Inician plan para regularizar las tomas costeras en Atacama
Por Alejandro Núñez, El Mercurio.
Ministerio de Bienes Nacionales:
Unas 500 familias de la zona de Flamenco, en Chañaral, podrían arrendar hasta por cinco años los terrenos que ocupan de manera ilegal en el borde costero.
De lejos asemejan un campamento. Son viviendas ligeras asentadas en los suelos arenosos del borde costero de la Región de Atacama que fueron proliferando desde la década de los 80 sin autorización ni atajo de autoridad alguna.
Datos preliminares del Gobierno indican que son aproximadamente cinco mil las viviendas establecidas en forma ilegal, concentradas principalmente en Caldera y en terrenos fiscales, a lo largo de 528 kilómetros de costa. Los datos exactos se sabrán cuando termine un catastro actualmente en desarrollo.
Un programa del Ministerio de Bienes Nacionales intenta regularizar la situación y proteger las zonas de alto valor patrimonial, hoy enfrentadas al riesgo de ser ocupadas. Con este fin, se ideó un sistema de arriendo por macrolote acorde con la normativa legal vigente.
El alcalde de Chañaral, Héctor Volta, tras un encuentro entre las partes, celebra el hecho como histórico, ya que “llevo 14 años como alcalde, y nunca había visto una reunión de trabajo tan provechosa como esta, en que se expusieron todos los puntos de vista de los vecinos”.
El plan considera que en los sectores donde no sea posible concretar los arrendamientos, se solicitará el inmediato desalojo.
La seremi de Bienes Nacionales, Marcela Cepeda, clarifica que “no se aceptarán nuevas ocupaciones ilegales”.
De hecho, este año se detectaron nuevas ocupaciones de terrenos fiscales, en el sector de Bahía Inglesa, pero se solicitó a la Gobernación de Copiapó el desalojo y restitución del inmueble.
La alcaldesa de Caldera, Patricia González (RN), critica esta normalización. Ella esperaba que la solución fuese la compra definitiva de los terrenos.
Señala que para el municipio “ha sido muy complicado porque tenemos muchos problemas de seguridad, basura, hemos tenidos que reforzar el SAPU porque en el verano llega mucha gente y nos generan costos que son altísimos”.
La presidenta de la agrupación Voces del Borde Costero de Atacama, Daisy Cortés, asegura que hay desconocimiento sobre el futuro de los terrenos.
La dirigente, que representa a ocho comunidades (3.500 personas), comenta que “lo más lógico para nosotros sería una venta, “pero nos han dicho que no podemos comprar porque los sectores no están urbanizados”.
Cabe destacar que la normativa dice que el ocupante ilegal debe pagar una indemnización por concepto del uso irregular del terreno fiscal. Sobre esto, Cortés sentenció que “nunca se nos ha informado eso y sería bastante lamentable, porque hay comunidades que se formaron hace 10 años y otras hace 25 años”.
Según el plan ofrecido, el arriendo será con personas jurídicas que representen a los macrolotes. La duración dependerá de si las ocupaciones están en sectores urbanos o rurales.
La normativa indica que en sector urbano el arriendo de un terreno fiscal puede ser de cinco años, y en rural, de 10 años. Por ejemplo, el sector de Flamenco es parte del seccional del Plan Regulador de Chañaral, por tanto el arriendo allí será por cinco años y es renovable por igual lapso.
PAGO
El valor del arriendo sería según la tasación del terreno, lo que deberá hacer la autoridad caso a caso.
