¿Dónde se puede vivir en Chile?

Por Carlos González Isla, La Tercera.

En 15 años más, 18 millones de chilenos vivirán en zonas urbanas. Expertos plantean cómo regular este crecimiento en un lugar seguro, en medio de un país golpeado por la fuerza de la naturaleza.

Lo de Copiapó es una catástrofe, porque en su camino, el aluvión encontró un hábitat mal instalado. ¿Qué es lo que hubiese hecho yo como planificador en el área. Habría refundado Copiapó, lo sacaría del lugar donde está. Chañaral, igual, porque Chañaral siempre va a ser el lugar de llegada de los aluviones”, dice Reinaldo Börgel, geógrafo físico, quien ya en la década de los 60 comenzó a publicar estudios sobre la geomorfología del país.

El experto, hoy académico en la U. Academia de Humanismo Cristiano, pide ordenar el territorio porque el país está experimentando un crecimiento urbano, tanto de ciudades pequeñas, medianas como grandes. “Estas ciudades deberían seguir creciendo, pero en lugares seguros”.

Luis Eduardo Bresciani, presidente Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (Cndu), organismo asesor de la Presidencia, señala que efectivamente las urbes seguirán creciendo. “Todas las estimaciones dicen que hacia el 2030 las ciudades tendrán 2 millones más de habitantes, superando los 18 millones de chilenos habitando en zonas urbanas”.

Sin embargo, explica que en muchos casos, la relocalización no es una opción porque la vida de las personas está asociada a sus barrios y ciudades. “En estos casos, se requiere de un nuevo diseño urbano con obras de mitigación y manejo ambiental que reduzcan los riesgos. Un ejemplo exitoso han sido la cientos de obras de manejo de cauces que el MOP ha desarrollado y los nuevos parques en zonas de riesgo o inundación”, asegura.

El problema, dice Bresciani, es que la segregación social fuerza a muchos chilenos a habitar en sectores con riesgos. “Por eso, debemos aspirar a que en esta década, el Estado esté mejor preparado para enfrentar el futuro de las ciudades”.

“Claramente nuestras políticas e instrumentos públicos son insuficientes y débiles, pues no basta con prohibir la localización de los sectores más pobres en zonas de riegos, hay que garantizar el derecho de todos a vivir en las zonas seguras y de calidad de cada ciudad. Eso requiere más inversión pública y gestión del suelo”, plantea.

Para Bresciani, este año será clave comenzar a cambiar esta realidad. “El futuro integral de nuestras ciudades depende de una profunda reforma al sistema de planificación urbana y territorial, que descentralice por completo la elaboración de planes, que garantice amplia participación ciudadana en todos los niveles y materias, y que vincule obligatoriamente los planes reguladores territoriales, con la planificación de obras públicas y el transporte”, afirma.

El último poblado que se intentó reubicar en el país fue Chaitén, después de la erupción del volcán del mismo nombre, en 2008, en la Región de Los Lagos (ver nota secundaria). Sin embargo, el proyecto solo quedó en el papel.

Jonathan Barton, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), cree que es poco viable y muy costoso la creación de nuevas ciudades, empezando con el problema de empleo. “Las personas migran hacia el empleo, no hacia una vivienda”, dice.

Por ejemplo, señala que Canberra (Australia), Abuja (Nigeria) y Brasilia (Brasil) no son buenas experiencias y que este tipo de urbes solamente funcionan cuando llevan la administración nacional para generar puestos de trabajo.

Barton más bien es partidario de la relocalización sustentable, que no está enfocada solo en viviendas sino en la construcción de comunidades sustentables: con infraestructura vial, de saneamiento, con colegios, consultorios, fuentes de empleo y espacios públicos de calidad. “Asentamiento no se trata solamente de ‘techos’, sino modos de vida”, explica.

Lo anterior debe ser complementados con desincentivos para poblar zonas de riesgo, caso en el que los seguros juegan un rol relevante.

“(En los países de mayor desarrollo) las empresas de seguros no aseguran propiedades en zonas de riesgo, por eso la propiedad casi no tiene valor comercial porque no hay demanda. Sin seguro, no hay mercado”, dice.

Jorge Claude, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, explica cómo funciona el sistema en Chile. Dice que “la mayor parte de los seguros de viviendas contratados provienen de las carteras hipotecarias de los bancos, donde la tarifa es igual para todos, porque hay una licitación pública, con precio uniforme. Ello impide aplicar cualquier diferenciación en función del riesgo para esas carteras”.

Agrega que respecto a la contratación individual, los reaseguradores pueden establecer condiciones diferenciadas por riesgo y, eventualmente no otorgar coberturas, como ocurre con los adobes frente a un terremoto.

Rodney Hennigs, gerente de Líneas Personales de Chilena Consolidada-Zurich, agrega que “se pueden asegurar casas en zonas que se encuentren cerca de volcanes, pero si ocurre una catástrofe como la de Chaitén, la compañía podría elevar el costo de un seguro para una vivienda, ya que existe un antecedente previo de una erupción volcánica con grandes consecuencias”.

El peso de las emociones

Pedro Vásquez, alcalde Chaitén, dice que muchos factores atentaron contra la Nueva Chaitén. Explica que tras el desastre, el gobierno lanzó un plan para comprar las propiedades. Hoy el 80% de la ciudad es propiedad fiscal. Muchos de quienes vendieron nunca regresaron, y como la reubicación tardó más de los esperado, relata, los desplazados se radicaron en otras ciudades.

Pero no todos se fueron, entre ellos él. “Si no hay erupción, no habrá crecida del río. En Chañaral, en cambio, el tema es el clima y va a pasar lo mismo el próximo año, es más peligroso lo que pasa en el norte”, dice el alcalde.

Pero ¿qué amarra a la gente a su tierra tras experiencias traumáticas? Humberto Marín, experto del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, dice que hay distintas miradas sobre este punto.

La teoría dice que las personas siempre evalúan el riesgo que están dispuestas a asumir para lograr un beneficio. En este caso, el beneficio de quedarse en un lugar versus moverse. Plantea también que el fenómeno tiene su origen en la estrecha relación con el territorio. Lo anterior, estaría determinado por distintos lazos, entre ellos la familia, empleo o cultura del lugar.

“Ambas concepciones están en constante interacción, siendo la persona quien evalúa en base a sus percepciones y a la influencia social de sus grupos de referencia”, indica Marín.