Iluminar la ciudad: El dilema de ahorrar energía o reducir costos

Por Guillermo Tella, Doctor en Urbanismo, y Alejandra Potocko, Licenciada en Urbanismo.

El alumbrado público permite el desarrollo de la vida urbana. Ofrece iluminación y, también, seguridad a la población. Ante la crisis energética mundial y los requerimientos lumínicos actuales, se torna indispensable reflexionar sobre el modo en que se gestiona la prestación de este servicio.

La iluminación en el espacio público permite identificar a objetos y personas así como prevenir la criminalidad y el vandalismo. Además, juega un rol importante en la valorización del patrimonio arquitectónico, urbanístico y cultural.

La prestación de este servicio constituye una de las tareas fundamentales de los gobiernos locales. Sin embargo, su instalación, su operación, su actualización y sus costos suelen definir un problema técnico y económico concreto para las diferentes administraciones.

Ello se debe, por una parte, a que los acotados presupuestos municipales no permiten realizar inversiones sobre la base de una planificación estratégica y de largo plazo de los servicios urbanos, sino que responden a atención inmediata en las condiciones que se pueda, sobre todo en relación al servicio de alumbrado público, tan necesario cotidianamente para el desarrollo de la vida en la ciudad.

El interrogante que se abre es, entonces, cómo enfrentar las demandas a bajos costos y con respuestas de alta calidad y buen diseño. Teniendo en cuenta estos parámetros, determinantes elecciones al momento de la inversión inicial, y un diseño eficiente, determinarán un alumbrado eficiente

Exceso energético vs. demanda ciudadana

En la gestión diaria se ponen de manifiesto una serie de excesos de potencia instalada por cuadra, tanto por obstrucciones por árboles no podados como por mal direccionamiento de luminarias, etc., que reducen la eficiencia del sistema y, por lo tanto, generan mayores costos para las economías municipales.

No obstante, las municipalidades y cooperativas en diversas ciudades llevaron sus instalaciones a niveles de luminancia aún mayores (aproximadamente 50% más elevados), con el fin de mejorar la seguridad en las calles. Ello no sólo significa un mayor consumo de energía sino también una mayor contaminación lumínica representada por una aureola brillante sobre la ciudad.

Ahora, la contradicción se manifiesta a partir de que la demanda ciudadana va en aumento en relación al nivel de iluminación de calles y espacios públicos. Mientras el mundo técnico recomienda parámetros determinados de iluminación, las áreas económicas se encuentran con que los recursos no alcanzan y por último los ciudadanos bajo la “sensación” de inseguridad demandan al gobierno local parámetros por fuera de toda norma. La resolución de esta contradicción es de índole política y no técnica.

Para pagarle a la empresa proveedora del servicio de energía, el municipio se encuentra con diferentes caminos posibles, los más utilizados son: por un lado, mediante un censo anual de potencia instalada, a través del cual se estima el consumo y además se realiza una estimación porcentual de las lámparas que por fallas estarán encendidas todo el día (sobrentendido) lo que este tipo de censo no contabiliza son aquellos puntos de luz que por fallas estarán apagados durante la noche. El municipio paga por el sobre-encendido, pero no se le descuenta el “sobre-apagado”; por otro lado, la medición se hace efectiva por tableros con contadores, esto permite una valoración mucho más ajustada a la realidad.

Asimismo, para el cobro por parte del municipio a los ciudadanos existen varias alternativas: por tasa por metro lineal de frente de parcela, por valuación fiscal de la propiedad, por porcentaje del consumo domiciliario, combinaciones mixtas, entre otras.

En cuanto a su gestión como servicio urbano, el alumbrado público suele cobrarse a los ciudadanos con su correspondiente factura eléctrica -un porcentaje del consumo domiciliario- y, al no contar en general con cómputos reales de la potencia consumida, las tasas no se basan en los costos reales de mantenimiento y de explotación ni en la situación particular de cada calle.

Es evidente, entonces, que existe la necesidad de analizar los elementos que conducen a la optimización de los recursos en la provisión de este servicio, así como los mecanismos de gestión, uso y consumo eficaces a implementar. Las herramientas existen y existen también administraciones que las han implementado, constituyéndose en antecedentes de buenas prácticas en materia de eficiencia en los sistemas de alumbrado público.

