Las concesiones que se arrastran desde la década de los ’90
Por Marjory Miranda, La Tercera.
Embalse Punilla, ruta a la nieve o de la fruta, son algunos ejemplos.
En los inicios de la década de 1990, cuando Chile regresaba a la democracia, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ideaban los proyectos que el país necesitaría para abandonar el subdesarrollo. En ese contexto nació el mecanismo de concesiones, que permite a privados edificar infraestructura pública, siendo el pago de los usuarios la manera de recaudar el retorno de la inversión. Considerando que la Dirección de Vialidad del MOP destinaba el 60% de su presupuesto sólo a la mantención de la Ruta 5, el formato fue un éxito para construir nuevas autopistas y carreteras.
El mecanismo estaba acompañado de una agenda con varios proyectos a licitar, y otras ideas que se fueron sumando en el camino. Muchas de estas llegaron incluso a ser presentadas como anuncios por los gobiernos de turno, pero no han visto, de momento, la luz.
Algunos ejemplos son el embalse Punilla, que se ubicará en la Región del Biobío, y cuya tramitación ha demorado más de 14 años. El MOP presentó el proyecto en 2014 y fechó la recepción de ofertas para el mes de septiembre. La Ruta G21, que se pensó como una autopista a los centros de esquí cercanos a la capital, también nació como un anhelo en los noventas: recién fue licitada en noviembre del año pasado, pero el concurso quedó desierto y volverá a presentarse en diciembre próximo. La Ruta de la Fruta, que une al puerto de San Antonio con las regiones Metropolitana y de O’Higgins, es otro caso, que si bien logró licitarse, quedó abandonada luego que se solicitaran mitigaciones medioambientales. Este proyecto podría volver a licitarse en enero de 2016.
Bajón de cuatro años
El gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Piaggio, dijo que hay varias razones que explican por qué algunas iniciativas se mantienen en la agenda.
“Un proyecto demora en gestarse por lo menos siete años, desde que se piensa la idea hasta que se hacen los estudios, y como los períodos administrativos son cortos, no hablo de tiempos de gobierno, sino de ministros, porque en cinco años entre ministros de OO.PP. y coordinador de concesiones,hemos tenido más de uno por año, claramente que eso atenta en una cartera de más largo plazo”.
En esa misma línea, Juan Eduardo Saldivia, presidente de Copsa, aseguró que la política de concesiones está interferida por el ciclo político. “Los gobiernos de cuatro años se traducen en que el primer año, de cualquier signo, la adjudicación y materialización cae mucho. Después se dan cuenta de la importancia y comienzan a producir: los últimos años de cada gobierno son los mejores”.
Piaggio añadió que otro punto es el empoderamiento del ciudadano: “Hoy nadie permitiría hacer una autopista como Vespucio Sur que tiene un impacto en la ciudad, la gente pediría hacerla soterrada completamente, como lo están haciendo con Vespucio Oriente en los últimos tres kilómetros”.
El gremio también apunta al “bajón” de licitaciones que se vivió entre 2006 y 2009. “La licitación de proyectos requiere un trabajo arduo, porque es todo un proceso de estudios de ingeniería, preparar las bases; ahí participan muchas instancias como Hacienda y Contraloría, y cuando se para una máquina así, cuesta mucho volver a retomarla”.
El coordinador de concesiones del MOP, Eduardo Abedrapo, aseguró que la meta del gobierno es retomar el ritmo de inversión que había en los primeros años del sistema, con proyectos licitados por $ 2 mil millones anuales, pero que la elección para licitar una obra depende “de una mezcla de evaluación social de proyectos y rentabilidad social, es decir, deben generar beneficios para el conjunto de la sociedad; que exista disponibilidad e interés del mercado e inversionistas para llevar a delante los proyectos; y, en tercer lugar, cómo presionan esos proyectos respecto del presupuesto público”, explicó Abedrapo.
Esto último se refiere a que, si bien las obras concesionadas las pagan los privados y luego el usuario reembolsa a la empresa (el que usa paga), hay algunas iniciativas que necesitan de subsidio estatal, y esto requiere de parte del presupuesto de la cartera.
