Expertos y automovilistas cuestionan utilidad de la restricción vehicular a los catalíticos

restriccion vehiculos cataliticosPor El Mercurio.

También critican propuesta para una prohibición permanente de estos autos en invierno:

Hoy, más del 95% de los vehículos que circulan por Santiago tiene sello verde, por lo que muchos especialistas apuntan a que el verdadero problema está en el uso de la leña.

Lejos de los ánimos festivos que provocó la clasificación de Chile a la final de la Copa América, esta semana se generaron dos hechos que se contraponen a la alegría futbolera: el mes que acaba de terminar fue el junio más seco de los últimos 150 años. Y como nunca, desde que se comenzaron a medir los índices de contaminación por material particulado fino 2,5, Santiago completó una semana de preemergencias decretadas.

Con ello, no solo se registraron más de 30 días con una polución riesgosa para la salud de los santiaguinos, sino que también comenzaron a surgir cuestionamientos a las medidas destinadas a mejorar las condiciones del aire, especialmente la restricción vehicular a autos con sello verde.

La iniciativa, que surgió para reducir la circulación de autos sin convertidor catalítico, hoy es según varios expertos una disposición que no se justifica, pues más del 95% de los vehículos que existen en la capital cuenta con sello verde.

De hecho, varios son críticos a la eventual instauración de una “restricción permanente”, tal como la que propone el intendente, Claudio Orrego.

“Es una medida que disminuye muy marginalmente las emisiones directas (…) mucho más efectivo sería solucionar de raíz el tema de la leña”, explica Patricio Pérez, coordinador del Centro Meteorológico y Ambiental de la U. de Santiago.

En tanto, Gloria Hutt, ex subsecretaria de Transportes, cree que la restricción a esos vehículos tiene un impacto pequeño.

“Es una medida excepcional que solo se debe activar cuando los niveles de contaminación son peligrosos, no para disminuir la congestión. Eso se maneja de otra manera”, advierte.

Por su parte, Raimundo Cruzat, académico de la UC y máster en planificación urbana, también es crítico ante la propuesta de una restricción constante.

“La gente paga un permiso de circulación que en ninguna parte dice que le van a restringir el uso de su auto. Esto es como prohibirles a las personas que fumen. Eso desde el punto de vista de la salud es deseable, pero eso no ayudará a descontaminar”, afirma el académico.

Su visión la comparte Claudio Argote, de la agrupación Automovilistas Unidos de Chile.

“Muchos compraron un catalítico para poder circular, pero ahora se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano”, sentencia.

Cristóbal Galbán, investigador de la U. Andrés Bello, cree que un foco importante para disminuir la contaminación debiera instalarse sobre los camiones. “Por lo general, son antiguos y, por ende, contaminan más”, dice.

Pese a las críticas, el intendente metropolitano, Claudio Orrego, precisa que su idea es restringir los catalíticos entre abril y agosto, cuando se viven episodios críticos. Ello, dice, permitiría descontaminar, descongestionar y mejorar el transporte público.

Concuerda el seremi metropolitano de Transportes, Matías Salazar, quien sostiene que si se considera que hay 1,7 millones de catalíticos en Santiago, “la restricción sí tiene una incidencia en un tercio (del total de contaminantes) del material particulado fino (PM 2,5)”.

Sí advierte que hay que tomar medidas acotadas en el tiempo para no incentivar la compra de un segundo automóvil.

Hasta ahora, se han registrado once preemergencias ambientales en la capital.

Una de las últimas se decretó el lunes recién pasado, a pesar de que unos 300 mil autos habían abandonado la capital por el fin de semana largo.

Preemergencia
La Intendencia Metropolitana decretó anoche la duodécima preemergencia ambiental en el Gran Santiago. Entre las 07:30 horas y las 21 horas no podrán circular los autos con sello verde, con patentes finalizadas en los dígitos 7 y 8. Se ordena la paralización de fuentes fijas industriales. 15 años de la medidaEn enero de 2000, una auditoría realizada por un equipo internacional encargado por la Conama para el Plan de Descontaminación de Santiago sugirió, entre otras medidas, la restricción a catalíticos, en razón de que la mayor cantidad de material particulado grueso (PM10) se originaba en el polvo en suspensión.

Ello significaba el fin de la promesa con que habían ingresado los catalíticos y que se había oficializado en un Decreto Supremo de 1991: estarían libres de restricción vehicular. En septiembre de 1992, el entonces ministro de Transportes, Germán Correa, aseguraba: “El que adquiere un vehículo catalítico no está pagando solo por una pieza adicional: está pagando por disponer de la tecnología más moderna del mundo. Los vehículos catalíticos son mejores, no contaminan, marchan mejor, ahorran combustible. En un modelo, las bujías duran, por ejemplo, 50 mil kilómetros, son más confiables”.

El diputado Patricio Vallespín (DC), ex director de Conama en 2000, cuando se aprobó la restricción de catalíticos planteó que la circulación de menos vehículos evitaría que se sumara el polvo en suspensión.

En mayo de 2001, 20 senadores recurrieron al Tribunal Constitucional contra la medida, por estimar que violaba el derecho de propiedad y la libertad ambulatoria. En junio de 2001, el TC desechó el recurso aduciendo que se protegía el valor de la vida.

Municipios piden más fiscalizaciónAl menos ocho municipios de la Región Metropolitana han dictado ordenanzas de calidad del aire. Sin embargo, más allá de estas medidas, varios ediles cuestionan la falta de fiscalizadores para inspeccionar el uso de 120 mil calefactores y estufas a leña.

Mario Olavarría, alcalde de Colina, dice que su ordenanza “fija unas pautas, pero otra cosa es que aquí la autoridad central haga el trabajo. Nosotros estamos tratando, porque ya nos faltan fiscalizadores para el tránsito y las ferias y tenemos que cumplir, pero hay que ver cómo”.

En la misma línea el edil de Lo Barnechea, Felipe Guevara, dice que su ordenanza tiene un alcance relativo, porque “los inspectores municipales no pueden ingresar a los espacios privados”. Según cifras de la Seremi de Salud, a la fecha se han realizado más de 111 mil patrullajes por domicilios particulares y se han cursado 42 sumarios por encender chimeneas en jornadas en las que está prohibido.