Las experiencias de ahorro energético

Diversas iniciativas han sido encaradas con el objetivo de promover y alentar la eficiencia energética y la reducción de costos en alumbrado público. En referencia a la eficiencia, primeramente cabe aclarar que se trata de su aprovechamiento máximo del recurso energético, reduciendo al mínimo las perdidas, distribuyendo mejor las luminarias, según el entorno que deben iluminar, los materiales reflectivos, etc.

La eficiencia de una instalación de este tipo radica en la combinación de geometría, de lámparas, de luminarias y de gestión de su mantenimiento. No se debe confundir eficiencia con ahorro, ya que el “ahorro” en sí mismo tiene como objetivo reducir costos, sin necesariamente considerar la necesidad de prestar un servicio. Por ejemplo, se podría ahorrar recortando la cantidad de luminarias encendidas o adquiriendo luminarias de precios más económicos, sin considerar cual es el material más adecuado.

La eficiencia en la instalación de alumbrado público se logra a partir de la conjunción de tres tipos de eficiencias. En primer lugar, la eficiencia energética, tanto de las lámparas como de los sistemas de alimentación y distribución. Ello permitirá reducir los costos en energía, contribuir a reducir la contaminación lumínica y -en el largo plazo- a reducir el impacto de generación de energía de distintos tipos sobre el medio ambiente.

En segundo, la eficiencia visual, para ajustar la iluminación a cada área que se desea iluminar y para reducir la contaminación lumínica. Esto se logra a partir de un proyecto lumínico racional, de un riguroso estudio de cada zona, de sus las alturas, de las distancias entre luminarias, de la disposición geométrica más conveniente así como de la adecuada combinación de materiales, luminarias y lámparas.

Finalmente, la eficiencia económica, se materializa en un alto rendimiento a bajo costo operativo, empleando artefactos modernos de fácil mantenimiento, con equipos auxiliares confiables y bajos costos operativos.

A estos tres tipos debe atravesárseles el grado de satisfacción del usuario, que constituye el parámetro a partir del cual determinar los estándares de eficiencia que se deben conseguir. En tanto al servicio público, la iluminación de la ciudad debe responder a los usos que se le dan a cada espacio y a los requerimientos de sus ciudadanos. Ello implica no sólo un trabajo técnico sino también un fuerte compromiso desde la gestión.

Sustentabilidad y calidad de gestión

A partir de la propia iniciativa de los municipios o con propuestas traídas por organizaciones y equipos técnicos, se pueden mejorar las condiciones organizativas capaces de darle al servicio sustentabilidad en el tiempo y calidad en la gestión. En tal sentido, existen dos instrumentos a considerar: el plan director y la programación.

Un plan director permite destacar un conjunto de recomendaciones generales, permanentes e indicativas, para orientar la programación anual del servicio de alumbrado público, en el marco de la sustentabilidad. Define las características del servicio a partir de cada tipo de necesidad y sus soluciones técnicas específicas.

Al mismo tiempo, pone un fuerte énfasis en las características de su mantenimiento, de modo de optimizar las variables que definen la vida útil del sistema. Considera, además, las inquietudes vecinales, los reclamos o propuestas y, finalmente, prevé el crecimiento de la ciudad, la creación de nuevos barrios, la consolidación o cambios de usos en áreas ocupadas, etc.

En la órbita de la previsión económica, define los lineamientos y el marco regulatorio de cobro por tasas municipales y el canon percibido por la distribuidora eléctrica. Posee además un programa las obras y reconversiones a largo plazo, definiendo los mecanismos financieros a aplicar para tal fin.

En su conjunto, debe ser lo suficientemente consistente como para mantenerse vigente a pesar de los vaivenes políticos. Respecto de la programación para llevar a la práctica el plan director, se deben programar y diseñar acciones concretas, capaces de satisfacer las necesidades a corto plazo sin perder la visión estratégica.

De modo que, a pesar de contar con programas provinciales y nacionales de apoyo a las administraciones locales en estas temáticas, existe déficit de información y de capacidad técnica para viabilizar su implementación. Sin embargo, con una gestión eficiente podrá resolverse el dilema establecido entre ahorrar energía o reducir costos para satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer los recursos de la población futura.