciones, que se transforma en una mal negocio, y muchas veces las casa terminan sin ninguna mejora o bajo las llamas”.