Gremio inmobiliario advierte congelamiento de proyectos residenciales por nueva ley
Por Marco Gutiérrez V., El Mercurio.
Sector manifestó su preocupación por norma que reserva suelo para equipamiento urbano, pudiéndose expropiar:
Al menos cuatro iniciativas en el Gran Santiago, que suman unas 1.500 viviendas, podrían verse afectadas por las disposiciones de la legislación, indicó la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios.
Preocupación existe en el sector inmobiliario por el impacto de una nueva normativa que reserva suelo en diferentes comunas para el desarrollo de equipamiento urbano. Esto, indican en la industria, incluso podría frenar inversiones en marcha.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) mencionó que al menos cuatro proyectos residenciales del Gran Santiago se están viendo afectados por las disposiciones de la Ley 20.791 -publicada en octubre de 2014- que determina la afectación de terrenos que pueden ser expropiados para desarrollo de áreas verdes, vialidad u otras obras de utilidad pública.
El director ejecutivo de la ADI, Vicente Domínguez, señaló que se trata de iniciativas vinculadas a Brotec Icafal, en Maipú; Inmobiliaria PY, en Cerrillos; un área de Lo Campino, en Quilicura, y planes de Avellaneda y Ebco en Cerro Alvarado, Vitacura. Se trataría de cerca de 1.500 viviendas que podrían verse afectadas, de las cuales algunas ya están vendidas y habitadas por personas o las firmas tienen previsto construir.
Domínguez explicó que la nueva ley devolvió el carácter de “afecto” o ser susceptible de expropiación por utilidad pública a ciertos terrenos que habían perdido esa condición en la primera mitad de la década del 2000. Posteriormente, añadió, inmobiliarias adquirieron suelo desafectado y comenzaron a levantar sus iniciativas.
La nueva ley abría una ventana para resolver casos golpeados por la normativa, dando para ello plazo hasta el 29 de abril de 2015 (mañana). Esto, a través de resoluciones alcaldicias o de la Seremi de Vivienda, según la ADI. Pero el gremio indicó que la solución no ha llegado a todos.
La entidad hizo llegar su preocupación por medio de una carta a la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball. En la misiva, explicó que existen tres grupos impactados. El primero corresponde a propietarios de viviendas adquiridas en los últimos años, construidas en terrenos que no estaban afectos a declaratorias de utilidad pública. Estos no podrían vender sus propiedades a terceros, ya que los bancos no financiarían la compra de viviendas que pueden ser expropiadas.
Los otros dos grupos son “prometientes compradores” de viviendas en construcción en dichas iniciativas y también proyectos que, a pesar de tener permisos de edificación aprobados o anteproyectos aprobados vigentes, no se podrán ejecutar.
Vicente Domínguez fue categórico que señalar que si esta situación no se corrige “la gente se quedará con el problema, las casas en construcción serán detenidas y los proyectos no se harán. Las inmobiliarias no seguirán construyendo en eventuales áreas verdes”.
Domínguez afirmó que estos sitios se transformarán en sitios eriazos, pues el Gobierno tampoco hará proyectos.
Minvu: obras pueden seguirEl seremi de Vivienda de la R. Metropolitana, Aldo Ramaciotti, recordó que la ley 20.791 restituye las afectaciones para áreas verdes y equipamiento establecidos en planes reguladores comunales e intercomunales que habían caducado a mediados de la década pasada.
Ramaciotti explicó que la ley consagró como derecho adquirido todos los anteproyectos y permisos de edificación que se tramitaron desde que caducaron las anteriores afectaciones de terrenos hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa. Explicó que si una inmobiliaria cuenta con autorización para edificar, puede empezar obras o continuarlas, aunque el suelo esté afecto a expropiación.
Indicó que son unas 1.300 hectáreas afectas para áreas verdes, vialidades, entre otros.
