Parque eólico en reserva de Hualpén desata polémica
Por Ximena Bertin, La Tercera.
Se arrendó terreno en el santuario de la naturaleza para instalar 10 aerogeneradores.
Aunque parezca irónico, son varias las opiniones en contra que tiene el proyecto de construcción del Parque Eólico Altos de Hualpén, al interior del Parque Museo Pedro del Río Zañartu, de Hualpén, en la VIII Región. En el Facebook del recinto se consulta la opinión a los seguidores, quienes coinciden en el inconveniente de ubicar estas torres en medio de un santuario de la naturaleza. Esto, pese a que el administrador recalca que el Parque Hualpén, como se le conoce al Parque Pedro del Río Zañartu, es una corporación de derecho privado, que no recibe ayuda ni del Estado ni de privados, y que subsiste “a duras penas”, sólo gracias al cobro de entradas de vehículos de sus 150 mil visitantes anuales. Son 10 aerogeneradores que se instalarán en las lomas de Rocoto, en los terrenos del parque-museo, el que a su vez tiene 500 hectáreas de extensión, que son parte de las 5.400 hectáreas en total que tiene la península de Hualpén, santuario de la naturaleza desde 1976, y hoy reconocido internacionalmente como sitio IBA (Important Bird Area) desde 2014.
Precisamente, la falta de financiamiento es el principal argumento del administrador para dar el visto bueno a la instalación de las torres de 80 metros de alto. El arriendo del terreno, más un porcentaje de la energía producida, ayudará a financiar la mantención del santuario. “Podemos generar siete de los $ 14 millones que necesitamos mensuales para que el parque sobreviva, y así solventar los meses en que baja la afluencia de público. Los trabajos serán por fuera y habrá una mínima intervención”, explica Martín Domínguez, administrador del Parque Pedro del Río Zañartu. “La gente habla desde la ignorancia”, reitera, al ser consultado por la oposición de la ciudadanía y de consejeros regionales. “Ellos no tienen nada que decir, porque en cien años nunca hemos recibido recursos ni del municipio, ni del gobierno regional, ni del Consejo de Monumentos”, dice Domínguez.
En la votación de la junta administrativa, formada por la gobernadora provincial, el director del Servicio de Salud y el alcalde de Concepción -según lo estipulado en el testamento del dueño-, se aprobó la idea del administrador para conseguir financiamiento. Los dos primeros votaron y aprobaron por mayoría la renovación de los contratos de arriendo de los terrenos entre el parque-museo y la empresa española Enhor, titular del proyecto, el que se encuentra aprobado, por la entonces Conama, desde 2007. El único que votó en contra del arriendo fue el alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz, “porque contraviene la voluntad del testador que legó el parque para fines recreativos y de estudio botánico, sin fines de lucro”. La gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, argumenta “que el proyecto cuenta con sus permisos y es una energía limpia y necesaria para la matriz energética”.
La renovación de los contratos fue la señal que encendió las alarmas en la comunidad y entre los ambientalistas. Las torres con aspas de 40 metros de largo deben ser enterradas y cubiertas con concreto en su base, lo que implica movimiento de más de 20 mil metros cúbicos de tierra y la excavación de zanjas para el soterrado del cableado. Esto generaría eventuales perturbaciones a la nidificación de aves y choques de éstas con las aspas durante la migración. “El que exista una resolución de calificación ambiental no nos da ninguna seguridad. Nunca se respetó su condición de santuario de la naturaleza, y nos parece irónico que la misma gobernadora esté avalando un proyecto que está caduco. Ya no están las mismas condiciones que en 2007 y ahora este sitio es IBA”, declaró Luciano Pérez, director regional de Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff).
